Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, destacó que la movilización anunciada para abril próximo “es un paso necesario para destrabar esta agenda política bloqueada y capturada” y “para abrir camino a nuestras demandas”. El también dirigente de la CUT indicó que “el objetivo del plan de movilización, y particularmente del Paro Nacional, es dar una señal clara, desde el mundo del trabajo y el movimiento sindical para terminar con la situación de empate que se ha instalado en la discusión política en nuestro país”. Apuntó que “la ofensiva desplegada desde el gran empresariado es simplemente vergonzosa. Su agenda se limita a impedir toda reforma del sistema tributario, previsional y laboral, para garantizar la continuidad de las inequidades”. También sostuvo que “tenemos propuestas y esperamos que el Gobierno las escuche y las implemente, para avanzar en reformas estructurales y respuestas inmediatas frente a las urgencias cotidianas de los trabajadores y de las trabajadoras”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 26/1/2024. ¿Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Mesa del Sector Público están apoyando el Paro Nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores para abril?
Las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público, en su condición de afiliadas, fueron participantes activas en el debate y en las resoluciones del Congreso Nacional de nuestra Central. Y evidentemente fueron parte de las definiciones, tanto de la plataforma resuelta en el Congreso, como del plan de movilización que incorpora el Paro Nacional convocado para este 11 de abril, para abrir camino a nuestras demandas. Es así que la plataforma que aprobamos contiene las demandas de los trabajadores y trabajadoras del Estado, en sus propias particularidades, así como las exigencias de reformas estructurales que impactan en el conjunto del mundo del trabajo.
¿Cuáles serían las razones para hacer esa movilización?
El objetivo del plan de movilización, y particularmente del Paro Nacional, es dar una señal clara, desde el mundo del trabajo y el movimiento sindical para terminar con la situación de empate que se ha instalado en la discusión política en nuestro país. Vemos a diario un permanente bloqueo en el avance de las reformas estructurales, así como en las respuestas a las demandas inmediatas del pueblo chileno. Desde nuestra mirada, la discusión política que ha cursado en el país durante el último periodo, se encuentra capturada en una dinámica que niega y manipula las demandas reales de los trabajadores y trabajadoras, y de la ciudadanía en general. Y, en este contexto, es indispensable que la participación y la movilización de las organizaciones sindicales, pero más ampliamente del conjunto del movimiento social, abran camino para que el Gobierno y el mundo político en general, den respuesta a estas demandas urgentes. Y particularmente, para que el Gobierno del presidente (Gabriel) Boric dé cumplimiento a los compromisos programáticos que respecto de los cuales la mayoría de nuestro pueblo cifró sus esperanzas.
¿En esa línea que plantea, hay una crítica al Gobierno? ¿O más bien hay un cuestionamiento a los empresarios y a la derecha?
En las resoluciones del Congreso de la CUT hemos hecho un emplazamiento y una crítica frontal a las posiciones que el gran empresariado y la derecha han sostenido durante este período. Son, sin duda, los principales responsables de esta situación de empate y bloqueo. Utilizaron los procesos constituyentes para restablecer los vetos que han impedido en las últimas décadas avanzar en las demandas ciudadanas de transformación, y siguen intentando restablecer los formatos de gestión política que hicieron crisis en nuestra sociedad con el estallido social del año 2019. Sinceramente, la ofensiva desplegada desde el gran empresariado es simplemente vergonzosa. Su agenda se limita a impedir toda reforma del sistema tributario, previsional y laboral, para garantizar la continuidad de las inequidades y la concentración del ingreso en su beneficio. Pero también hemos expuesto nuestra crítica respecto del Gobierno, y particularmente las organizaciones de la Mesa del Sector Público lo han expresado con mucha nitidez. Visualizamos a un Gobierno que, dependiendo de las circunstancias, relativiza su compromiso con el Diálogo Social, particularmente con las organizaciones sindicales. Comprendemos que es parte de las tareas del Gobierno construir acuerdos políticos en el Congreso, en los espacios de la política más en general. Pero no resulta comprensible que un Gobierno que se instaló comprometiendo abrir camino a las demandas que provenían del mundo social, convoque al movimiento sindical sólo para respaldar sus iniciativas. Vemos con preocupación cómo el Gobierno tiende a encerrarse sobre sí mismo y en esta dinámica, buscando el desbloqueo de sus propuestas en el debate legislativo. Reconocemos que existen espacios de conversación y los valoramos, pero aspiramos a un Diálogo Social efectivo, en que se escuche e incorpore las propuestas y la opinión del sindicalismo en las definiciones del Gobierno. Aspiramos a un Diálogo Social y espacios de negociación en que los acuerdos se implementen en tiempo y forma.
