La iniciativa busca modificar el Código Penal para sancionar con penas de cárcel la usura y obtención abusiva de lucro a partir de contrataciones celebradas con el Estado de Chile en situaciones de emergencia o catástrofe.
Valparaíso. 07/07/2026. El proyecto de ley presentado por la diputada por el distrito 6, Sofía González (PC) y apoyado por los parlamentarios José Montalva (PPD); Consuelo Veloso (FA); Marcos Ilabaca (PS); Jaime Bassa (FA); Cristian Mella (DC); Ana María Gazmuri (AH); Irací Hassler (PC); Marcos Barraza (PC) y Lorena Pizarro (PC) busca incorporar al Código Penal un delito especial de usura que sancione a las personas naturales y representantes de empresas privadas que suscriban contratos con el Estado y obtengan beneficios económicos abusivos o desproporcionados mediante sobreprecios injustificados en contextos de emergencia, catástrofe, salud pública, reconstrucción entre otros.
Al respecto, la diputada Sofía González indicó que “este proyecto busca sancionar aquellas personas naturales o empresas que busquen aprovecharse de la necesidad del Estado en un momento de emergencia, catástrofe o de situación excepcional. Quienes cometan este delito van a enfrentar penas de cárcel de hasta 15 años, multas de hasta 3 veces lo ganado de manera ilícita, el decomiso de estas ganancias, la prohibición de contratar con el Estado durante 15 años, e incluso la disolución de la empresa si esto es necesario”.
La parlamentaria explicó que “en el caso de que exista colusión o que el abuso afecte bienes esenciales, como son las viviendas de emergencias, los medicamentos, el abastecimiento de básico, estas penas serán aún más altas. Por ello, impulsamos este proyecto, ya que este delito no existe en nuestro país ni sanción para aquellos que buscan aprovecharse de las catástrofes y dolor de nuestras familias”, aseguró Sofía González.
Por su parte, el diputado PPD, José Montalva, señaló que «por culpa de algunos inescrupulosos, hemos visto cómo la ciudadanía muchas veces desconfía cuando hay un contrato con el Estado, que vale diez veces lo que costaría un contrato con un privado. Eso es lo que se busca terminar, con una sanción dura y ejemplificadora para quien utilice esas malas artes al momento de enfrentar una emergencia».
A su vez, el diputado (PC) Marcos Barraza comentó que “las emergencias y las catástrofes no deben ser una oportunidad para el enriquecimiento ilícito, ni mucho menos para la usura. Chile ya conoce de abusos económicos y de colusiones, y las familias han pagado caro ese costo. Por eso se requieren sanciones ejemplares: sanciones penales, decomiso del dinero mal habido y eliminación del registro de proveedores del Estado”.
En tanto, la diputada (FA) Consuelo Veloso manifestó que “somos un país que está permanentemente enfrentando distintas catástrofes naturales, aluviones, inundaciones, incendios, y hemos visto que lamentablemente esa responsabilidad social empresarial de la que se alude, la verdad es que no se aprecia. Y ahí es donde es importante que el Estado cumpla su rol y que sea garante de los derechos de todas las personas”.