Así lo señaló Aida Chacón Barraza, experta laboral y exdirectora del Instituto de Salud Laboral, quien aseveró que en el país “se requieren mejores empleos, más cuidado y más tiempo para las familias”, lo que no se viabiliza con el proyecto de la administración de José Antonio Kast. Añadió que “como esta megareforma o ley para los ricos, que se instala desde el gobierno, afecta directamente a las familias chilenas y quienes llevan la principal carga en ese ámbito somos las mujeres” y enfatizó que el proyecto “apunta al debilitamiento del rol del Estado justamente en áreas donde las mujeres dependen más de la protección pública”. Esta ingeniera civil industrial se convirtió hace unas semanas en la encargada del nuevo Departamento de Trabajo y Seguridad Social de Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y abordó situaciones laborales de trabajadoras y trabajadores en este gobierno de extrema derecha. Sobre el retiro que hizo esta administración del proyecto de negociación ramal, Chacón dijo que “era algo esperable” y que “la propuesta permitiría igualar un poco la cancha en la que se juegan empresarios y trabajadores, para negociar condiciones mínimas para el trabajo decente”. Expresó que “la flexibilización de las condiciones laborales, es decir, en vez de que el Estado empareje la cancha, este gobierno propone lo contrario, con una Dirección del Trabajo debilitada en sus atribuciones, la eliminación de la franquicia para capacitación y empleo, reduciendo el costo del despido -la propuesta es que los mismos trabajadores ahorren para su indemnización-, entre otras medidas”.
Hugo Guzmán R. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/6/2026. Estuvo a cargo del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) durante el gobierno de Gabriel Boric y le tocó conocer más cercanamente la realidad laboral de trabajadoras y trabajadores y ver la manera de garantizarles derechos. Ahora asumió como encargada del nuevo Departamento de Trabajo y Seguridad Social de Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), y seguirá muy de cerca todo lo relacionado con políticas laborales.
Aída Chacón Barraza, ingeniera civil industrial, militante del Partido Comunista, advierte particularmente sobre el escenario difícil para las mujeres trabajadoras y lo negativo de que el gobierno haya retirado el proyecto de negociación ramal sin siquiera discutirlo, evitando un equilibrio simétrico entre empleados y empleadores.
¿Por qué crear el Departamento de Trabajo y Seguridad Social de ICAL?
Responde al contexto político tan adverso para trabajadoras y trabajadores, al menos, con las primeras medidas del gobierno. Estamos frente a una ofensiva conservadora peligrosa por el alto riesgo de retroceso en derechos. En ese marco, estamos seguros de ser un aporte para el mundo del trabajo que hoy requiere más elaboración, más formación, más capacidad de propuesta y mayor articulación entre pensamiento crítico y organización social. Y eso desde un centro de pensamiento de izquierda como lo es el ICAL.
¿Qué actividades, análisis o investigaciones piensan realizar, en qué ámbitos?
En primer término, en la línea de aportar a la reflexión en los ámbitos laborales, estamos elaborando un análisis de coyuntura mensual. Pretendemos también aportar en ámbitos de formación en temáticas esenciales para los sindicatos y organizaciones sociales, desde el análisis crítico. Para ello, nuestra planificación contiene retomar la publicación semestral de la Revista Laboral de ICAL, aportando a la reflexión política y al análisis técnico. Un programa formativo que abordará diversos ámbitos del movimiento sindical, derechos individuales y colectivos, seguridad social, innovación y tecnología. En esa línea, estamos considerando realizar diversas actividades de capacitación a través del Organismo Técnico de Capacitación de ICAL. Contemplamos, asimismo, participar en instancias de discusión, mesas de trabajo y espacios donde se debatan políticas laborales y de seguridad social, aportando a la discusión pública y programática desde el ICAL. En ámbitos relativos a los salarios y condiciones de vida. Sindicalismo, negociación colectiva y organización de trabajadoras y trabajadores. Seguridad social, pensiones y cuidados. Seguridad y Salud Laboral. Empleo público y defensa del rol público. Género, trabajo y organización y Nuevas formas de trabajo, plataformas y cambio tecnológico.
