Salario mínimo de 500 mil pesos, reducción de jornada a 40 horas y ley que concilia la vida laboral, familiar y personal fue destacado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. También el fortalecimiento de la legislación en contra del acoso y la violencia en los espacios de trabajo, la ampliación del número de beneficiarios de la PGU, las mejoras al Seguro de Cesantía y la Ley Sanna, iniciativas despachadas desde el Congreso Nacional en este período. La ministra Jeannette Jara señaló que “nuestro principal desafío para este año es poder concretar una demanda tan anhelada por la ciudadanía y es que las pensiones suban”.
Santiago. 11/3/2024. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó sobre los logros legislativos durante los dos primeros años de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Entre las leyes tramitadas se encuentran la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana; el alza gradual del salario mínimo a 500 mil pesos; el aumento de los beneficiarios de la PGU y la ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, más conocida como “Ley Karin”, entre otras.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró los proyectos impulsados por la cartera y que fueron aprobados por el Congreso Nacional, señalando que apuntan a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y de las y los pensionados del país.
“En el ámbito laboral y previsional hemos tenido avances positivos construidos en base a acuerdos entre empleadores, trabajadores y Gobierno, bajo el modelo del diálogo social tripartito”.
Recalcó el trámite en torno de la ley que fortalece el Seguro de Cesantía, el Convenio 190 para prevenir el acoso y la violencia en el mundo del trabajo y también la ley que implementa parte importante de este Convenio conocida, como la Ley Karin, en homenaje a una TENS que sufrió abuso y acoso laboral en su trabajo.
Jara agregó que “vamos a seguir por la misma senda en la que hemos estado transitando con proyectos tales como el de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para permitir el trabajo híbrido en las empresas donde la función así lo permita, y fortaleciendo la seguridad y la salud laboral a través de la aprobación del Convenio 176 de la OIT sobre minería. En materia previsional, avanzamos con la Ley corta de la PGU, que ha permitido a más de 70 mil personas poder incorporarse a este beneficio estatal”.
“Pero nuestro principal desafío para este año es poder concretar una demanda tan anhelada por la ciudadanía y es que las pensiones suban, para lo cual el Presidente nos ha mandatado llevar todo el diálogo político con la oposición a fin de poder construir un acuerdo en la reforma a las pensiones”, manifestó.
En total, son 22 las iniciativas despachadas desde el Congreso, en estos dos años, en las que tuvo injerencia el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Trabajo decente
Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión se informó asimismo que se impulsa la creación de empleo bajo los estándares de Trabajo Decente definidos por la OIT. El propósito es que las personas puedan acceder a un empleo productivo con un ingreso justo, respeto a los derechos individuales y colectivos, acceso a capacitación y protección social y garantía de un ambiente de trabajo seguro.
En esa perspectiva, las medidas impulsadas por la cartera han permitido avances significativos en mejoras a las condiciones laborales y en la garantía de derechos para las y los trabajadores. Un ejemplo es la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana. La iniciativa, originada en moción parlamentaria por parte de la ahora ministra de Segegob, Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola, fue aprobada en 2023 luego de ser indicada por el Ejecutivo.
Esta ley, que se implementará gradualmente en cinco años, busca la reducción efectiva de la jornada para todos los trabajadores cubiertos por el Código del Trabajo, considerando las especificidades de los distintos sectores productivos. Además, contempla bandas horarias que permiten diferir el ingreso y salida del trabajo a madres y padres con hijos menores de 12 años, y también por la persona que tenga a su cargo el cuidado personal de estos últimos, de modo que puedan adecuar la jornada laboral con los horarios escolares, por ejemplo. La primera reducción de una hora se llevará a cabo este 2024.
Asimismo, en 2023 se aprobó el alza gradual del salario mínimo a $ 500.000, monto que será alcanzado a partir del 1 de julio de este año e impactará a alrededor de 800.000 trabajadores. El incremento, que lleva aparejado un subsidio a las micro y pequeñas empresas, tiene la finalidad de atenuar los efectos de la pérdida de poder adquisitivo que produjo la alta inflación y contribuir al objetivo de que no existan trabajadores asalariados que se encuentren por debajo de la línea de la pobreza. Ello vino acompañado por un reajuste de 4,3% al sector público.
En la misma línea del trabajo decente, otras iniciativas aprobadas son, por una parte, la ley que extendió de tres a cuatro días el permiso laboral para trabajadores por fallecimiento del padre o la madre, e incorporó igual permiso en caso de fallecimiento de un hermano o hermana; y la ley que fortalece el Seguro para el Acompañamiento de Niñas y Niños (Sanna), que amplió los días de permiso, de 90 a 180, y sumó la cobertura de una nueva contingencia, que es la enfermedad grave de niños menores de 4 años que requieren hospitalización en UCI o UTI.
Otra iniciativa fue la ratificación del Convenio 176 de la OIT, sobre seguridad y salud en la minería, que es un sector muy importante en nuestra economía y que, por la particularidad de sus labores y los riesgos que implica, requiere altos estándares de seguridad.
Empleabilidad
Dentro de un marco de responsabilidad fiscal, que complementa a la política monetaria del Banco Central para controlar la inflación, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha impulsado medidas para que repunte la inversión y para mejorar la empleabilidad de las personas. En lo que concierne al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el año pasado impulsó la ley que fortalece el Seguro de Cesantía mediante la flexibilización de sus requisitos y la mejora de sus prestaciones. Además, esta norma permite el financiamiento de programas de intermediación laboral utilizando hasta un 2% de los recursos del Fondo de Cesantía Solidario, lo que a valor actual equivale a cerca de $50.000 millones.
Por otro lado, la ley que fortalece ChileValora establece la posibilidad de incorporar oficinas de esa institución en las regiones, con el objetivo de reforzar el vínculo de la certificación con las demandas específicas de desarrollo de capital humano y los desafíos productivos de cada territorio. Asimismo, se corrige una asimetría al equiparar las condiciones de uso de la franquicia tributaria respecto a la capacitación. Además, para el robustecimiento de ChileValora resulta clave el hecho que se establece una norma permanente de financiamiento vía Ley de Presupuestos para el sector público, dotando a la entidad de mayor autonomía.
Perspectiva de género
El año pasado se tramitaron importantes iniciativas para mejorar las condiciones laborales de las mujeres. En primer lugar, se ratificó el Convenio 190 de la OIT, que busca erradicar la violencia y el acoso de los espacios de trabajo, con lo que el Estado de Chile se compromete a adecuar su legislación a dicho tratado internacional; garantizar acceso a vías de recurso y reparación, así como a mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos.
Del mismo modo, y en el marco del Convenio 190, se aprobó la ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, más conocida como Ley Karin.
Además, el Parlamento visó la ley de Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal, que posibilita el trabajo a distancia o trabajo híbrido para las y los trabajadores a cargo del cuidado de un niño o niña menor de 14 años o adolescente menor de 18 años con discapacidad o en situación de dependencia, y da prioridad al momento de solicitar el feriado legal. Son más de 360.000 los padres y madres que podrán acordar con sus empleadores una modalidad de trabajo híbrida.
Más protección social
En enero de este año, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado la reforma previsional presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, logrando avanzar en su tramitación. Además de fortalecer el ahorro individual, la iniciativa crea un Seguro Social con el objetivo de aumentar el monto de las pensiones de los actuales jubilados y también de los próximos, con una garantía de 0,1 UF por año cotizado. Asimismo, el proyecto establece una reorganización de la industria previsional, terminando con las AFP e incorporando nuevos actores privados en la inversión de los ahorros. También propone aumentar la PGU a 250.000 pesos y universalizar el beneficio.
Con el objetivo de ampliar la cantidad de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), con Ley Corta de la PGU se consiguió pasar del 90% más vulnerable de la población mayor de 65 años al 90% más vulnerable de la población total. Con este cambio, despachado en enero de 2023, se benefició a cerca de 70.000 adultos mayores que, inicialmente, no calificaban para el beneficio.
Seguridad económica
En marzo del año pasado se despachó desde el Congreso el proyecto de ley que impulsó Medidas de Seguridad Económica. La iniciativa contempló la entrega extraordinaria de una segunda cuota del Aporte Familiar Permanente, también conocido como “exBono Marzo”, que ascendió a 60.000 pesos, y cuyo objetivo fue apoyar a las familias en meses en que aumentó la carga económica. De este modo, el benefició totalizó 120.000 pesos.
También se aumentó en un 20% el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF) de forma permanente, beneficiando a más de 3 millones de cargas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares, a lo que se sumó la automatización del SUF para así a poder avanzar en llegar a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.
También se creó el “Bolsillo Familiar Electrónico”, que consistió en un apoyo económico de 13.500 pesos mensuales por carga, operando desde la Cuenta RUT de las personas beneficiarias, cubriendo una parte (20%) o el total del valor de las compras realizadas en cualquier comercio del rubro alimenticio que contemple medios de pago electrónicos, a lo largo de todo el país.