En los casos de los jefes de la PDI y de Carabineros se comprueban nexos de diverso tipo con privados, con políticos, con abogados, con el objetivo de esconder o alterar investigaciones judiciales, ayudarse ante indagaciones de Fiscalías y generar situaciones particulares y políticas para mostrar apoyo. Algo completamente irregular y anti ético tratándose de los máximos jefes policiales.
“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 16/3/2024. No es grave, es gravísimo lo ocurrido con el jefe de la PDI, Sergio Muñoz. Que se suma a una complicada situación que vive el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Muñoz le filtró información secreta al investigado abogado Luis Hermosilla, para ayudar al que era jefe de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, indagado por delito de fraude y uso ilegal de dineros públicos. Hermosilla era el abogado de Espinoza. En concreto, la máxima autoridad de la policía civil le daba informes a un abogado para ayudar a otro alto oficial, intentando evadir o entorpecer la labor de la justicia. Un actuar tramposo, falto de ética, propio de delincuentes inescrupulosos.
En tanto, en mayo será formalizado el jefe de la policía uniformada por su responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio de ciudadanas y ciudadanos durante la revuelta social de 2019. Es decir, por no cumplir su deber institucional frente a situaciones de violaciones a los derechos humanos. Se agrega que Ricardo Yáñez tuvo una actitud prepotente y evasiva ante la Fiscal que lleva el caso, se negó a declarar y colaborar, junto con promover y aceptar una situación anómala como fue recibir en su oficina institucional a dirigentes políticos para que le dieran respaldo.
En los casos de los jefes de la PDI y de Carabineros se comprueban nexos de diverso tipo con privados, con políticos, con abogados, con el objetivo de esconder o alterar investigaciones judiciales, ayudarse ante indagaciones de Fiscalías y generar situaciones particulares y políticas para mostrar apoyo. Algo completamente irregular y anti ético tratándose de los máximos jefes policiales.
Todo esto se agrava más cuando un grupo de exgenerales directores de Carabineros, los dos últimos directores generales de la Policía de Investigaciones y casi la totalidad de los comandantes en Jefe del Ejército, fueron procesados y formalizados por delitos de fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y casos de violaciones a los derechos humanos. Todo se agrava cuando se recuerdan los casos de montaje de Carabineros para esconder actos criminales de algunos de sus funcionarios. Es así de simple y de grave.
¿Puede la ciudadanía confiar realmente en los mandos policiales y militares con esos antecedentes a la mano? ¿Se puede mantener la versión de que las instituciones policiales y militares de Chile no son corruptas y serían un ejemplo de probidad en la región y el mundo? ¿Hasta dónde llegan los relacionamientos indebidos entre altos mandos y abogados, políticos, legisladores, empresarios y otros grupos de intereses?
Esgrimir la defensa de las instituciones para relativizar o esconder todo esto no parece lo apropiado. Salir con declaraciones formales y de aparente ponderación para bajar el perfil a hechos tan graves no ayuda a las policías ni a sus integrantes honestos.
¿Podrá existir alguien que no crea que esto erosiona severamente la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en los mandos policiales y militares? ¿Se podrá seguir dilatando la reforma de las policías y los cambios de doctrina en el Ejército?
Como se ha señalado, esto es un tema de Estado, no de un Gobierno de turno. Es un tema de metodologías, prácticas y doctrinas que se han instalado en las jefaturas de Carabineros, la PDI y el Ejército, al menos en sus direcciones máximas. No hay que olvidar que tras los casos que lleva la justicia hay investigados y procesados decenas de oficiales y mucha gente del mundo civil.
Todo se agrava cuando se pide más dinero y más recursos para las policías. Cuando el país requiere de fortalezas para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. También enfrentar la corrupción y terminar con las violaciones a los derechos humanos.