El contexto no es accidental. Hace cuarenta y ocho horas, en su Cuenta Pública, Kast anunció el Registro de Vándalos e Incivilidades. Quienes retengan el transporte público, atenten contra carabineros o cometan “incivilidades” perderán la gratuidad universitaria. Dos días después, la CONFECH marcha contra los recortes a la educación, y Carabineros cierra el paso con lanza aguas en la Alameda. La secuencia no necesita interpretación: el gobierno anunció la amenaza el domingo y la ejecutó el miércoles. El Registro de Vándalos es la advertencia de lo que le ocurrirá a quien marche de todas formas.
Daniel Jadue. Arquitecto, Sociólogo. Santiago. 3/6/2026. Hoy la CONFECH marchó por la Alameda. Sus demandas son tres y ninguna requiere traducción: no al proyecto Escuelas Protegidas, no a los recortes de 197 mil millones de pesos en educación superior, no a la megareforma tributaria que beneficia al 2% más rico mientras achica los servicios que los estudiantes usan. Es una lista que cualquier ciudadano que haya leído los números de este gobierno puede entender sin dificultad. No es una lista ideológica. Es una lista de consecuencias materiales concretas sobre la vida de jóvenes que estudian con créditos, que viven en comunas donde el CESFAM cierra antes y que saben perfectamente que si pierden la gratuidad no tienen un plan B.
La Delegación Presidencial Metropolitana, encabezada por Germán Codina, autorizó la marcha solo entre Las Héroes y Ecuador, recortando el recorrido propuesto y excluyendo expresamente el tramo frente a La Moneda. La CONFECH dice que envió la solicitud el 27 de mayo y que la respuesta llegó recién el martes 2 de junio, un día antes. Los estudiantes, ejerciendo el derecho que la Constitución les garantiza, se reunieron igualmente en Plaza Baquedano. Cuando comenzaron a marchar en dirección a Los Héroes, Carabineros intervino. Agua, gas, palos por doquier y al menos diez detenidos y manifestantes, que se manifestaban pacíficamente, con sangre en la frente.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, afirmo que el gobierno buscó provocar esto, buscó generar esta situación para justificar la represión. La CONFECH formuló la misma pregunta que hay que hacerse: ¿será casualidad que la respuesta de la Delegación llegara con un día de anticipación, con un recorrido acortado que evitaría el paso frente a La Moneda, y que los carros lanza agua estuvieran listos desde temprano? El objetivo no era regular una marcha. Era producir el incidente que justificara la represión que ya había sido decidida.
El contexto no es accidental. Hace cuarenta y ocho horas, en su Cuenta Pública, Kast anunció el Registro de Vándalos e Incivilidades. Quienes retengan el transporte público, atenten contra carabineros o cometan “incivilidades” perderán la gratuidad universitaria. Dos días después, la CONFECH marcha contra los recortes a la educación, y Carabineros cierra el paso con lanza aguas en la Alameda. La secuencia no necesita interpretación: el gobierno anunció la amenaza el domingo y la ejecutó el miércoles. El Registro de Vándalos es la advertencia de lo que le ocurrirá a quien marche de todas formas.
El movimiento estudiantil chileno tiene una historia que el gobierno de Kast debería conocer mejor. Fue el Mochilazo de 2001. Fue la Revolución Pingüina de 2006. Fue 2011 con medio millón de personas en las calles. Fue la evasión del metro en 2019 que encendió la revuelta popular de octubre. En cada uno de esos momentos, el Estado intentó el mismo cálculo: restringir el recorrido, usar la fuerza, criminalizar el conflicto, y esperar que los estudiantes se cansen. En cada uno de esos momentos, ese cálculo resultó equivocado. Los estudiantes no piden permiso para defender su derecho a la educación. Lo ejercen. Y la historia del movimiento estudiantil chileno muestra que cuando el Estado responde con represión, la marcha que sigue es más grande.
El proyecto Escuelas Protegidas merece examinarse en lo que es. Una iniciativa que contempla la revisión de mochilas, la expulsión asociada a protestas y el traslado de estudiantes considerados conflictivos. Es la traslación de la lógica punitiva del Registro de Vándalos al interior de las aulas. El mismo gobierno que amenaza con quitarle la gratuidad al universitario que bloquea la Alameda propone expulsar al secundario que protesta dentro de su escuela. La continuidad lógica es perfecta: la educación no es un derecho que se ejerce, es un privilegio que se concede y que puede retirarse si el beneficiario no se comporta según lo que el Estado, como instrumento de dominación de clase, define como conducta aceptable.
Los 197 mil millones de pesos recortados en educación superior son becas que no se renuevan. Son cupos en programas de apoyo estudiantil que desaparecen. Son universidades regionales que no pueden contratar docentes. Son jóvenes de primera generación universitaria que entraron al sistema con la promesa de la gratuidad y que hoy no saben si el año siguiente el financiamiento alcanzará. El mismo gobierno que recorta esos recursos propone quitarle la gratuidad a quien proteste por ellos. La coherencia es brutal: si no tienes derechos no puedes reclamarlos, y si los reclamas pierdes el poco derecho que te queda.
Lo que ocurrió hoy en la Alameda es la descripción más precisa disponible del Chile que el gobierno de Kast está construyendo: uno en que los derechos sociales se condicionan a la obediencia política y a la sumisión, en que la protesta legitima se criminaliza restringiéndola hasta el punto en que cualquier ejercicio real de ese derecho se convierte automáticamente en desacato, y en que el lanza agua sobre los estudiantes de la Alameda es la consecuencia lógica del programa que el ministro Quiroz ejecuta en los oficios de Hacienda. No hay dos políticas distintas. Es un solo proyecto.
La CONFECH convocó hoy porque los estudiantes leyeron lo mismo que cualquiera que preste atención: este gobierno recorta la educación, criminaliza la protesta contra ese recorte, y usa el incidente que provoca como justificación de la represión que ya tenía planeada. Frente a eso, marchar es el ejercicio más honesto de la democracia disponible. Y la Alameda, hoy ensangrentada y con olor a gas, es la imagen exacta de lo que ocurre cuando un gobierno decide que la seguridad de sus recortes importa más que la seguridad de sus ciudadanos.