Hubo manifestaciones en varias ciudades y en Santiago marcharon alrededor de tres mil trabajadores. Se exige aumento salarial de 7.5% para enfrentar el alza del costo de la vida y que se aplique principio de “confianza legítima” sin afectar seguridad del empleo, entre otras demandas.
“El Siglo”. Santiago. 28/11/2024. Más de 5 mil empleadas y empleados públicos se manifestaron este día en varias ciudades del país exigiendo un reajuste salarial de 7.5% para enfrentar el alza en el costo de la vida y protestando por la decisión de la Contraloría General de afectar el principio de “confianza legítima” generando vulneración del empleo en el sector público.
En Santiago hubo una marcha de tres mil trabajadores que avanzó por la Alameda desde Santa Rosa a Plaza Los Héroes, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Respecto al aumento salarial, el presidente de la ANEF, José Pérez, dijo que “no estamos pidiendo un gran aumento de salario. Lo que estamos diciendo es cómo las trabajadoras y trabajadores, que dependemos de este sueldo, tenemos también la recuperación del poder adquisitivo. Ese valor es importante cuando hoy día todo sube”.
Una de las razones de la protesta fue por la decisión de la Contralora, Dorothy Pérez, quien modificó el criterio de “confianza legítima” que afecta la continuidad laboral de los trabajadores a contrata, trasladando esta revisión a los tribunales de justicia.
El principio de “confianza legítima” es considerado fundamental por las y los trabajadores fiscales para asegurar la seguridad en el empleo público, porque permite desarrollar la labor profesional sin temor de ser despedidos sin causa. Este principio establece que los funcionarios públicos y empleados estatales tienen derecho a confiar en que sus condiciones laborales, una vez establecidas, serán respetadas por la administración pública.
El 8 de noviembre se informó desde la Contraloría General que la “confianza legítima” se aplicará con un nuevo criterio en cuanto a que las y los funcionarios públicos contratados sólo podrán invocar ese derecho después de cinco años de servicio. Anteriormente, aquellos con más de dos años contaban con una garantía implícita de renovación de su contrato, lo que les otorgaba una mayor seguridad laboral.
Desde la ANEF se rechaza ese criterio porque genera vulnerabilidad laboral. José Pérez declaró que “es un imperativo ético para esta dirigencia sindical desplegar las acciones necesarias para revertir esta situación”.
También desde la CUT y la ANEF se expresó inquietud por la manera en que se está aplicando la ley de 40 horas laborales semanales, aprobada durante este Gobierno. El presidente de la CUT, David Acuña, expresó que hay falta de claridad respecto a la implementación de las 40 horas en el sector público, “el Gobierno promueve 40 horas y hoy día el Estado no tiene una normativa, no tiene una ley clara”, enfatizó.
Así mismo, durante las movilizaciones de este día se insistió en avanzar en una reforma para lograr la negociación sindical ramal, legislar sobre el teletrabajo, un reajuste salarial real con un piso mínimo del 3% sobre el IPC acumulado anual.
Dirigentes de la CUT y la ANEF dijeron que las movilizaciones continuarán para que se cumplan con sus demandas que consideraron no sólo justas sino viables de concretar, exigencia que están haciendo al Gobierno.
Tanto la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, como el ministro de Haciendo, Mario Marcel, cuestionaron las manifestaciones de las y los empleados públicos, indicaron que no “tiene mucho sentido”, que se hace “antes de sentarse a negociar” el aumento salarial y se instaló que es inconducente este camino para allanar soluciones.
Foto: Anef.