El parlamentario comunista pidió al Ministerio de Justicia informar si evaluó las consecuencias que podría tener sobre niños, niñas y adolescentes migrantes la reforma que permitiría detener a sus padres hasta 180 días durante un proceso de expulsión administrativa.
Valparaíso. 23/06/2026. En medio de la controversia generada por el caso de los niños y niñas haitianos ingresados a Chile mediante procesos de reunificación familiar, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conocer el impacto que tendría sobre la niñez migrante la reforma constitucional presentada por el Gobierno para ampliar los períodos de detención asociados a procedimientos de expulsión administrativa.
La iniciativa del Ejecutivo propone modificar el artículo 19 número 7 de la Constitución, estableciendo que la ley pueda fijar períodos de detención de hasta 60 días para materializar una expulsión administrativa, renovables en dos oportunidades. De aprobarse en esos términos, una persona podría permanecer privada de libertad hasta por 180 días mientras se resuelve su salida del país.
El oficio presentado por Cuello solicita al Ministerio de Justicia precisar si, antes de ingresar el proyecto, se estudiaron sus posibles consecuencias sobre niños, niñas y adolescentes cuyos padres, madres o personas responsables puedan quedar sometidos a esta medida.
La presentación parlamentaria se produce mientras el Gobierno ha enfatizado públicamente su obligación de proteger a los menores haitianos que inicialmente fueron considerados inubicables durante una fiscalización de la Contraloría General de la República. La Policía de Investigaciones informó posteriormente que 52 de los 64 niños incluidos en la muestra habían sido localizados, la mayoría junto a sus familias, escolarizados e incorporados al sistema de salud.
Cuello cuestionó la contradicción que, a su juicio, existiría entre el discurso gubernamental de protección de la infancia y una reforma que podría separar durante meses a familias migrantes.
“En el caso de los niños haitianos, el Gobierno ha mostrado una sorprendente preocupación. Incluso el ministro Alvarado ha expresado que todos tenemos la obligación de preocuparnos por su bienestar. Pues bien, mientras esto ocurre, han presentado un proyecto de reforma constitucional que permite ampliar la detención de personas migrantes hasta por 180 días, hasta por seis meses, sin una condena penal”, señaló el diputado.
El parlamentario advirtió que la medida podría afectar directamente a los hijos e hijas de quienes enfrenten procedimientos de expulsión.
“Esto naturalmente tiene consecuencias. Se trata de niños y niñas que pueden ser separados de sus padres durante ese tiempo y, por lo tanto, existe una evidente vulneración de sus derechos”, afirmó.
Cuello agregó que el oficio busca determinar “si el Ministerio midió el impacto que tendrá esta medida extrema en la vida de niños, niñas y adolescentes” y si analizó la correspondencia de la reforma con los tratados y estándares internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
El diputado también sostuvo que una privación de libertad administrativa tan prolongada podría conducir a la instalación de grandes recintos de detención para personas migrantes, situación que calificó como especialmente preocupante desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
En concreto, el oficio solicita informar cuántos menores de edad podrían verse afectados por la aplicación de la reforma, cuáles serían las repercusiones familiares, sociales y psicológicas de una separación prolongada y qué medidas adoptaría el Estado para resguardar el interés superior del niño.
También requiere antecedentes sobre los mecanismos de control judicial contemplados para las renovaciones de la detención y las garantías que existirían para evitar decisiones arbitrarias o privaciones de libertad desproporcionadas.
Barraza: “La niñez requiere una protección reforzada”
El diputado Marcos Barraza (PC) también abordó la situación y sostuvo que la protección de la infancia debe aplicarse de manera integral, sin discriminaciones relacionadas con la nacionalidad o la situación migratoria de las familias.
“Chile ha avanzado de manera importante en una institucionalidad que proteja a los niños y niñas, indistintamente de que hayan nacido en Chile o no”, afirmó el parlamentario, recordando la aprobación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Barraza enfatizó que la eventual existencia de delitos debe investigarse y sancionarse, pero sostuvo que la principal obligación del Estado consiste en restituir los derechos que puedan haber sido vulnerados.
Asimismo, acusó un “doble estándar” de sectores de la derecha al abordar simultáneamente la protección de los menores haitianos y el endurecimiento de las políticas migratorias.
A juicio del legislador, las declaraciones iniciales de autoridades de Migraciones buscaron, según sus palabras, “obtener réditos políticos” y atribuir responsabilidades al Gobierno anterior antes de que concluyeran las investigaciones y se estableciera con claridad la situación de los niños y sus familias.
Cuello y Barraza coincidieron en que las investigaciones deben avanzar con rigor, pero insistieron en que el debate migratorio no puede traducirse en la criminalización de las comunidades extranjeras ni en medidas que debiliten la protección especial que el Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país.