La senadora Claudia Pascual colocó un alerta respecto a los pasos que están dando Republicanos y Chile Vamos en el Consejo Constitucional y advirtió que en ellos está “la carga de aprobación” de un nuevo texto constitucional. Habló del riesgo de que esos sectores generen “un borrador que sea más conservador y más neoliberal que la actual Constitución del 80”. En relación a presiones desde la oposición para que renuncie el ministro Jackson, sostuvo que “me parece grave tener como excusa a un ministro para no sentarse a conversar, para no dialogar, para no generar votaciones en materias de legislaciones que la gente espera”. Sobre el llamado “caso convenios”, la congresista del Partido Comunista apuntó que “uno espera que esta situación y este debate no sólo termine con las investigaciones y las sanciones efectivas, sino también que podamos retornar a un debate de cómo fortalecer al Estado”. Definió que un sello de la conmemoración de los 50 años de la asonada militar de 1973 sería lograr “un consenso en cuanto a que nada, por más problemático, más complejo, más desafectado, por más crisis de democracia que haya, se pueda resolver fuera de los cauces de la democracia y, por lo tanto, nada justifica un golpe de Estado”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 4/8/2023. El Gobierno continúa impulsando reformas e iniciativas en temas bien sensibles. Se presentó esta semana la propuesta de pacto fiscal, sigue en curso todo lo relacionado con la reforma de pensiones, se busca avanzar en soluciones en tema sociales. Y la oposición sigue saliendo al paso de todo eso, llegando incluso a hablar de inconstitucionalidades en proyectos. ¿Se están enfrentando en el oficialismo a una política obstruccionista de la oposición, de no dejar avanzar?
Lo que hizo la derecha cuando se trató de aprobar la reforma tributaria, e inclusive la idea de legislar, negándose a ello, y el alargamiento en la reforma de pensiones, lo que indica es que les interesa más defender la industria de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) que aumentar las pensiones de chilenas y chilenos, y defender a sectores millonarios para no aumentar los impuestos, antes que mejorar la recaudación del Estado para políticas públicas. Eso es lo concreto. Pareciera que uno de los nudos importantes de la derecha es tener mayor flexibilidad en evasión y elusión que es, precisamente, una manera de, sin subirle impuestos a nadie, se puede recuperar más dinero y, por lo tanto, terminar con la lógica de que cuando tengo los recursos para pagar, recurro a triquiñuelas. Van por ahí las ideas de la oposición, sumado a que hacen todo por no afectar a las AFP y frenar el aumento en las pensiones. Considerando que si ¿alguien cree que la gente no quiere que aumenten las pensiones, que la gente no quiere que exista un referente distinto a las AFP? Si alguien quiere defender el negocio de los privados, perfecto, pero la libertad es completa, y muchas chilenos y muchos chilenos planteamos dónde está el referente público y estatal para los que no queremos que nuestros recursos los manejen esos privados.
En ese marco, se armó un gran debate por el proyecto de delitos económicos.
Así es. Lo que pasa es que cuando intentamos no solo recaudar de mejor manera para el Estado, cuando se busca que esos recursos se gasten bien, cuando se busca apoyar todas las medidas anticorrupción, es muy necesario atacar los delitos económicos, incluso los delitos medioambientales. La legislación que salió tiene que ver con ambos temas. Y mire, hay un sector de nuestra sociedad que levanta la voz para aumentar penas en delitos que se sitúan en toda la población, en diferentes segmentos, pero cuando son delitos cometidos por empresas, por quienes se coluden, por quienes cambian de forma unilateral los contratos, o intervienen como empresa intervienen en la política con donación de recursos, o cuando se cometen irregularidades, entonces a ese sector no les parece bien tomar medidas. Tenemos que avanzar en establecer bien los delitos económicos y, al mismo tiempo, avanzar en establecer una sociedad más solidaria, más justa, lo que implica, en todos los ámbitos, muy severos en combatir y sancionar la corrupción.
Al hablar de reformas de fondo o estas legislaciones para atacar delitos económicos cometidos por grandes consorcios, y la negativa de la oposición y sectores empresariales, se repite que la se amalgaman la derecha política y la derecha económica.
Efectivamente, la derecha representada en el Congreso defiende los intereses de las grandes empresas, de la industria de las AFP, de los consorcios, defienden a los sectores alto capital, de alto poder financiero.
