El jefe de bancada del PC en la Cámara de Diputadas y Diputados dijo que en la función pública “la probidad es lo primero que hay que afirmar como principio”. En entrevista con El Siglo, habló del caso de la Fundación Democracia Viva, la situación en torno a la reforma de pensiones, la conformación de la presidencia de la mesa de la Cámara Baja, y el carácter de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, entre otros temas.
Maca Benítez. Periodista. “El Siglo”. Valparaíso. 5/7/2023. Durante el fin de semana y luego de recriminaciones cruzadas dentro del Frente Amplio, la diputada Catalina Pérez hizo público un video en que si bien asegura no haber cometido un delito, sí reconoce que no ponderó el impacto que los convenios suscritos tendrían. Luego de esto, presentó una licencia médica por una semana lo que ha sido duramente criticado no solo desde la oposición. ¿Qué posición tiene el Partido Comunista respecto a las nuevas aristas del caso?
La situación de la diputada Catalina Pérez es un conflicto que debe abordar su partido, Revolución Democrática, y para nosotros es importante que se esclarezcan las responsabilidades, que se investigue a fondo y que en definitiva no exista ningún tipo de defensa corporativa. Acá la probidad es lo primero que hay que afirmar como principio.
A partir de estas irregularidades y denuncias, el Presidente Gabriel Boric mandató la creación de una comisión para la probidad y la transparencia la que según lo señala la página Web del Gobierno, tendrá como objetivo hacer propuestas en un plazo no mayor a 45 días con el fin de mejorar la relación entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado. ¿Cuál cree que será el efecto de ésta?
Me parece interesante la iniciativa del Presidente Boric de crear esta comisión de probidad y, al mismo tiempo, es importante que esta comisión realice un examen integral, es decir, que comprenda los casos de corrupción que han ocurrido en municipios de derecha que son bastante graves -como el caso del ex alcalde Raúl Torrealba-y por supuesto, que aborde deudas pendientes del Parlamento y el Estado chileno, por ejemplo, al permanecer vigentes leyes corruptas como la Ley de Pesca.
Usted es autor de la iniciativa legal “Que pase la micro” que ha recibido un fuerte respaldo político y también ciudadano al que se ha sumado recientemente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). ¿Cuál es el impacto que tendría especialmente en las regiones de aprobarse esta iniciativa?
Tiene un apoyo transversal y responde a una necesidad de las regiones desde el abandono del Estado en materia de transporte si se compara a estas con Santiago en cuanto al estado de las máquinas, los buses, en lo indigno de las condiciones de trabajo de los conductores, eso impacta muchísimo en la calidad de vida de las personas.
No hay una facilidad para devolverse en las tardes a sus casas, demoran las llegadas al trabajo y al colegio, esos son problemas cotidianos que tienen mucho impacto en la salud mental, en lo laboral y en lo económico también porque en Valparaíso por ejemplo, la vida nocturna prácticamente no existe justamente porque no hay locomoción colectiva para el retorno.
El segundo problema es que el control privado del transporte ha significado la creación de verdaderos poderes fácticos a nivel regional que hacen y deshacen y que están fuera de control y que amenazan con paros y en definitiva lo que se necesita es restarles poder y eso se consigue creando un actor público, una empresa pública de transporte que tenga una vocación de servicio público y que tenga como objetivo entregar un transporte de calidad para la ciudadanía.
Como las amenazas de Reinaldo Sánchez, empresario microbusero que declaró que paralizaría el transporte en el Gran Valparaíso.
Lo de la amenaza es una muestra que hay gremios empresariales en las regiones que a través del control del transporte han acumulado poder político que les permite sentirse por sobre la ley.
¿Y qué grado de avance legislativo tiene esta iniciativa?
Entregamos diez mil firmas en La Moneda junto a parlamentarias, alcaldes y alcaldesas y con el apoyo del movimiento social, por lo que tenemos la esperanza que esto pueda avanzar en el Congreso lo antes posible porque reitero, es una urgencia.
