Es ( ) un ejercicio gramático de hegemonía: presenta la destrucción del Estado social como “equilibrio fiscal”, el desmantelamiento de programas como “eficiencia”, y el congelamiento del gasto como “responsabilidad”. Nadie que lo lea se imagina que está leyendo un acto de guerra de clases. Ese es, precisamente, el éxito ideológico del documento. El oficio reivindica con orgullo la instalación de un “nuevo paradigma”: la primacía del mediano plazo sobre el corto plazo en la gestión presupuestaria. Habla de “coherencia entre planificación, presupuesto y resultados”, de “alineación con prioridades estratégicas”, de “resultados verificables”. Nada de eso es nuevo. Es el lenguaje del New Public Management, la teoría de gestión pública diseñada en los años ochenta para aplicar la lógica del mercado y la empresa privada al Estado. Lo que en Chile experimentó como laboratorio de choque en los años setenta, el mundo neoliberal fue exportando como “modernización” durante las siguientes décadas.
Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. 26/4/2026. “Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes; es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante”. Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (1846).
I. Cuando la tecnocracia habla, el capital actúa.
Un documento de cuatro páginas, firmado el 21 de abril de 2026 por el Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Castro y dirigido a todos los ministerios del gobierno Kast, ha inaugurado lo que probablemente sea el proceso de desmantelamiento más sistemático del Estado social chileno desde los tiempos de Chicago. El Oficio Circular N°16 es, en toda la extensión del concepto marxista, un instrumento de clase: la forma jurídica-administrativa que adopta la voluntad del capital financiero para reorganizar el Estado a su imagen y semejanza.
Sería un error leer este oficio como un simple ejercicio de contabilidad pública. Marx nos enseñó que el Estado no es una entidad neutral flotando por encima de los conflictos sociales, sino la condensación de la correlación de fuerzas entre las clases. El presupuesto público es, en ese sentido, la expresión más concreta y material de cuál clase manda. Toda decisión de asignación de recursos es una decisión política, y toda decisión política tiene un sujeto beneficiario y un sujeto perjudicado. La pregunta no es si el Oficio Circular N°16 tiene consecuencias distributivas, las tiene sin duda, y son devastadoras, sino a quién beneficia y a quién perjudica.
El documento se presenta a sí mismo como una respuesta técnica ante una “situación desafiante y compleja de las finanzas públicas”. Pero esa presentación es, ella misma, ideología en el sentido marxista: la representación fetichizada de relaciones sociales de poder como si fueran relaciones entre cosas, entre números, entre “techos presupuestarios” y “marcos de mediano plazo”. Detrás de esos conceptos intencionadamente asépticos late una pregunta política brutal: ¿quién paga la crisis del capital y quién se beneficia del ajuste?
“Las finanzas públicas son el único método políticamente admisible de transferir recursos a los grupos dominantes sin que ello aparezca como una transferencia directa de la clase trabajadora a la clase propietaria”. James O’Connor, La crisis fiscal del Estado (1973).
II. El ajuste permanente: acumulación por desposesión en el Estado
El corazón del Oficio Circular N°16 es la implantación de un “límite máximo de gasto” que ninguna institucionalidad pública podrá superar: el presupuesto ejecutado en 2026, descontados los dos ajustes fiscales ya implementados en marzo y abril de ese año. Traducido al lenguaje de la lucha de clases: el Estado se encoge, y ese encogimiento se congela para los próximos cinco años (2027–2031). No es un ajuste transitorio. Es un ajuste estructural y permanente, diseñado para que ninguna correlación de fuerzas futura, ni siquiera un gobierno posterior, pueda revertirlo fácilmente sin romper el marco jurídico que esta arquitectura presupuestaria va instalando.
David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” al proceso mediante el cual el capital, cuando agota sus vías de expansión internas, recurre a apoderarse de los bienes comunes y servicios públicos que habían sido conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. La privatización, la liberalización financiera, la supresión de los derechos sociales: todas son formas de esta acumulación. Lo que hace el gobierno de Kast con este oficio es algo más sofisticado: no privatiza directamente, sino que destruye por inanición. Al congelar el gasto nominal, en un contexto de inflación, envejecimiento de la población y demandas sociales crecientes, el resultado práctico es un recorte real y progresivo del Estado cada año del período. El mercado avanza no porque se lo hayan entregado, sino porque el Estado se ha retirado.
