Se trataría de un informe del Plan Nacional de Búsqueda a ministra en visita de Corte de Apelaciones. Existen testimonios de civiles quienes habrían presenciado y de uniformados en retiro. “Entre las personas que podrían estar en esa zona figuran tres miembros del GAP, un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras víctimas sin filiación política” indica nota de CIPER CHILE.
“El Siglo”. Santiago. 22/3/2026. Una nota periodística de Ciper Chile (www.ciperchile.cl), de los periodistas Diego Ortíz, Francisca Soto y Mauricio Weibel, reveló que los restos de unos 30 detenidos desaparecidos en los tiempos de la dictadura, podrían encontrarse en un antiguo vertedero entre las avenidas Departamental y Macul, de la antiguas comuna de Ñuñoa, hoy comuna de Macul.
Los antecedentes estarían contenidos en un informe emanado del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien lidera la investigación judicial desde 2022.
La nota periodística de CIPER señala: “La presunción se basa en testimonios de policías en retiro, testigos civiles y antecedentes de otras causas judiciales ya concluidas. Según este reporte, las víctimas habrían sido enterradas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en un terreno que entonces pertenecía a la Municipalidad de Ñuñoa, el que era utilizado como vertedero. Entre las personas que podrían estar en esa zona figuran tres miembros del GAP, un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras víctimas sin filiación política. El texto incluye una propuesta técnica de excavación, que debiera ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)”.
De acuerdo con la nota, el informe concluye que los antecedentes recopilados son “múltiples, convergentes y consistentes”, por lo que permiten comprobar “la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar”, así como “la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.
“Uno de los relatos clave que apoya la tesis de este informe es el de Marcelo Bustamante, quien señaló ante la Justicia que entre octubre y noviembre de 1973 vio como comenzaron a llegar al vertedero ‘varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes con posterioridad comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo’, dijo”, se indica en el trabajo periodístico.
Se da cuenta de testimonios de 11 personas que vivían en los costados del vertedero entre 1973 y 1974, quienes coinciden en señalar que presenciaron de forma directa inhumaciones ilegales cometidas por militares y policías.