La primera pregunta ante el “caso convenios”
Es una noticia en desarrollo. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo con el caso de convenios con fundaciones y todas las aristas que van saliendo?
Tenemos que hacernos una pregunta anterior. Tiene que ver con qué ha pasado con el Estado de Chile que en materia de facultades para llegar a trabajar con las personas que más lo necesitan, como por ejemplo la situación de los campamentos, se tenga que recurrir y se haya establecido una glosa para transferir a fundaciones, desde el Estado central y descentralizado. Cuando abres la puerta porque el Estado no está cumpliendo sus obligaciones, esperas que al menos se gasten muy bien los recursos, pero es cierto que también se abre la puerta para gente que no tiene un principio de probidad como corresponde. Uno espera que esta situación y este debate no sólo termine con las investigaciones y las sanciones efectivas, sino que también podamos retornar a un debate de cómo fortalecer al Estado en estas materias y como el Estado puede ser constructor, sin impedir la participación del mercado privado.
A partir de estos casos de convenios irregulares y cuestionados, hubo presiones hacia el gabinete y persisten particularmente hacia el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, exigiendo su renuncia, e incluso planteando que si él no se va, hay partidos de derecha que no conversarían con el Gobierno materias muy importantes.
Partamos con una acusación que se hizo por parte de parlamentarios que fue bastante grave porque se indican delitos de un ministro, sin investigación, sin antecedentes. Me parece más grave, tener como excusa a un ministro para no sentarse a conversar, para no dialogar, para no generar votaciones en materias de legislaciones que la gente espera, como el aumento de las pensiones. Desde esa perspectiva, chantajear todo el tiempo, lo que hace es postergar necesidades de la gente tiene y quiere resolver.
Consenso y compromiso con el Nunca Más
En la última semana se levantaron polémicas en relación a la revuelta social de 2019, de que la izquierda no condenó la violencia, que no separó la delincuencia de la protesta social.
Instalar un debate así, que no da cuenta de lo que ocurrió en materia de demandas sociales, del hastío y desafección con la política, y que no da cuenta de una profunda, sostenida y sistemática violación a los derechos humanos, es tratar de tapar el debate de fondo que nos tiene preocupadas y preocupados, porque tiene que ver con que en este país no se ha hecho un aprendizaje como sociedad y política pública de nunca más violar los derechos humanos. El 2019, la inmensa mayoría de movilizó de forma pacífica, y anteponiendo las demandas sociales y las exigencias sociales. Las situaciones donde hubo destrucción de comercios, de delincuencia, nunca nos parecieron correctas, y siempre hacemos esa distinción. Por lo tanto, tratar de deslegitimar las demandas sociales por la vía de instalar debates que no dan cuenta de la realidad, no nos parece. Perdón, pero este Gobierno llegó teniendo una mesa y reunión de trabajo con los locatarios, por ejemplo, del sector de Plaza Dignidad o Plaza Baquedano, y se asumió lo que había ocurrido. Me parece más bien que hay sectores, supongo que están vinculados a la derecha, que buscan siempre condenar la demanda social con la justificación de hechos de vandalismo, de violencia, y que justifica la represión. Al punto que, por ejemplo, nosotros en el debate legislativo advertimos lo que iba a ocurrir con la Ley Naín-Retamal, y hoy están saliendo en libertad carabineros que debieran ser juzgados y sancionados por cárcel por violaciones a los derechos humanos.
¿En lo sustancial, cuál debería ser el sello de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado?
En primer lugar, un sello que lograra un consenso lo más amplio posible en cuanto a que nada, por más problemático, más complejo, más desafectado, por más crisis de democracia que haya, se pueda resolver fuera de los cauces de la democracia y, por lo tanto, nada justifica un golpe de Estado. Que en ese marco, nuestro país pueda mirar al futuro porque todas y todos nos comprometemos con el Nunca Más. Nunca más violaciones a los derechos humanos, nunca más terrorismo de Estado, nunca más golpe de Estado y, por lo tanto, no sólo no quebrar la democracia, sino que nunca más represión a la población. Son elementos fundamentales. Las opiniones respecto a procesos históricos que se dieron son debatibles, pero lo que no es debatible es que hubo un quiebre democrático, no por fatiga de materiales, sino por acción de terceros, y que por ese acto se implantó en Chile 17 largos años de dictadura civil-militar. Desde esa perspectiva, no tengo ninguna mirada que implique desde la gestión del Gobierno de Salvador Allende justificar el golpe de Estado. Creo que la reflexión a lo largo de estos 50 años, de los propios actores que en carne y hueso vivieron la Unidad Popular, como el debate de las fuerzas políticas donde reivindican lo que está vigente e hicieron visiones críticas de lo que pudo no haber funcionado, puede permitir a los sectores que defienden el golpe de Estado, justificarlo. Ese debería ser el consenso de esta sociedad.
