El experto de la Corporación Ciudadanía y Justicia, Iban de Rementería, además cuestionó que perseguir incivilidades en barrios y poblaciones de más de 300 comunas en todo el país, distraerá “grandes contingentes policiales y de guardias municipales de la prevención y control de otros hechos, que sí son delitos”. Enfatizó que “a quienes más afectarán estas medidas de seguridad serán a los sectores populares”. Sobre los copamientos policiales que anunció el Presidente Kast en zonas consideradas críticas en materia de delincuencia, el experto señaló que serán “de una intervención efímera y superficial”. Y en cuanto a la Ley Escuela Segura, expresó que “no tendrá ninguna capacidad de resolver los problemas de violencia en los establecimientos educacionales”. Rementería habló de las capacidades en el gobierno para implementar una política de seguridad pública y sentenció que “el ministro Arrau no sabe del tema, pero es el brazo ejecutor del Presidente Kast, que tampoco sabe del tema, ellos suponen que una ‘represión espectacularizada’ resuelve el asunto para la gente”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 7/6/2026. ¿Tendrá un efecto real un registro nacional de vándalos e incivilidades en la mejora de la seguridad pública?
El registro de vándalos es una manera sistemática de discriminar a los jóvenes en general y a los manifestantes en particular, así como también a los grafiteros que son una forma de expresión y protesta social. Asimismo, a las personas que comenten incivilidades como beber o consumir drogas en la vía pública o pintar grafitis, o dormir, o tener relaciones sexuales, en ella. Obviamente ese listado de infractores incivilizados será el instrumento para negarles diversos derechos y ayudas a las personas más necesitadas de nuestra sociedad.
Uno no se imagina a carabineros, guardias municipales, en barrios y poblaciones de más de 300 comunas de todo el país persiguiendo gente que cometa incivilidades.
Las incivilidades son un concepto ambiguo y no definido que permite extender la acción penal a diversas conductas molestas o arbitrarias pero que legalmente no constituyen delitos ni faltas. Sin embargo, estas actuaciones no tan solo pueden llegar a ser arbitrarias y abusivas, además, distraerán grandes contingentes policiales y de guardias municipales de la prevención y control de otros hechos, que sí son delitos y realmente afectan la integridad y bienes de las personas.
¿Coincide en que ese registro afectará sobre todo a ciudadanía de sectores populares?
Obviamente a quienes más afectarán estas medidas de seguridad serán a los sectores populares, quienes a la vez, serán los más perseguidos como presuntos culpables, y que asimismo verán sus pocos recursos policiales preventivos y de control distraídos de sus tareas principales.
¿Es buena medida el copamiento policial de barrios definidos como críticos en materia delincuencial?
Los copamientos policiales, que afectarán a los barrios populares, son de una intervención efímera y superficial como su duración y eficacia lo permita, pero será a no dudarlo un parte esencial del tratamiento de la delincuencia como un espectáculo, o si se quiere, será parte del espectáculo de “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
¿Y la Ley Escuela Segura para encarar la violencia en escuelas?
La Ley Escuela Segura no tendrá ninguna capacidad de resolver los problemas de violencia en los establecimientos educacionales, porque no prevé un sistema para la mediación de los conflictos, que esencialmente están motivados por conductas discriminatorias entre escolares y estudiantes, como tampoco prevé la participación de los estudiantes en la gestión de la institución educativa, pese a que está previsto por la ley en los Consejos Escolares. El tema central aquí es la participación de los estudiantes en la gestión de las instituciones educativas, asunto que se viene planteando desde el Grito de Córdoba (1918) y por la más universal movilización de estudiantes de 1968, que en Chile llevo a la cogestión universitaria, suprimida hasta ahora por el golpe militar de 1973.
¿Le parece errático, o no tanto, el desempeño del Ministerio de Seguridad Pública, con atrasos de planes, despidos de subsecretarios, confusiones, errores?
La seguridad ciudadana es un asunto esencialmente político social y no penal solamente. La ministra (Trinidad) Steinert sólo operó como fiscal y por eso fracasó. El ministro (Martín) Arrau no sabe del tema, pero es el brazo ejecutor del Presidente (José Antonio) Kast, que tampoco sabe del tema, ellos suponen que una “represión espectacularizada” resuelve el asunto para la gente. Pero, lo central es que el país es uno de los más seguros de mundo. Si no hay problema de seguridad pues es poco lo que se puede hacer, que no sean espectáculos con los cuales calmar el temor de la población, que a la vez y paradojalmente, es uno de los con más miedo en el mundo.
¿Cómo definiría la filosofía o tesis de este gobierno en materia de seguridad?
La tesis profunda del gobierno en seguridad es mantener la tensión para así contar con los recursos, normas, capacidades y respaldos ciudadanos, que permitan reprimir cualquier proceso de protesta ciudadana por sus medidas económicas y sociales, que son esencialmente antipopulares: se trata de estar preparados para cualquier “estallido social II”.