¿Cómo estás viendo la discusión del salario mínimo, se impondrá una precaria alza como lo plantea el gobierno, qué impacto tiene en los trabajadores?
Preocupante, porque tenemos una inflación que se vuelve visible cuando vamos a la feria, vemos que el alza de los combustibles ha pegado fuerte a las familias y eso se traduce en que la mayoría de los chilenos ya no alcanza a cubrir lo mínimo. Cada vez hay más trabajadores adultos mayores, que a pesar de estar jubilados deben seguir trabajando de manera formal o informal, a quienes, además, afecta directamente la reducción del salario mínimo para personas mayores. En síntesis, las familias tienen necesidades y este escenario los empuja a mayor informalidad, porque eventualmente se verán expuestos a contar con uno o más fuentes laborales y eso afecta a la calidad de vida, yendo totalmente en contra de lo propuesto con la reducción de la jornada laboral en 40 horas cuyo objetivo era aportar a tiempo familiar.
Continúa como un tema delicado el desempleo femenino. Las últimas cifras no son buenas. ¿Qué factores están influyendo en el deficitario empleo formal femenino?
Las políticas públicas tienen sentido y direccionamiento, es así como esta megareforma o ley para los ricos, que se instala desde el gobierno, afecta directamente a las familias chilenas y quienes llevan la principal carga en ese ámbito somos las mujeres. Esta reforma apunta al debilitamiento del rol del Estado justamente en áreas donde las mujeres dependen más de la protección pública: cuidados, empleo, vivienda, salud y seguridad social. Cuando el Estado recauda menos, termina debilitando las ayudas que permiten a las mujeres tomar un rol más activo en el campo laboral, no solo la sala cuna universal -que es un gran proyecto- promueve la inserción laboral femenina, también la ley de cuidados, el acceso a la vivienda -que se ve afectado por la reforma en la propuesta inmobiliaria propiciando la inversión y no facilitando el acceso a viviendas socialmente asequibles-, la cobertura de la salud primaria, entre otros aspectos que afectan directamente a que las mujeres puedan acceder a empleabilidad formal y con justicia salarial. Ante esa realidad fructifica el empleo informar y precario. En otro ámbito también se plantea recortar los recursos y eliminar el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) que otorga una franquicia tributaria a las empresas que capacitan a sus trabajadores, pero este Servicio también tiene otras funciones que es el apoyo a las OMIL (Oficinas municipales de inserción laboral) que constituyen una muy buena herramienta que aporta desde los municipios al acercamiento de las oportunidades laborales con las personas y el otro eje que es el incentivo a la contratación de mujeres, jóvenes y trabajadores mayores a cierta edad, con la finalidad de reducir el desempleo de estos grupos, normalmente más precarizados. Por eso esta reforma va al revés de lo que la sociedad necesita para ser más sana y más feliz. Se requieren mejores empleos, más cuidado y más tiempo para las familias. Por eso esta reforma también es en contra de las trabajadoras.
¿Qué impacto tuvo que el gobierno retirara el proyecto de negociación ramal?
Era algo esperable, debemos reconocer que se presentó muy tarde, no hubo espacio de levantar la discusión y comprensión de la ciudadanía. Es un proyecto que aún presenta muchos desafíos y espero que en un próximo gobierno se reactive. La propuesta permitiría igualar un poco la cancha en la que se juegan empresarios y trabajadores, para negociar condiciones mínimas para el trabajo decente, más allá de las que hoy existen. Es evidentemente un proyecto que el mundo empresarial verá con desconfianza y este es su gobierno, lamentablemente no se dan el espacio para analizar que el aporte de las y los trabajadores con mejores condiciones laborales es un beneficio para las empresas. Además, la fragmentación sindical que muestra la realidad nacional devela un gran problema para el mundo laboral, que es cuán profundo ha calado el individualismo. Aun cuando el aspecto solidario es fundamental, como por ejemplo en Seguridad y Salud laboral en el marco de una negociación ramal, donde se pueden poner en la base el cumplimiento de estándares de seguridad mínimos para cuidar la vida de las y los trabajadores, independiente de la empresa en la que se desempeñen.
