De ganar la opción “En Contra”, el día después del plebiscito se abre la posibilidad de reconstruir el tejido social en la senda que el Gobierno y los liderazgos de la izquierda propongan. Lo anterior exige mostrar simultáneamente un programa que plantee soluciones inmediatas a los problemas más urgentes, y otro de mediano y largo plazo que señale un norte estratégico: un itinerario de transformaciones que consolide los anhelos de bienestar para la gran mayoría del país.
Marcos Barraza(*). Santiago. 25/11/2023. El 18 de diciembre se abrirá una nueva etapa en el proceso político chileno. Si esa nueva etapa se dirige hacia solucionar los múltiples problemas que se visibilizaron y transversalizaron con el estallido social de 2019 o, por el contrario, se impondrá una agenda conservadora que acentúe una larga crisis, dependerá en gran medida del resultado del plebiscito del día anterior, pero también de la capacidad del gobierno y de los actores políticos democráticos y transformadores para fijar una ruta y defender los principios que los motivan.
De acuerdo a todas las señales que vemos hoy, es probable que el pueblo rechace masivamente una Constitución de ultraderecha, que busca utilizar el descontento para justificar un programa de supresión de derechos, recorte de libertades y profundización de un modelo de explotación y expoliación que sólo favorece a una ínfima minoría. Se confirme o no esa tendencia, ha llegado el momento de proponer algunas líneas para enfrentar el escenario de incertidumbres y luchas que se iniciarán al día siguiente al 17 de diciembre.
Una consideración objetiva de nuestro pasado reciente es la creciente desafección de las grandes mayorías hacia un sistema político incapaz de responder eficazmente a las preocupaciones sociales más urgentes. Es por esto que, cualquier forma de liderazgo o representación, enfrenta el riesgo de ser percibida como una manifestación elitista. Esta situación merma las herramientas que poseen las instituciones para mediar entre las demandas de la sociedad y las soluciones colectivas necesarias. No sorprende entonces que el individualismo se extienda por todo el cuerpo social, haciendo que cada demanda particular obstruya a otras, dificultando con ello coordinarlas en un programa colectivo.
La derecha, no queriendo ser parte de la solución ha optado por ser parte del problema, bloqueando la salida constitucional a la crisis. No sobra decir que ha sido muy eficaz en su empeño. Activó los temores de la población frente a la propuesta elaborada por la Convención, favoreciendo el rechazo.
Sin embargo, hoy se muestra incapaz de volver a imponer su agenda de precarización de trabajadoras y trabajadores. El pueblo, por su parte, da muestra de poseer un imponente poder destituyente. Por un lado, rechaza todo intento por ser privarlo de sus mínimas conquistas; por otro lado, evidencia carencias organizativas que le impiden dotarse de un poder constituyente efectivo, que construya un programa que consolide y profundice las transformaciones democráticas y populares, como las que impulsó en su momento el gobierno de la Nueva Mayoría y que hoy asume el gobierno de Gabriel Boric.
En este sentido, de ganar la opción “En Contra”, el día después del plebiscito se abre la posibilidad de reconstruir el tejido social en la senda que el Gobierno y los liderazgos de la izquierda propongan. Lo anterior exige mostrar simultáneamente un programa que plantee soluciones inmediatas a los problemas más urgentes, y otro de mediano y largo plazo que señale un norte estratégico: un itinerario de transformaciones que consolide los anhelos de bienestar para la gran mayoría del país.
Es un error estratégico pensar únicamente en enfrentar los problemas del momento; esa vía sólo conduce a posponer indefinidamente la crisis de legitimidad en curso. Además, creer que los cambios de fondo son posibles sin contar con un mínimo de confianza social es otra equivocación. Se debe ganar en toda acción la confianza social, hacerlo dependerá de la sensibilidad y buena lectura que haga el gobierno para tomar medidas urgentes que permitan abordar situaciones apremiantes.
Enfrentado a este escenario político, es importante hallar el equilibrio. En primer lugar, la reactivación económica es fundamental, ésta debe procurarse en el marco del establecimiento de políticas contra cíclicas, capaces de aunar inversión y redistribución, evitando agotadas recetas neoliberales que, en base a amplia experiencia propia y comparada, no sólo han fracasado en lo económico, sino que acentúan la pésima distribución de la riqueza nacional que afecta a las y los trabajadores, también las capas medias, y que solamente hace fluir los beneficios de este modelo a un exclusivo puñado de superricos.
Prioridades reforzadas deben ser las políticas de seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. En estas materias es necesario actuar de manera rápida y contundente, evitando medidas efectistas que no aportan soluciones reales. Desnudar a los poderes económicos que yacen detrás de las colusiones, coimas y lavados de dinero, será un camino ineludible.
Del mismo modo se deben establecer planes sociales que permitan enfrentar la crisis de la salud e ingresos. Esto constituirá la señal para que el pueblo vea en sus gobernantes representantes efectivos para la defensa de sus intereses. El Ejecutivo cuenta con instrumentos para este propósito. Se debe llegar a aliviar la situación del 60% más pobre de la población, procurando, al mismo tiempo, adoptar decisiones que disminuyan la ascendente precarización que afecta a los sectores medios; fortalecer la oferta pública de programas sociales debe ser uno de los pilares de esta agenda del gobierno, a partir del día después del plebiscito.
Retomar la agenda legislativa no es el único camino para hacerse con la iniciativa en la nueva situación que se avecina. Los cambios normativos, por cierto, tienen importancia, permiten consolidar tendencias que el pueblo ya ha hecho suyas, pero ese movimiento inicial debe nutrirse de medidas eficaces en lo inmediato, que sólo pueden surgir de políticas públicas participativas, bien diseñadas. La fuerza acumulada con esas medidas permitirá que las propuestas legales del gobierno superen un eventual nuevo bloqueo opositor.
El Gobierno, y las organizaciones políticas y sociales que lo apoyan, deben asumir el liderazgo, tomar y sostener la iniciativa a partir del 18 de diciembre. No hacerlo significaría fomentar la fragmentación y el desorden interno, dificultando aún más los años venideros. Si el gobierno es percibido como deteriorado afecta indudablemente su ascendiente sobre sus bases, siendo fundamental reforzar que ministras y ministros encuentran apoyo efectivo en sus colectividades; un escenario distinto debilitaría el apoyo a las políticas transformadoras y en una situación así, el fantasma del populismo y la oferta política que emana de la ultra derecha se fortalece. La oferta política que este sector propone no hace más que profundizar la crisis social. La solución no está en la indiferencia e indolencia hacia los sufrimientos del pueblo y el autoritarismo represivo que prometen los referentes de opositores.
Hoy, la unidad de la izquierda con la centroizquierda, no solamente es la mejor, sino la única garantía para profundizar la democracia y la justicia social. Construir esa unidad no depende de un discurso, sino de una táctica adecuada al momento y de un programa estratégico que dé cuenta de las necesidades del pueblo. Para ese día, después del 17 de diciembre, se debe estar a la altura de la responsabilidad histórica a la que estamos convocadas y convocados. Ese es nuestro desafío.
(*)Marcos Barraza. Exministro de Desarrollo Social, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.