“Yo o el caos”

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Las quejas de las viudas de la transición sobre la fragmentación del sistema de partidos, del “parlamentarismo de facto”, etc. apenas disimulan su añoranza del binominalismo y ojalá de esa especie de cesarismo presidencial, que les permitió por décadas administrar el neoliberalismo sin contratiempos o al menos, sin contratiempos que no fueran subsanables con muñequeo y manipulación cultural.

 Hernán González M. Profesor. Valparaíso. 6/5/2024. Estas últimas semanas, la elite empresarial y la derecha han insistido en instalar el debate sobre la reforma del sistema político. Su fariseísmo no puede ser más evidente. Se han opuesto por más de tres décadas a cualquier reforma, por tibia que fuera, incluyendo el proceso constitucional que resultó de la revuelta de 2019, y ahora pretenden, sin mediar explicación, que son necesarias.

Especialmente los partidos de derecha, y lo que queda de la vieja guardia de la Concertación, han protagonizado una insistente campaña por hacerlo, contando para ello eso sí con la potente red de medios que poseen. Y con un voluntarismo muy oportunista por lo demás, pretenden resolver mediante un arreglo formal, las contradicciones sociales que han provocado treinta años a lo menos de predominio del neoliberalismo. La situación es bastante explosiva y tanto los empresarios como los más duchos dirigentes de la vieja guardia de la democracia de los acuerdos -entre ellos, la virtual candidata presidencial Evelyn Matthei-, encendieron las alarmas o a lo menos eso pretenden, antes de que la indignación de los populáricos vuelva a explotar.

Las quejas de las viudas de la transición sobre la fragmentación del sistema de partidos, del “parlamentarismo de facto”, etc. apenas disimulan su añoranza del binominalismo y ojalá de esa especie de cesarismo presidencial, que les permitió por décadas administrar el neoliberalismo sin contratiempos o al menos, sin contratiempos que no fueran subsanables con muñequeo y manipulación cultural.

El desalineamiento entre los poderes del Estado y lo que llaman en tono lastimero “la incapacidad de la clase política de llegar a acuerdos”, solamente da cuenta de la dispersión y contradicciones sociales que el sistema ya es incapaz de seguir procesando, ello no por la introducción de algún grado de proporcionalidad que lo ha democratizado parcialmente, sino porque demuestra en forma permanente la camisa de fuerza que es para la sociedad real.

En su ideologización los partidarios del consenso, de la estabilidad y el orden, pretenden que la crítica situación social a que ha arrastrado el neoliberalismo al país, se resuelve no haciéndose cargo de las grandes contradicciones sociales que generan los niveles obscenos de desigualdad, los bajos salarios, la fuente de empobrecimiento de segmentos crecientes de la sociedad que incluyen a profesionales y clase media que es el sistema previsional vigente ni la anomia que resulta de hacer de todo un negocio en el que se salvan solamente los vivos o los que tienen los recursos para acceder a derechos incluso, que el neoliberalismo ha convertido, como dijo Sebastián Piñera en medio de la crisis del 2011, en “bienes de consumo”.

Pretenden hacerle creer al país que estas contradicciones se resuelven con un régimen político y un sistema de partidos que posibilite acuerdos, consenso y estabilidad, seguramente para seguir administrando el neoliberalismo hasta el fin de los tiempos. Lo que realmente buscan es un acuerdo no para resolverlas, sino para hacer frente a la ola de indignación y protesta que tarde o temprano va a volver a explotar. Los empresarios, con la avaricia y el tono pontificador que los caracteriza, notificaron en la ENADE que no están dispuestos a pagar más impuestos ni a someterse a controles y regulación del Estado en lo que afecte sus proyectos de inversión.

Precisamente en eso consistieron los famosos “treinta años”. Consistieron en la indiferencia de un sistema político servil al empresariado ante las profundas contradicciones que cruzan a la sociedad, tras la promesa de que la igualdad, el bienestar y la justicia social serían el resultado del crecimiento y la estabilidad macroeconómica a costa de un presente de desigualdad, sobreexplotación e inseguridad ante la vejez o la enfermedad.

La negativa del empresariado y sus empleados del sistema político a la reforma tributaria primero y el pacto fiscal actualmente; a la reforma previsional; los torpes obstáculos que le ponen a la implementación de la reducción de la jornada laboral semanal; su recurso a cuanta triquiñuela hace posible la institucionalidad vigente para eludir regulaciones ambientales y fallos judiciales que no les gustan, simplemente son demostración de su prepotencia de clase y su certeza de saberse dueños de un poder por el que pretenden ponerse por sobre el Gobierno, el Parlamento, los tribunales de justicia y el resto de la sociedad.

La derecha tradicional, cada vez más anacrónica, representada por los mismos hace treinta años y más, está siendo lentamente fagocitada por sus vástagos. Ello, justamente por la radicalidad con la que el empresariado criollo está enfrentando los desafíos que les plantea la etapa actual de estancamiento del neoliberalismo para no ver afectadas, pese a ello, sus obscenas tasas de ganancia de las últimas décadas.

Se trata de la reedición de la famosa frase de Pinochet “Yo o el caos”. Acuerdo con los empresarios, desarme de las posiciones democráticas y progresistas ante el chantaje de la derecha o anarquía solucionable sólo mediante la represión que tiene en JAK y su “Jungvolk” criolla  un batallón bien dispuesto para ello. El pueblo no puede, no debe, dejarse someter a este chantaje. Éste es simplemente expresión de la percepción del riesgo que la situación actual tiene para sus intereses, el empresariado y la derecha. De su aislamiento social y político. No es el momento de someterse a sus exigencias sino de insistir en la necesidad de realizar las transformaciones reclamadas por el país y pospuestas en los últimos cinco años.

No es sólo una tarea del Gobierno. Es una responsabilidad de las coaliciones que le dan sustento, de los parlamentarios de izquierda y de las organizaciones sociales, que son las más interesadas en ellas.