Tú estuviste a cargo del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Qué quedó pendiente, dónde deberían estar los énfasis ahora?
Quedaron varias cosas importantes, voy a mencionar solo dos que, a mi parecer, son estratégicas. Primero, lograr que la calificación de enfermedades sea autónoma de los organismos administradores de la Ley 16.744, más conocidos como las mutualidades, quienes hoy son juez y parte. Esto es algo muy sentido por las organizaciones de trabajadores. Por ejemplo, si tienes sospecha que sufres una enfermedad profesional, haces la denuncia, ¿Dónde? En tu mutualidad y son ellos quienes determinan si es laboral o no, por lo tanto si ellos mismos cubrirán sus gastos o no, el resultado es que de cada 100 denuncias, sólo alrededor de 15 a 20 son consideradas laborales, las demás las debe cubrir la persona con su seguro de salud común. Entonces empieza un largo camino para las y los trabajadores en la Superintendencia o en Tribunales, para lograr que el organismo administrador o mutualidad cubra los costos de esta enfermedad. Hubo un proyecto durante el gobierno anterior, mejorable por cierto, para corregir esto mediante un organismo autónomo, que no prosperó, eso sigue pendiente. En otro ámbito, el ISL es el único organismo administrador que aporta al Seguro Escolar, que protege a quienes cursan estudios en el país desde la sala cuna hasta las prácticas profesionales, es un seguro universal y poco conocido que -hasta el momento – cubre solo accidentes. Actualmente la responsabilidad de este seguro recae en el Ministerio de Salud – a través de sus secretarías regionales ministeriales- y el ISL. Bueno, aquí existe una cuestión pendiente y se refiere a reconocer que existen situaciones de salud mental provocadas en el espacio escolar y hoy este seguro no cubre, dejando a muchos estudiantes y a sus familias en una situación de abandono, más complejo aún si consideramos que los tratamientos de salud mental son largos y de alto costo. Nuestra mirada debe ser de sociedad, estudiantes sanos generan espacios sanos y eso no es solo algo que afecta a un grupito, es una realidad nacional.
La fusión de ministerios y recortes presupuestarios a ministerios, ¿traerá despidos y desempleo en el sector público?
Es evidente que sí, pues es imposible reducir costos en algunos servicios sin afectar a la cantidad de personas que hoy aporta a resolver y responder en esos servicios a la ciudadanía. En este sentido hay ámbitos altamente sensibles, como lo son la educación, la salud, los gobiernos locales que son quienes están más cerca de la población. Hablar de eficiencia sin conocer la realidad de los servicios es lo que demuestran algunas declaraciones. Siempre es posible ser más eficientes, sin embargo, para eso se requiere planificación, inversión y sobre todo tiempo. La mirada debe ser de Estado y no solo de gobierno, un proyecto que mejore un servicio, tanto en su eficiencia como en su eficacia, hacerlo mejor y de mejor manera, puede significar cuatro o más años y eso supera el espacio de un gobierno, por lo tanto, la mirada en el Estado no puede ser de corto plazo, nos arriesgamos a que el remedio sea peor que la enfermedad, gastemos más y mal.
¿Dónde situarías peligros para las y los trabajadores con las políticas que está implementado este gobierno?
La flexibilización de las condiciones laborales, es decir, en vez de que el Estado empareje la cancha, este gobierno propone lo contrario, con una Dirección del Trabajo debilitada en sus atribuciones, la eliminación de la franquicia para capacitación y empleo, reduciendo el costo del despido -la propuesta es que los mismos trabajadores ahorren para su indemnización-, entre otras medidas. Queda claramente expuesto que esta administración es pro empresarios, sin embargo -y a pesar de esto- la mirada es de corto plazo y anacrónica, pues ve en una fuerza laborar diezmada la ganancia y no es capaz de fomentar el trabajo decente como fuente de desarrollo e impulso económico, como lo ha propiciado la propia OIT. Con esta realidad el peligro está en no contar con organizaciones suficientemente claras y fuertes para enfrentar esta mega reforma.