La minuta técnica adjunta al oficio lo deja en evidencia sin siquiera ruborizarse: los ministerios deben “encontrar en niveles restrictivos de gasto los espacios que les permitan financiar las iniciativas gubernamentales, y no esperar crecimientos permanentes respecto de los años anteriores”. Que se traduzca: el único crecimiento que se financia es el que beneficia al programa político del gobierno. El resto se estrangula. La educación pública, la salud preventiva, los programas de acceso de los sectores populares a la universidad: esos deben achicarse para que quepan los compromisos ideológicos de la derecha radical.
El “techo de gasto” no es una restricción técnica. Es una decisión política disfrazada de matemática. Toda restricción presupuestaria es, en última instancia, una afirmación sobre quién debe cargar el costo de la reproducción social.
III. El “cambio de paradigma” o la larga sombra de Pinochet
El oficio reivindica con orgullo la instalación de un “nuevo paradigma”: la primacía del mediano plazo sobre el corto plazo en la gestión presupuestaria. Habla de “coherencia entre planificación, presupuesto y resultados”, de “alineación con prioridades estratégicas”, de “resultados verificables”. Nada de eso es nuevo. Es el lenguaje del New Public Management, la teoría de gestión pública diseñada en los años ochenta para aplicar la lógica del mercado y la empresa privada al Estado. Lo que en Chile experimentó como laboratorio de choque en los años setenta, el mundo neoliberal fue exportando como “modernización” durante las siguientes décadas.
Lo que en realidad significa este “cambio de paradigma” es el traslado de la soberanía presupuestaria desde el Congreso Nacional, que debe aprobar el Presupuesto año a año, hacia un Marco de Mediano Plazo (MMP) definido por el Ejecutivo y por la Dirección de Presupuestos. En la práctica, las decisiones sustantivas sobre el nivel y la composición del gasto se toman en el MMP, y el Presupuesto anual es apenas su primera columna. La deliberación democrática se desplaza, la función política se debilita hasta hacerla irrelevante; el capital obtiene lo que siempre ha querido: certeza sobre el rumbo del Estado por cinco años, independientemente de lo que vote la ciudadanía. Es la constitucionalización del neoliberalismo por vía presupuestaria.
Gramsci tenía razón cuando sostenía que la hegemonía burguesa no se sostiene solo por la fuerza, sino fundamentalmente por el consenso: la capacidad de hacer aparecer los intereses particulares de la clase dominante como los intereses generales de toda la sociedad. El Oficio Circular N°16 es, en ese sentido, un ejercicio gramático de hegemonía: presenta la destrucción del Estado social como “equilibrio fiscal”, el desmantelamiento de programas como “eficiencia”, y el congelamiento del gasto como “responsabilidad”. Nadie que lo lea se imagina que está leyendo un acto de guerra de clases. Ese es, precisamente, el éxito ideológico del documento.
“La hegemonía es la capacidad de una clase de presentar sus propios intereses como los intereses de toda la sociedad, de tal modo que otras clases los acepten como naturales e inevitables”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (1929-1935)
IV. La educación como mercancía: lo que el anexo realmente dice
Si el cuerpo del oficio circular es ideología en estado puro, el Anexo del Ministerio de Educación es materialismo histórico aplicado: aquí se puede leer, con una nitidez perturbadora, el proyecto de clase del gobierno Kast para la educación chilena. El documento propone descontinuar o recortar el 53,9% de los programas educativos del Estado. Es una declaración de intenciones, no un error de cálculo.