¿Ese llamado marcaría una reactivación del mundo sindical y social, sería una prueba de fuego?
Qué duda cabe que nuestro Congreso puso su énfasis en convocar a sus bases. Pero más ampliamente, al conjunto del movimiento sindical y también al conjunto del movimiento social a reactivar su accionar en el cuadro político que tenemos por delante. Así entendemos el rol del movimiento sindical en democracia, para avanzar en la resolución de las problemáticas que la ciudadanía demanda: la participación activa, la movilización, la expresión de demanda desde el movimiento social y sindical son instrumentos indispensables de ese ejercicio democrático. Las principales deudas de nuestra democracia con su pueblo se expresan en su incapacidad de responder a necesidades inmediatas de la población y en las reformas estructurales que no llegan a puerto. Tenemos la convicción que para avanzar en ambas direcciones es indispensable nuestra activa participación de los representantes de la propia ciudadanía, que se expresan a través del movimiento social, sus organizaciones y dirigentes/as.
Parece que no se están cumpliendo las expectativas de las reformas de pensiones, tributaria, de salud. ¿Qué ha pasado?
A dos años de Gobierno del Presidente Boric los avances en las reformas estructurales comprometidas están aún pendientes de concreciones. Es evidente que este empate y bloqueo que se ha instalado en el Congreso Nacional y en la discusión política, no se resolverán en su interior. Para superar esta permanente reyerta mediática y avanzar hacia un debate productivo, es momento que desde las fuerzas progresistas y de izquierda, vuelvan la mirada y a abrir la puerta al movimiento social, al movimiento sindical, al Diálogo Social y al debate público con respaldo de la ciudadanía para avanzar. El rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria mantiene empantanado un componente de la agenda de transformaciones estructurales. Pero no es solo aquello. En días recientes, favorablemente, se aprobó la idea de legislar en materia de reforma previsional. Sin embargo, es evidente que su tramitación en el Senado tendrá las mismas dificultades que ya tuvo en la Cámara, que votó un proyecto de ley en que se rechazaron los articulados fundamentales que crean el Seguro Social. En materia de Salud, ocurre lo mismo, el debate se ha concentrado por meses en la situación de las ISAPRES, pero la proyección e instalación de una reforma de la Salud Pública que la potencie en beneficio del 80% de los chilenos y chilenas que se atienden en ella. Entonces, es claro que en estos dos años de Gobierno se mantienen pendientes compromisos programáticos centrales del Gobierno del Presidente Boric. Nosotros seguimos teniendo la convicción de que estas reformas no sólo son necesarias y urgentes, son reformas que la mayoría de nuestro pueblo reclama y demanda con urgencia. Tenemos, por sobre todo, la convicción de que son posibles. Y por eso hemos dado el paso de consolidar una plataforma de lucha y una agenda y un plan de movilización, y de avanzar hacia un Paro Nacional que visibilice y viabilice la agenda de reformas. Entendemos que es un paso necesario para destrabar esta agenda política bloqueada y capturada. Tenemos propuestas y esperamos que el Gobierno las escuche y las implemente, para avanzar en reformas estructurales y respuestas inmediatas frente a las urgencias cotidianas de los trabajadores y de las trabajadoras. Así entendemos la tarea de un Gobierno democrático: ser capaz de proyectar a más largo plazo, pero también responder a las urgencias y demandas que definen la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras y sus familias de acceder a mejores condiciones de vida.