El gobierno quería prisión preventiva y la Fiscalía arresto domiciliario para los estudiantes acusados de arrojar agua y empujar a la ministra de Ciencias y Tecnología, y patear un auto oficial. Sin embargo, quedaron con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de “acercarse a la víctima”.
“El Siglo”. Concepción. 21/4/2026. Entre llamados a no estigmatizar ni criminalizar al movimiento estudiantil se conoció la sanción de arraigo nacional, firma quincenal y “no acercarse a la víctima” (la ministra de Ciencias y Tecnología), contra los estudiantes de la Universidad Austral, María Jesús Madariaga, Joaquín Monje y Pablo Vásquez, por las acciones en contra de esa funcionaria en una protesta en esa casa de estudios.
El gobierno insistió en que se trató de un “atentado contra la autoridad” y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, planteó que se buscó contra los jóvenes “las medidas cautelares más gravosas”, pidiendo presión preventiva, mientras que la Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno. Esa tipificación de delito tiene que ver con resistir con violencia o intimidar gravemente a la autoridad, hacer uso de fuerza o intimidación, y/o tomar venganza. Sin embargo, a los estudiantes se les acusó de arrojar agua, empujar a la ministra Ximena Lincolao y patear un vehículo oficial. Por eso, hubo comentarios en redes sociales y medios de prensa de que la tipificación de la acción y las sanciones que se pidieron, eran exageradas y sobredimensionadas. El relato construido por el gobierno fue seguido al pie de la letra por la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien expresó que las actuaciones de los estudiantes “son especialmente graves porque afectan directamente a unas autoridades”.
Cuando estaban identificados por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, esa entidad policial arremetió con fuerza y violencia para entrar a los hogares y lugares donde estaban los estudiantes, como si se tratara de peligrosos criminales.
Finalmente el juez a cargo dictaminó las sanciones, sin llegar a las duras medidas solicitadas por el gobierno y la Fiscalía.
Las Juventudes Comunistas y el Frente Estudiantil (del Frente Amplio), fijaron una posición frente a la detención de los tres estudiantes de la Universidad Austral, y en una declaración pública indicaron particularmente que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, “se sirve de un hecho aislado para levantar un show mediático y no atender las preocupaciones de la ciudadanía” y señalaron que “resulta vergonzoso que estos hechos tengan más relevancia para el gobierno que la lucha contra el crimen organizado, mientras el índice de homicidios e intentos de homicidios en el país aumentó un 36.8% desde que inició esta administración”.
Tanto las JJCC como el FE del FA ratificaron que la protesta realizada en la UAV no fue convocada u organizada por esas organizaciones y rechazaron que “este caso sea utilizado como una cortina de humo para ocultar la agenda autoritaria del gobierno”.
Hicieron ver que el fuerte operativo policial para detener a los tres estudiantes, ocurriera “el mismo día de la discusión parlamentaria del proyecto ‘Escuelas protegidas”, que busca criminalizar el movimiento estudiantil, restringiendo beneficios sociales como la gratuidad y otros”.
Respecto a los jóvenes que fueron detenidos, las JJCC y la FA indicaron que “exigimos que la investigación avance libre de presiones políticas y comentarios del gobierno”.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Ivania Garrido, dijo que “nos preocupa profundamente que exista un aprovechamiento político por parte del gobierno” frente a este caso, y cuestionó que instalar “responsabilidades de manera generalizada sobre estudiantes vinculados a determinados sectores (políticos), no sólo es irresponsable, sino que contribuye a estigmatizar al movimiento estudiantil en su conjunto”.
Luis Cuvertino, Gobernador de Los Ríos, declaró que “manifiesto mi preocupación ante esta situación, porque sería muy lamentable que el gobierno central y la propia comunidad criminalicen al movimiento estudiantil, que históricamente ha cumplido un rol relevante en la defensa de derechos en Chile y en la promoción de mejores niveles en justicia “social”.