En marzo del 2022 se llegó a un acuerdo administrativo para conformar la Mesa de la Cámara Baja, pero posterior a eso y cuando debía presidir una diputada o diputado comunista, este acuerdo se desconoció y se terminó por vetar a la diputada Karol Cariola. ¿Qué sucederá cuando finalmente se de esta votación?
Nosotros reafirmamos que en este periodo le corresponde la presidencia al Partido Comunista y tengo la confianza de que las fuerzas políticas que concurrieron con su firma al acuerdo administrativo van a respetar este principio tan importante en la política que es la palabra empeñada y estamos conversando en esa dirección. Hubo un veto que se dio antes con la diputada Karol Cariola para presidir la Mesa de la Cámara y la única manera de corregir ese veto no es con palabras de buena crianza, si con cumplir con lo pactado.
Nos acercamos a la conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar y esa conmemoración no está exenta de problemas principalmente en cómo se aborda desde el Gobierno.
La conmemoración de los 50 años requiere de tareas y energías en dos cosas importantes. Primero, en reivindicar el legado de la Unidad Popular, sus avances, el carácter democrático y popular del Gobierno de Salvador Allende, lo que dejó para las nuevas generaciones como la nacionalización del cobre o el medio litro de leche. Lo segundo, es lograr que el Estado comprometa garantías de no repetición, de verdad, de justicia, de reparación y por supuesto tener un trato común sobre lo que es un golpe de Estado.
Este lunes usted junto a otros parlamentarios y parlamentarias entregaron el respaldo a la petición de distintas organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos que solicitaron la salida de Patricio Fernández -encargado justamente de la conmemoración de los 50 años- por sus dichos que relativizaban el golpe de Estado.
No es posible, no es aceptable que se pretenda relativizar el golpe de Estado, que se pretenda plantear que es algo discutible, porque acá hubo intervención extranjera, hubo muchos millones de dólares de por medio y una planificación que fue realizada por Estados Unidos con recursos de las Fuerzas Armadas y nada de eso puede desconocerse. El golpe de Estado fue un crimen, un acto antidemocrático y no es correcto ni siquiera sugerir que se puedan discutir las motivaciones que llevaron a ese golpe. A mi juicio, falta mayor empeño desde el punto de vista del relato gubernamental en rescatar todo eso, yo lo echo de menos.
En otros países que también vivieron dictaduras sería impensado que una violación sistémica a los derechos humanos sea relativizada y que sea necesario presentar un proyecto de ley para prohibir el negacionismo.
Tenemos como sociedad una tremenda deuda al respecto que tiene que ver con la comprensión de una cultura de los derechos humanos y creo que el proyecto contra el negacionismo que presentó la diputada Carmen Hertz, y que varios suscribimos, va en la dirección correcta. Al mismo tiempo, hay que hacer un juicio crítico respecto de lo que ha ocurrido en estos 30 años porque, en definitiva, las nuevas generaciones poco conocen de los horrores de la dictadura y poco conocen de esa historia reciente porque ha faltado un esfuerzo desde el Estado de transmitir esa información, de transmitir la gravedad de lo que se vivió en nuestro país. El desconocimiento es un campo propicio para que aparezca el negacionismo o incluso discursos que reivindican a (Augusto) Pinochet y a la dictadura.
Este martes se anunció que en la Comisión de Trabajo se votaría en particular el proyecto de reforma a la pensiones. En este punto usted ha sido uno de los principales críticos de la actitud obstruccionista de la derecha.
La reforma a las pensiones trata una problemática social urgente y su tramitación avanza a pesar de la campaña mediática que han llevado a cabo las AFP. Creo que es una muy buena noticia que hoy hayamos tenido en la comisión a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y comenzar prontamente la votación en particular de la reforma.
Los trabajadores y los jubilados ya no pueden esperar más, hemos esperado un tiempo suficiente para que Chile Vamos entregue una propuesta y hasta ahora, solamente, hemos recibido consignas en favor de las AFP. Me parece que, en definitiva, lo que está haciendo la derecha es apostar por ganar tiempo para que las AFP sigan metiendo la mano al bolsillo de los chilenos y creo que hay una voluntad férrea dentro del Gobierno para avanzar con esta reforma, tan necesaria para que las personas puedan vivir con dignidad.