El rector de la UAHC planteó que “los proyectos de limitar el derecho a huelga, los derechos sexuales y reproductivos, impedir el reconocimiento de los pueblos indígenas, reducir la representatividad del Congreso Nacional, son líneas rojas que harían muy difícil concurrir a aprobar esa proposición de Constitución”. Sobre las polémicas en torno a los 50 años del golpe militar apuntó que “la idea de la reconciliación ha ocultado la valoración y el juicio que se debe hacer de las posiciones antidemocráticas antes del golpe”. En relación al “caso convenios” entre el Estado y estamentos de la sociedad civil, el académico sostuvo que “se debe establecer un acuerdo de partidos por la probidad, que sea mucho más ambicioso que una carta de autorregulación”, entre otras medidas técnicas y profesionales.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 14/7/2023. Tiene un tono muy polémico el debate por los 50 años de la asonada golpista contra el Gobierno de Salvador Allende. ¿Es posible, en ese marco, un consenso, una reconciliación ante lo ocurrido en 1973?
La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado debería conducir a un consenso nacional respecto al “Nunca+”. Nunca más un golpe de Estado, nunca más violación masiva a los derechos humanos, nunca más un proceso de bloqueo político orientado impedir la libre determinación de la soberanía popular. Más allá de eso es legítimo tener diferencias de interpretación histórica, de valoración de las decisiones tomadas durante el Gobierno de la Unidad Popular, de las orientaciones que tomaron los distintos partidos en el marco de las legítimas diferencias democráticas que pujaban por orientar el curso de los sucesos y acontecimientos que se vivieron entre 1970 y 1973. Ello no puede interpretarse como que todas las posiciones políticas son idénticas y tienen igual valor moral. La idea de la reconciliación ha ocultado la valoración y el juicio que se debe hacer de las posiciones antidemocráticas antes del golpe y de quienes participaron activamente, o por complicidad pasiva, en la violación de los derechos humanos de 1973 en adelante.
¿En tu opinión, cuál será o debiera ser el sello de esta conmemoración?
La conmemoración de este año debería dejar en claro que hay un punto que sigue abierto en la discusión, que no hemos abordado nunca de forma integral. La transición se pactó sobre la base de absolver la responsabilidad de la Democracia Cristiana y otros actores del centro político, que confluyeron en la dinámica golpista. La correlación de fuerzas de los años 80 y la construcción del proyecto de la Concertación requirió un olvido premeditado de esa responsabilidad específica. Es relevante que ese aspecto se vuelva a revisitar porque entraña una parte importante de la verdad que no se ha establecido y que por los cuidados otorgados a los pactos políticos de la época no se quisieron evidenciar. El golpismo no sólo estuvo presente en las Fuerzas Armadas, el empresariado o en la derecha. Una parte importante, aunque no unánime, de la DC se involucró en ese proyecto. Afirmar esta verdad histórica no es una ofensa a nadie, simplemente es necesario para restablecer confianzas y clarificar responsabilidades.
¿Cómo ves el encarar el “caso convenios”, en medio de todas las informaciones que van apareciendo?
El “caso convenios” tiene varios aspectos a observar. En primer lugar, una dinámica que se inicia en el Gobierno de Sebastián Piñera cuando se define ampliar las posibilidades de asignación directa con montos que nunca se habían manejado en la administración pública. En segundo lugar, el uso discrecional de esos fondos como una práctica que debe ser detenida inmediatamente y evaluada de acuerdo al interés prioritario de preservar los fondos públicos. Tercero, se debe establecer un acuerdo de partidos por la probidad, que sea mucho más ambicioso que una carta de autorregulación, sino un mecanismo vinculante que prevenga este tipo de hechos, antes de que ocurran. Esto tiene mucho que ver con la evaluación ex ante de los proyectos y también de establecer límites en cuando la responsabilidad de los partidos en los casos en los cuales existe responsabilidad indirecta, ligada a entes o personas relacionadas pero que no participan directamente de la estructura directiva de un partido. Todos estos temas tienen una arista técnica y jurídica, se debe convocar especialistas del área de la auditoría y la gestión del riesgo institucional, de alto nivel. No se debería dejar esa materia al amateurismo. Pero el caso también tiene una arista política y, por lo tanto, la solución debería traducirse en fuertes compromisos y acciones inmediatas, decisiones de desvinculación de personas y sanciones institucionales, que devuelvan la confianza pública en los partidos y personas cuestionadas.
Hay áreas donde el Estado podría fácilmente ampliar su radio de acción directa y ser ejecutor de políticas públicas sin mediación. En esas áreas se debería insistir y avanzar rápidamente a un estatuto de un funcionariado altamente calificado que permita desarrollar proyectos creativos, proyectos innovadores, por medio del músculo propio que desarrollen los entes públicos. Eso hacen las empresas privadas y no sería extraño que el Estado también lo pueda hacer. Pero también es cierto que hay grados de especialización técnica y profesional que requieren en muchos casos una forma de convenio o de contrato específico con entidades altamente especializadas, a las cuales es necesario convocar debido a que son ámbitos profesionales que el Estado hoy no posee y que costaría mucho poder generar, mantener y retener por razones propias del mercado laboral actual. Pero todo lo que tienda a evitar una forma de descualificación del Estado se debería atender, reconstruyendo las capacidades operativas de los entes públicos, evitando una creación de un cuasi-mercado de las licitaciones, convenios o contratos con entidades privadas cuando el Estado está en condiciones ejecutar una política pública por sí mismo.
Es algo en desarrollo, pero ¿cómo ves el desempeño del Consejo Constitucional, rebasó las expectativas o realmente está en lo que se podía esperar?
El desarrollo del Consejo Constitucional es preocupante debido a que la agenda que está llevando adelante el Partido Republicano se orienta a hacer imposible la aprobación de una posible propuesta constitucional que sea capaz de responder a las expectativas mínimas de la ciudadanía. En particular, los proyectos de limitar el derecho a huelga, de organización sindical, los derechos sexuales y reproductivos, impedir el reconocimiento de los pueblos indígenas, reducir la representatividad del Congreso Nacional reduciendo el número de escaños, son líneas rojas que de aprobarse harían muy difícil poder concurrir a aprobar esa proposición de Constitución.