Desde abril, la Tesorería General de la República ejecuta por instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el operativo de cobro más agresivo en la historia del Crédito con Aval del Estado: persigue a más de 550 mil deudores morosos por una deuda acumulada que supera los $4 billones.
Santiago. 17/06/2026. Los relatos comenzaron a viralizarse en redes sociales hace dos semanas. Diferentes personas denunciaron que la Tesorería General de la República (TGR) les retiró el 100% del dinero disponible en sus cuentas bancarias, sin distinguir si esos fondos correspondían a sueldo recién depositado o a ahorros acumulados durante años. Y el impacto no se limitó a las cuentas de bancos, la TGR amplió el cobro con embargos de bienes raíces en regiones como Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, con anuncio de extenderlos a todo el país, y advirtió que estas propiedades podrían llegar a remate judicial si la deuda no se regulariza.
Para una parte importante de los deudores, muchos de ellos profesionales que pagaron años de carrera con este crédito y hoy enfrentan sueldos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, la amenaza ya no es solo la deuda histórica con el Estado, sino la pérdida inmediata de la liquidez con la que viven mes a mes.
Las voces que han cuestionado la medida
El golpe al bolsillo no pasó inadvertido en el debate público, mientras el Gobierno aseguraba que los cobros fueron solo a personas de altos ingresos, fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tuvo que admitir que hubo embargos a personas con ingresos inferiores a los $3,5 millones mensuales, umbral de cobro que el Gobierno había fijado.
El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, tras el cruce entre Quiroz y el expresidente Boric, quien también criticó el «vaciamiento intempestivo» de cuentas, calificó los dichos del ministro como muestra de «arrogancia» e «intolerancia» frente a posiciones distintas, pidiéndole que «fuera más ministro que activista» y que aprenda a «intercambiar» y «acoger» en la construcción de políticas públicas.
El lunes 15 de junio, diputados de las bancadas del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana entregaron al presidente José Antonio Kast una misiva donde expresaron su «profunda preocupación por los embargos y el vaciamiento de cuentas bancarias» y por las «familias completas que han quedado sin fondos para enfrentar sus gastos básicos». El documento contiene tres peticiones concretas: frenar de inmediato el cobro administrativo de la Tesorería y dar solución urgente a quienes ya tuvieron sus cuentas vaciadas; aclarar los criterios y mecanismos de cobro empleados; y dar urgencia a los proyectos de ley presentados para aliviar a los deudores y humanizar el proceso. La jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, pidió al Ejecutivo «que termine con esta lógica de recriminaciones, de pelea chica, de echarnos la culpa entre distintos sectores políticos», mientras que el presidente del PPD, Raúl Soto, ironizó señalando que el Gobierno ha mostrado «mucha más voluntad de entrometerse en las cuentas corrientes de los deudores educacionales, que la voluntad que han puesto para, por ejemplo, intervenir las cuentas corrientes del crimen organizado».
Desde el sector comunista también llegó una lectura de fondo sobre las motivaciones del Gobierno. El exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), sostuvo que la decisión de avanzar con los embargos, en lugar de priorizar una salida legislativa, responde a «una concepción ideológica muy clara» sobre el rol del Estado, «mucho más clásica, cercana a la de los 80, del momento en que se funda la actual Constitución». «Es un poco terminar la obra de Jaime Guzmán», afirmó. Cataldo defendió además la gestión del proyecto Financiamiento para la Educación Superior (FES) durante el gobierno anterior que pretendía eliminar definitivamente la lógica de «endeudarse para estudiar”, recordando que fue ingresado a fines de 2024 y aprobado en la Cámara de Diputados, y atribuyó el estancamiento en el Senado a la falta de mayoría de la entonces oposición en esa instancia: «nadie puede decir que no hubo debate, por lo tanto, yo no entiendo que haya alguna razón para no haber aprobado el proyecto».
El proyecto «Sueldo Protegido»: la respuesta legislativa que impulsa el PC
La iniciativa legislativa más concreta de este malestar es el proyecto de ley «Sueldo Protegido», presentado por un bloque transversal de diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido de la Gente y Democracia Cristiana. Su autora es la diputada comunista Daniela Serrano, quien ha sido la voz más dura en responsabilizar directamente al Ejecutivo: «el ministro Quiroz y este Gobierno son los responsables de que la Tesorería esté embargando sueldos de deudores del CAE», afirmó, agregando que se «aplicó un vaciamiento de cuentas bancarias a familias chilenas que en estos momentos no tienen idea de cómo llegar a fin de mes».
La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para cerrar un vacío legal. El artículo 57 de ese cuerpo legal protege el sueldo de embargos cuando se cobra «en la fuente», es decir, directamente al empleador, pero esa protección se diluye en el momento en que el dinero ya está depositado en una cuenta bancaria. Ahí, tanto los bancos como la TGR no distinguen entre remuneración y ahorro, y embargan el total. El proyecto plantea, en sus propios fundamentos, que las cobranzas masivas «omiten deliberadamente la precariedad del mercado laboral actual y la imposibilidad fáctica de pago de un alto porcentaje de los deudores», y que han «expuesto a miles de profesionales y técnicos a una situación de extrema vulnerabilidad patrimonial».
En concreto, la propuesta de Serrano busca hacer extensiva la inembargabilidad de los sueldos a las cuentas corrientes, vista y de ahorro, evitando lo que la diputada definió como «una interpretación mañosa de parte de la Tesorería». El proyecto, sin embargo, ya generó fricciones con la UDI: los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann lo calificaron de «irresponsable», advirtiendo que una protección amplia sobre el dinero depositado podría dificultar también el cobro judicial de pensiones de alimentos, que opera bajo una lógica de embargo bancario similar.
La asamblea de deudores y el llamado a movilización
En paralelo a la discusión legislativa, el malestar social encontró un cauce propio. La tarde del lunes 15 de junio, cerca de 500 personas —entre deudores, dirigentes sindicales, asesores jurídicos y profesores— participaron en la primera asamblea de un nuevo movimiento de Deudores del CAE, realizada en la sede central de la CUT en formato híbrido. «La convocatoria nace de deudores propiamente tales y de la necesidad de generar un movimiento articulado. Vemos que por parte del Congreso no ha habido mucha respuesta y necesitamos con urgencia comenzar a articular un movimiento», explicó Diego Martínez, uno de sus integrantes.
La asamblea acordó retomar la demanda histórica de condonación de la deuda, planteada por el movimiento estudiantil desde 2011, diferenciándose así de la Coordinadora Nacional de Deudores, que ha impulsado la consigna del «pago justo». Sobre la urgencia inmediata de los embargos, Martínez fue tajante: «la demanda principal es que se frenen y que todos los embargos a las cuentas sean restituidos», apuntando responsabilidades directas al presidente Kast y al ministro Quiroz.
Consultado sobre el proyecto Sueldo Protegido y otras mociones parlamentarias, el dirigente valoró el gesto, pero «no podemos quedarnos esperando las opciones, si bien es bienvenido lo que haga la oposición». En esa misma línea, criticó que el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) —hoy estancado en el Senado— haya abandonado en su versión final la condonación que sí estuvo presente en propuestas programáticas anteriores.
El encuentro cerró con la constitución de comisiones jurídicas y de agitación, y con un acuerdo concreto: convocar a una movilización nacional para el próximo 25 de junio, organizada de manera descentralizada a través de comisiones regionales y sin sumarse a la convocatoria paralela de la Coordinadora Nacional de Deudores. «El deudor de CAE está en todo Chile y la idea es que la movilización tenga esa característica, que sea una movilización nacional», cerró Martínez.