Esta semana se inician las negociaciones con el Gobierno de Gabriel Boric. Hay cierto optimismo, dicen desde la ANEF, pero todo dependerá de cómo vayan las conversaciones, sobre todo con el Ministerio de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 29/11/2022. Como suelde darse en distintos años, esta semana se inicia la negociación del sector público con el Gobierno en base a demandas que ya fueron presentadas. Se dice que el panorama luce optimista, pero todo dependerá de cómo marchen las conversaciones, sobre todo con el Ministerio de Hacienda.
Este año, mucho está centrado en las afectaciones de la inflación y el consiguiente alza del costo de la vida en las y los empleados fiscales, en la continuidad de los efectos laborales de la pandemia del Covid-19 y los problemas económicos, un reajuste salarial del 12% (3% de reajuste real para las y los trabajadores públicos a partir del 1 de diciembre de 2022. Sumado al 12% de inflación anual, se traduce en un 15% de reajuste nominal), y temas relacionados con los derechos de las mujeres trabajadoras y realidades en regiones extremas.
Representantes de la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comenzarán a reunirse este miércoles con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.
El presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios del Estado (ANEF), José Pérez, entrevistado en Radio Universidad de Chile, explicó que el pliego se estructura en base a aspectos económicos, donde los gremios que integran la Mesa del Sector Público, coordinados por la CUT, acordaron pedir un reajuste que esté por sobre la inflación, es decir, recuperar el IPC de 12%, más un 3 por ciento real para todos las y los trabajadores de la administración pública.
Pérez indicó que la demanda contempla pisos mínimos para auxiliares de 550.000 pesos; 600.000 para administrativos y técnicos 650.000 pesos, mientras que para los que ganan menos de 400,000 pesos, se está solicitando un bono particular mensual “para hacernos cargo de lo que significa también, atendiendo a los compañeros que tienen rentas por debajo los 500.000 pesos”. Además, los funcionarios incorporan en el pliego bonos por escolaridad, vacaciones y término de negociación.
José Pérez manifestó que el piso es “bastante moderado, apunta a recuperar el poder adquisitivo del IPC, que está en 12,8 por ciento, y agregar a este delta que se construye conforme a la expectativa de crecimiento del país que es de 3% por ciento real”.
Especificación de las demandas
En un documento de la ANEF, explicativo sobre la postura de los empleados fiscales, se dijo que “la movilización de la Mesa del Sector Público se enmarca en la lucha permanente por superar las injusticias que emanan del modelo neoliberal y avanzar en transformaciones sociales que además fortalezcan la función pública el trabajo decente y el Estado”.
“En el documento se afirma que “nadie está más consciente del problema de la inflación que los y las trabajadoras porque lo vivimos a diario, y es por esto que entendemos que esta negociación no es un instrumento de política fiscal ni una política económica, sino que un proceso de negociación colectiva ramal, la única existente en el país”. Y se plantea lo del reajuste del 12%.
“Se considera imprescindible materializar los principios de Trabajo Decente en el Estado, avanzando en diálogo social y una agenda de negociación acuerdo y legislación para coordinar definiciones políticas”, se apunta en el texto.
Se recuerda que, de acuerdo a la normativa, “las demandas económicas contenidas en el pliego deben ser extensivas a todos los funcionarios públicos, sin importar el marco laboral que los rija, rechazando categóricamente que se siga marginando y discriminando al grupo de trabajadores públicos a causa de su régimen contractual y el ejecutivo debe traspasar todos los recursos fiscales que financien el costo global de las demandas a las instituciones correspondientes…”
Junto con el reajuste, “también se pide que, a partir del 1 de diciembre de 2023, ningún trabajador que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual por estamento inferior a auxiliar 550.000 administrativos 600.000 técnicos 650.000. Se exige el pago de un bono mensual a todos los funcionarios públicos de jornada completa cuya renta bruta sea inferior a 700.000 pesos. Los trabajadores de media jornada deben recibir un bono proporcional. El cálculo de corte de los beneficios debe excluir tanto a la bonificación especial de zonas extremas como la asignación de zona. Se debe traspasar a una norma permanente, todas los artículos que entregan beneficios permanentes, con el fin de terminar con la práctica de qué, todos los años, la ley de reajuste general incluye una serie de artículos que sólo extienden por un año más, beneficios económicos ya conquistados”.
También se apunta a que “la Mesa del Sector Público exige que se reforme las normas estatutarias que facultan a los jefes superiores de servicio a declarar la vacancia por salud incompatible, de acuerdo a lo acordado en 2017 y a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema” la “reactivación de incentivo al retiro para mayores de 65 años con ampliación de asignación prioritaria de cupos”.
Más adelante, el pliego detalla que se debe dar continuidad a algunas medidas implementadas en contexto de pandemia, relacionadas con el cumplimiento de metas sanitarias, PMG y la asignación de trato usuario, y la acumulación de feriados. Se suma la asignación de zona y bonos de zonas extremas a Asistentes de la Educación, y la homologación del bono de zona extrema de la provincia de Chiloé al de la de Palena.
También ampliar, vía garantía legal, la cobertura de cuidado infantil a todos los niños y niñas de dos a 12 años en cuidado y educación inicial, y el fortalecimiento de la garantía pública de cuidado infantil con ampliación del derecho sala cuna para todos los funcionarios públicos.
En el documento difundido desde la ANEF, se indica que “en el título cuarto, se insiste en la instalación de Mesas de Trabajo que aborden:
- La implementación de la reducción de jornada laboral a 40 horas en el sector público y la implementación del convenio C190 de la OIT.
- Legislación sobre teletrabajo en el sector público, para empezar a entregar resultados y propuestas legislativas al tercer trimestre de 2023.
- Terminar con brechas de género e instalar una mesa de igualdad de oportunidades.
- Mesa tripartita gobierno-MS P-Contraloría, para revisar las normas respecto a procedimiento sancionatorios.
- La incorporación de los trabajadores del Estado al seguro de cesantía.
- Traspaso y regularización de honorarios y reemplazos, teniendo en consideración el dictamen de contraloría de enero de este año.
- Agenda de modernización del Estado con participación de los trabajadores y Carrera Funcionaria”.