El anuncio de Amarillos por Chile de oponerse a un nuevo texto constitucional, se sumó la similar postura de todos los partidos de derecha y ultraderecha. Segmento conservador de la DC está pidiendo “libertad de acción” para terminar rechazando. Las colectividades conservadoras están desarrollando acciones con “facilitadores constitucionales” y “diálogos constitucionales”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 25/06/2022. Este fin de semana se constataron movimientos de los sectores conservadores que decidieron ir por el rechazo de la nueva Constitución.
El grupo de los Amarillos, que había estado en una zona de crítica pero también de ambigüedad ante los trabajos de la Convención Constitucional (CC), decidió públicamente anunciar que se opondrá a que avance la nueva Carta Magna. En tanto, los partidos de la derecha y la ultraderecha dieron pasos estos días para salir a las comunas en todo el país para promover el rechazo, al tiempo que grupos conservadores aumentaron sus inversiones millonarias en promociones en las redes sociales. Este fin de semana, los medios de prensa oligopolios presentaron titulares, entrevistas, reportajes, notas y análisis, en que en más de un 80%, en relación a informaciones de la Convención y la nueva Constitución, se expresó el rechazo. Se sumaron los discursos de convencionales de derecha cuestionando y desacreditando la labor de la CC.
“Hemos leído con mucha atención el texto constitucional, hemos estado atentos a las correcciones y no encontramos transformaciones de fondo. La estructura básica del borrador nos parece ajena a la realidad”, dijo Cristián Warnken, vocero de Amarillos por Chile. Enfatizó que “rechazaremos juntos” el nuevo texto constitucional e instó: “Unámonos para decir todos juntos, sin miedo, sin odio: esta no”.
En la línea de ir en contra de una nueva Constitución, ex presidentes de la Democracia Cristiana, ubicados en el espacio conservador de dicha colectividad, exigieron que exista “libertad de acción” para los militantes frente a la opción de aprobar o rechazar la nueva Constitución. Entre quienes hicieron la demanda están el ex presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle, Carolina Goic, Enrique Krauss, Alejandro Foxley, Ricardo Hormazábal, Fuad Chahín, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
A pesar de ser convencionales, personajes como Fuad Chahin y Felipe Harboe, personeros de la ex Concertación, han expresado la posibilidad de no aprobar el texto constitucional o salir con la postura dilatoria de mirar la posibilidad de hacer otro proceso para otro texto, no estando de acuerdo con el actual.
Esa postura se une a planteamientos surgidos en la derecha y grupos conservadores de buscar “una tercera vía” o un “plan b” como excusa para rechazar en el plebiscito del 4 de septiembre. A eso se suma la idea sostenida por segmentos socialdemócratas y liberales, entre ellos organizaciones como el Partido por la Democracia (PPD) de “aprobar para reformar” o después para modificar la nueva Constitución, que en definitiva es un rechazo al texto emanado de la Convención.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) y el Partido Republicano (PR) anunciaron una serie de actividades, como capacitación y salidas a las calles, para trabajar por el rechazo, y están afinando contenidos de la campaña a iniciarse el 6 de julio. Eso, después que todas esas colectividades acordaran no esperar el texto final de la nueva Carta Magna y llamaran a rechazar.
Desde las orgánicas de la derecha se plantea ir a sectores sociales a dialogar y capacitar, y desarrollar “una campaña ciudadana” donde no se vean ni visualicen las colectividades de derecha o ultraderecha. Una de las decisiones es que los partidos de derecha, sus dirigentes y parlamentarios, no estén en la primera línea de promoción del rechazo, sino que asuman ese rol dirigentes sociales y territoriales y personas conversadoras pero sin militancia. Junto a aquello, hace un mes el presidente de RN, Francisco Chahuan, expresó que “los partidos estaremos en segunda línea, pero no seremos irrelevantes. Tenemos musculatura en todo el país”.
En RN se están capacitando “facilitadores constitucionales”, los republicanos están organizando los “diálogos constitucionales”, mientras la derecha busca consolidar una presencia y activismo del rechazo en espacios públicos.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), declaró que “esta propuesta constitucional divide a los chilenos” y aseveró que “el país está absolutamente polarizado”, sumándose a las apreciaciones de que gana el rechazo. Opinó que el nuevo texto “desconoce derechos que pueden tener algunos” y que constituye un riesgo “para la democracia, la seguridad, las inversiones, crecimiento y empleo”, en la línea de generar temores en la población.
En el tono duro, el senador ultraderechista Rojo Edwards, llamando a votar rechazo, declaró que “los cambios constitucionales en Latinoamérica son propuestos por izquierdas extremas y terminan en gobiernos en que los políticos les quitan libertades a las personas”.
El senador Felipe Kast, de Evópoli, colectividad que se había presentado como liberal, dijo hace tiempo que “la Convención fracasó y no voy a apoyar un texto constitucional que divide a Chile”. En el derrotero de rechazar, el legislador de derecha advirtió que “voy a trabajar con mucha intensidad para que este texto no sea la nueva Constitución.
Uno de los puntos que instalan los grupos del rechazo, es que no es necesario leer o analizar el texto de la nueva Carta Magna, porque está hecho por sectores de izquierda o convencionales indígenas, insistiendo en que se trata de un documento “refundacional”. El diputado de la UDI, Manuel Fuenzalida, afirmó que “no es necesario conocer el texto completo, porque hay varias situaciones cuestionables que están establecidas”.
Los sectores de derecha, conservadores y que rechazan una nueva Constitución, apuestan a desarrollar una campaña o una labor que contempla:
- Desacreditar la labor de la Convención Constitucional.
- Insistir en que los contenidos del nuevo texto constitucional son mediocres y no representan los intereses de la gente.
- Sostener que la nueva Constitución divide a chilenas y chilenos.
- Buscar una “tercera vía”, un Plan B, crear una comisión de expertos, llevar a que finalmente el texto constitucional lo defina el Parlamento.
En el desarrollo de toda esa estrategia están cumpliendo un rol el Instituto Libertad y Desarrollo, el Instituto Libertad, Horizontal, el Centro de Estudios Públicos, la Fundación Jaime Guzmán, entre otras entidades.
Un esfuerzo sistemático y con gastos millonarios se está desarrollando a través de las redes sociales promoviendo el rechazo y desacreditando la labor de la Convención Constitucional.