Peligros en contenidos y enmiendas en nuevo texto constitucional
¿Está preocupada por el desarrollo de los trabajos en el Consejo Constitucional?
Absolutamente. Porque me parece que la idea de tener y haber hecho una larga discusión de meses para llegar a un acuerdo de sostener un segundo proceso constitucional, era con un aprendizaje de llegar a una Constitución de contenidos habilitantes, y no una Constitución de programas de Gobierno. Con contenidos más genéricos que permiten que las ideas políticas de un sector puedan jugar en el juego democrático, y que se constitucionalicen grandes principios, como el valor de la democracia o el respeto a los derechos humanos. Pero cuando se genera este espacio del Consejo Constitucional, donde quienes tienen la mayoría son los que no quieren y no querían un segundo proceso constitucional, una nueva Constitución, aspiran a reescribir totalmente el Anteproyecto ya generado -que podían faltarle cosas o se pudieran cuestionar otras-, pero es bastante mejor de lo que podría salir de las enmiendas presentadas por la derecha y la extrema derecha. Es muy peligroso lo que están haciendo hoy la derecha y la extrema derecha en el Consejo y en eso quiero ser muy clara, la carga de la aprobación está puesta en los Republicanos y en Chile Vamos. Si ellos lo que pretenden es generar una propuesta, un borrador de Constitución, que sea más conservador y más neoliberal que la actual Constitución del 80, demostraría que no sólo no quieren responder a las demandas que la gente ha estado sosteniendo de manera sistemática en los últimos 33 años, sino también querrían consagrar sus visiones constitucionales y no permitir que la diversidad político, social, económica y cultural del país se pueda expresar y pueda seguir jugando el juego de la democracia.
En los meses de este año, y quizá antes, se ha querido colocar al Partido Comunista en un sitio de posiciones extremas, de ultraizquierda, que presiona al Gobierno, que impone ideas, que tensiona la situación, que activa la calle, ¿cuál es su mirada respecto a esas críticas y esos debates?
¿Quién hace esas críticas?
La derecha, la oposición, incluso otros segmentos de la política.
Bueno, ahí hay un punto de partida. Supongo que la derecha nunca valorará lo que hagamos o argumentemos, es una realidad el anticomunismo. Quiero expresarle que lo que estamos haciendo no es algo incorrecto. Uno como partido político, cuando tiene una responsabilidad con distintas organizaciones sociales, cuando tiene representaciones, y cuando tiene una responsabilidad legislativa, y cuando tiene una responsabilidad en materia gubernamental, tiene que tratar de hacer bien las cosas y argumentar bien lo que está haciendo. Tiene que tratar de que al Gobierno le vaya bien, tiene que generar mejoras en las legislaciones, tiene que representar lo que la ciudadanía, el pueblo, sus organizaciones están esperando. Hay momentos en que no se puede avanzar todo lo que uno quiera, pero eso no impide que uno exprese lo que está buscando representar y lo que mandata el pueblo, las organizaciones, la gente. Cuando la gente critica que el Estado no llega bien con políticas públicas, cuando durante 33 años se nos ha instalado lo de la focalización, buscar al más vulnerable entre los vulnerables para entregarle política pública, y cuando salen a la capa media y no les llega nada, nosotros lo que hacemos es decir que hay derechos sociales que deben ser más universales. No podemos transformarnos en el país de la focalización y de los programas pilotos y lo que necesitamos es pasar a coberturas mayores y responder a necesidades de la gente que van cambiando. Las políticas públicas se tienen que estar revisando constantemente para ir respondiendo a nuevas necesidades. No veo, entonces, qué tiene de malo salir a decir este tipo de cosas, no veo qué tiene de malo defender estas ideas. Si esa defensa de ideas se hace en el marco del respeto, sin descalificaciones, cuál es el problema. No puede ser que no podamos siquiera defender nuestras ideas, o no podamos generar un marco de conversación que nos permita avanzar con esas ideas.