Revisemos lo que ese 53,9% significa en la vida concreta de los hijos e hijas de la clase trabajadora. El Programa de Alimentación Escolar (PAE), con más de un billón de pesos ejecutados en 2025, aparece en la lista de programas a descontinuar. No a recortar. A eliminar. Es el programa que garantiza que una niña de La Pintana, cuya madre trabaja como asesora del hogar y cuyo padre está en la construcción, tenga algo que comer en el colegio. Ese programa no sobrevive el “análisis de eficiencia” del capital. El PACE, el sistema que permitía a estudiantes sobresalientes de liceos vulnerables acceder a la universidad más allá del puntaje PSU, también se recomienda eliminar. En el lenguaje del documento: “descontinuar”. En el lenguaje de las familias populares: cerrar la puerta a la educación superior a los hijos de la clase trabajadora.
El Capital de Marx comienza su análisis con la mercancía: esa forma particular en que el trabajo humano se objetiva y se somete al intercambio. Lo que el gobierno Kast hace con la educación es, exactamente, someterla a esa misma lógica: todo programa que no demuestre “resultados verificables” y “relación costo-efectividad” debe eliminarse o reducirse. Pero ¿cómo cuantificas el valor de que un niño llegue nutrido al colegio? ¿Cómo mides el “costo-efectividad” de que la hija de un obrero llegue a estudiar medicina? Esos valores no caben en la lógica de la mercancía. Por eso el capital los elimina: porque no son cuantificables en términos de rentabilidad, y porque garantizarlos implica redistribuir el excedente desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables.
El Programa de Alimentación Escolar alimenta a más de un millón y medio de niñas y niños cada día. Eliminarlo es una decisión política sobre quiénes merecen comer.
El CAE: el capital financiero en el corazón del sistema
Pero quizás el dato más revelador del anexo es otro. El Crédito con Aval del Estado (CAE), ese instrumento que ha endeudado a más de 700.000 familias chilenas por décadas, ejecutó más de MM$ 899.379 en 2025. El documento lo califica de “ajuste presupuestario”: una reducción del 15%, sí, pero el programa subsiste. El CAE no se descontinua. El CAE se protege. Hay una lógica implacable detrás de esa asimetría: el PAE, que le da de comer a los niños pobres, no tiene lobby. El CAE, que le garantiza ganancias a la banca privada, sí. Lo que el anexo del Ministerio de Educación revela es la jerarquía real del gobierno Kast: primero los acreedores, después la infancia.
“El capital es trabajo muerto que solo se reanima, al modo del vampiro, absorbiendo trabajo vivo, y tanto más vive cuanto más trabajo vivo chupa”. Karl Marx, El Capital, Libro I (1867)
V. El “Estado mínimo”: a quién le sirve realmente
Existe una contradicción estructural en el discurso del “Estado mínimo” que el gobierno Kast propugna y que este oficio implementa. El Estado nunca es mínimo en términos absolutos: cuando se reduce para los trabajadores, se expande para el capital. Cuando se recorta la Subvención de Gratuidad universitaria (recomendada para ajuste), el mercado universitario privado gana terreno. Cuando se descontinua el PACE, los colegios particulares pagados consolidan su monopolio sobre el acceso a la educación superior. Cuando se elimina el PAE, los concesionarios privados del servicio de alimentación escolar que sobrevivan al recorte operarán con menos competencia.
Friedrich Engels tenía una formulación precisa para esto: el Estado como “comité de negocios de la burguesía’. No en el sentido simplista de que los capitalistas llamen por teléfono a los ministros y les den órdenes, aunque eso también ocurre, sino en el sentido estructural de que el Estado capitalista está organizado de tal manera que, cualquiera sea el gobierno, tiende sistemáticamente a defender las condiciones de reproducción del capital. Lo que Kast hace no es sino llevar esa tendencia a su expresión más descarnada: un Estado que abandona explícitamente su función redistributiva y se dedica a garantizar el equilibrio presupuestario que los mercados financieros demandan para prestarle al Estado a tasas razonables.
La minuta técnica del oficio lo dice con una franqueza casi inocente: “la trayectoria de gasto proyectada estará condicionada finalmente a la evolución del escenario macroeconómico y al cumplimiento de las metas de convergencia fiscal”. Las metas de convergencia fiscal no son leyes de la naturaleza. Son compromisos políticos con los mercados de capitales, con las agencias calificadoras de riesgo, con el FMI. Son las condiciones bajo las cuales el capital financiero internacional acepta seguir prestándole al Estado chileno. El gobierno Kast no gobierna para Chile. Gobierna para la calificación de riesgo de Chile. Y esa diferencia no es menor: determina quién come, quién estudia y quién se enferma.
