Lo primero es insistir y profundizar en la propuesta de reforma tributaria. La más importante reforma de impuestos que Chile requiere no estaba contemplada en la importante propuesta gubernamental recién rechazada por la Cámara de Diputados. Permite recaudar lo mismo que la rechazada, corrige la mayor inequidad del sistema tributario chileno y puede ser propuesta de inmediato al Parlamento.
Manuel Riesco (*). Santiago. 3/2023. Una irresponsable y circunstancial mayoría opositora en la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, preparada y negociada a lo largo de ocho meses con dedicación y profesionalismo por un equipo de gobierno encabezado por el Ministro de Hacienda. Lo sucedido es un hecho político mayor que agrava la crisis nacional, es decir, la deslegitimación del sistema democrático, al comprobar una vez más su incapacidad para enfrentar a los grupos empresariales hegemónicos y hacer las reformas necesarias que el país requiere y el pueblo exige. Como ha declarado el director de CENDA estas “necesitan un camino diferente. Hay que construirlo en acuerdos progresistas, con la derecha nunca se obtendrá. Una política amplia de masas es lo que se precisa”.
Lo primero es insistir y profundizar en la propuesta de reforma tributaria. La más importante reforma de impuestos que Chile requiere no estaba contemplada en la importante propuesta gubernamental recién rechazada por la Cámara de Diputados. Permite recaudar lo mismo que la rechazada, corrige la mayor inequidad del sistema tributario chileno y puede ser propuesta de inmediato al Parlamento.
Dicha reforma consiste en recuperar para el fisco las cotizaciones previsionales, el segundo impuesto que más recauda de modo estable después del IVA, que desde la implementación del DL 3.500 en 1981 viene siendo desviado al sistema AFP y destinado principalmente a fortalecer el mercado de capitales. Recaudó 1.059 millones de dólares en diciembre de 2022, 13.203 millones en los últimos 12 meses y 250.656 millones en las últimas cuatro décadas. Representan el 4,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 15,6 por ciento de los ingresos fiscales totales, en los últimos 12 meses. El grueso de dicho impuesto se desvía de modo permanente al mercado de capitales.
Las solas cotizaciones han más que duplicado el pago de pensiones AFP en todos y cada uno de los 500 meses transcurridos desde la creación de las AFP en 1981, incluyendo diciembre de 2022 en que las AFP recaudaron mil millones de dólares en cotizaciones y pagaron 500 millones en pensiones, cifras que en los últimos 12 meses se elevan a 13.203 mil millones de dólares recaudados y 5.944 millones pagados en pensiones, y desde 1981 alcanzan a 250 mil millones de dólares recaudados y 103.289 millones pagados en pensiones. Por añadidura, el fisco ha subsidiado directamente el 60 por ciento de todas las pensiones pagadas por el sistema AFP desde 1981, incluyendo el 54 por ciento de las pagadas en 2022 y el 59,5 por ciento de las pagadas en diciembre de ese año.
De ese modo, el aporte neto corriente de afiliados y el fisco al sistema AFP, es decir, las cotizaciones más subsidios menos pensiones pagadas por este, alcanzan a 209 mil millones de dólares desde 1981, incluyendo 10.486 millones en los últimos 12 meses y 885 millones de dólares en diciembre de 2022.
Dicho excedente corriente equivale al 3,3 por ciento del PIB del último año, cifra similar a la que habría recaudado la reforma tributaria rechazada por el Parlamento. En otras palabras, al recuperar las cotizaciones el fisco podría pagar íntegramente las pensiones del sistema AFP sin subsidio alguno, quedando con un excedente equivalente a lo que recaudaría la reforma tributaria rechazada, cifra que se estimaba en 3,6 por ciento del PIB.
Ciertamente, las cotizaciones recuperadas deben ser destinadas en lo sucesivo exclusivamente a pagar pensiones dignas que guarden una proporción definida y adecuada con los salarios, lo cual se puede lograr sin subir la tasa de cotización actual.
Las cotizaciones son un impuesto al trabajo y así es reconocido en los debates acerca de la tributación comparada de Chile con otros países, como se encarga de recordar el CIEP de la UC dirigido por el ministro Larraín, también la OCDE que la denomina “contribución forzosa al sector privado” y concluye que sumada al resto de los tributos, la carga tributaria total alcanza en Chile el 26,9 por ciento del PIB.
Las cotizaciones son por lo general un impuesto neutro desde el punto de vista de la distribución del ingreso, puesto que se cobran al pueblo trabajador activo y se destinan de modo íntegro, directo e inmediato y en su mayor parte, a financiar las pensiones de sus mayores. Queda en la familia trabajadora, por así decirlo.
En Chile, en cambio, y como se ha visto, se transfieren en su mayor parte al mercado de capitales, donde se utilizan para financiar negocios empresariales. De este modo, son un impuesto brutalmente regresivo, puesto que en términos netos transfiere un 3,3 por ciento del PIB, descontados a salarios, principalmente a financiar negocios de empresarios. Ni siquiera a todos ellos sino principalmente al puñado de grandes grupos que controlan el sistema AF mediante las compañías de seguros que constituyen el corazón de dicho sistema.
La reforma en curso no corrige sino agrava este abuso. Debe buscarse un camino diferente y con el apoyo popular empujar su aprobación en el Parlamento. Ello es posible porque con medidas complementarias que han sido propuestas por CENDA al Parlamento, que benefician directa y considerablemente al pueblo trabajador activo y jubilado, puede generar un apoyo nacional incontrarrestable.
(*)Manuel Riesco es ingeniero civil industrial, magister en Economía de la Universidad de Chile, doctorado en Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia y Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).