Cuando el gobierno dice que “no hay plata” para alimentar niños en las escuelas, lo que en realidad dice es que los compromisos con la banca tienen prioridad sobre los compromisos con la infancia. Esa es una decisión ética y política.
VI. ¿Qué hacer? La respuesta popular ante el ajuste
Ante este escenario, la izquierda y los movimientos sociales chilenos deben abandonar la ilusión de que el capitalismo puede reformarse mediante buena voluntad técnica o gobiernos bien intencionados dentro de las reglas del juego que el propio capital ha diseñado. No estamos ante un gobierno con prioridades equivocadas. Estamos ante un gobierno con prioridades muy claras y muy coherentes: proteger los intereses del capital financiero, desmantelar el Estado social y disciplinar a la clase trabajadora mediante la precariedad y el miedo.
La respuesta no puede ser solo electoral. El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las organizaciones territoriales y las comunidades educativas deben articularse en una plataforma de defensa del presupuesto público que supere la lógica reactiva. No basta con decir “no al recorte del PAE”; hay que construir el relato que permita entender que el PAE, el PACE, la gratuidad y la educación pública no son gastos, sino inversiones en la reproducción social de la clase trabajadora. Y que cuando el capital las destruye, está apropiando plusvalía de otra manera: obligándole a las familias trabajadoras a pagar de su bolsillo lo que antes financiaba el Estado con los impuestos de todos.
Rosa Luxemburgo escribió que la alternativa histórica era socialismo o barbarie. En el Chile de 2026, esa barbarie tiene nombre y apellido, firma y fecha: Oficio Circular N°16, 21 de abril de 2026, firmado por Jorge Quiroz Castro. Nuestra tarea es que la historia recuerde esa firma como el momento en que la clase trabajadora chilena se organizó, se levantó y dijo basta.
“El capitalismo es una trampa mortal en la que hemos caído. O bien los socialistas vencen al capitalismo, o bien el capitalismo arrastra a la humanidad a una nueva barbarie”. Rosa Luxemburgo, ¿Reforma o revolución? (1900)
VII. A modo de conclusión: nombrar la guerra de clases
El Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda es un acto de guerra de clases. No lo digo en sentido metafórico ni panfletario. Lo digo en el sentido estrictamente materialista y marxista del término: una clase social, la burguesía financiera y sus representantes políticos, está utilizando el aparato del Estado para redistribuir la riqueza desde abajo hacia arriba, para desmantelar las conquistas históricas del movimiento obrero, y para reconfigurar el rol del Estado de modo que sirva con mayor eficiencia los intereses del capital.
El hecho de que lo hagan con Excel, con marcos de mediano plazo, con evaluaciones ex ante y con lenguaje de gestión pública no cambia la naturaleza del acto. La violencia de clase no siempre se ejerce con fusiles. A veces se ejerce con circulares administrativas, con techos presupuestarios, con reformas tributarias para los ricos y con el silencio de los tecnócratas que saben perfectamente lo que están haciendo, pero prefieren el eufemismo de la “eficiencia” al escándalo de decir la verdad: que están quitándoles el pan a los hijos de los trabajadores para garantizarle rentabilidad a los accionistas de la banca.
La clase trabajadora chilena tiene herramientas. Tiene historia. Tiene organización. Y tiene, sobre todo, la claridad que da la experiencia vivida: sabe lo que significa que le cierren la puerta de la universidad a su hija, sabe lo que significa que su hijo llegue con hambre al colegio, sabe lo que significa endeudarse por décadas para pagar una educación que debería ser un derecho. Lo que la izquierda chilena debe hacer en este momento es politizar ese saber, devolvérselo como conciencia de clase, articularlo como programa y movilizarlo como fuerza.
Porque al final, como decía Marx, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo.