Un entramado que hay que descifrar y que involucra a personajes del mundo de las finanzas, los abogados y oficinas asesoras de millonarios. Un audio que reveló operaciones corruptas que incluirían a funcionarios del Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. “Estamos en presencia de una especie de mafia de la evasión” advirtió el ministro Álvaro Elizalde. “Esto es un escándalo de proporciones mayores” afirmaron legisladores. Diputados Luis Cuello y Boris Barrera plantearon constituir una Comisión Investigadora y citar a todos los involucrados, entre ellos, el director del Servicio de Impuestos Internos, de la CMF. Cuello indicó que “se muestra toda la dimensión del poder de los grupos económicos” en este episodio. Un nuevo caso de alta corrupción protagonizado por profesionales, financistas y asesores “de la plaza”, vinculados a poderes financieros, fácticos y con ligas transversales en el mundo político. El Presidente Gabriel Boric apuntó que “combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”. Vuelve el fantasma de si esta gente volverá a quedar impune o terminarán, simplemente, asistiendo a clases de ética.
“El Siglo”. Santiago. 15/11/2023. De cabeza se pondrán a investigar la Fiscalía Metropolitana Oriente, un equipo de la PDI, la Cámara de Diputados, el Colegio de Abogados y medios de prensa, el caso donde aparecen vinculados a delitos de cohecho y corrupción el abogado Luis Hermosilla, el financista Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y la abogada Leonarda Villalobos.
También entraron al ruedo indagatorio el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión de Mercado Financiero (CMF) ya que funcionarios de esas entidades estarían ligados a la obtención de millonarias coimas para traspasar información privilegiada y confidencial a Hermosilla, Sauer y Villalobos o sus oficinas respectivas. Ellos habrían pagado millonarias sumas a funcionarios de esos servicios quienes hasta esta momento no están identificados.
Esto se está convirtiendo en un nuevo caso de alta corrupción protagonizado por profesionales, financistas y asesores “de la plaza”, vinculados a poderes financieros, fácticos y con ligas transversales en el mundo político.
Una nueva comprobación de que mientras a ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes se les exige probidad y cumplimiento estricto de las normativas, con multas y sanciones severas si no cumplen -en casos donde actúa el SII-, financistas, grandes empresarios, abogados, directivos de consorcios, entre otros, operan en redes corruptas, oscuras, extrañas, para evadir las normas, hacer trampa, aumentar millonarias ganancias, engañar al Estado, y en complicidad con funcionarios públicos e inclusive con personeros políticos como lo demostró el Caso Penta.
Lo de ahora se supo después que el portal informativo Ciper Chile diera a conocer la grabación de una reunión de más de una hora entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer, y Leonarda Villalobos. www.ciperchile.cl
Entre otras cosas, en ese encuentro se dijo “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”; en referencia al funcionario del SII que estarían sobornando para obtener información reservada se indicó: “Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”; “de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”.
En el reporte de Ciper Chile se explicó parte del origen de esta trama: “La investigación del SII sobre esos negocios se había iniciado con una consulta desde la CMF, que preguntó por el comportamiento de 12 RUT (entre sociedades jurídicas y personas naturales) que tenían negocios relacionados con la corredora de bolsa STF, la que en marzo fue suspendida por el regulador, debido a una serie de anomalías. En la reunión grabada, la abogada Leonarda Villalobos dijo que había recogido información en el SII acerca de que las irregularidades podrían alcanzar a 44 RUT. Y, según esos datos, señaló, en los análisis realizados por el Servicio a documentos tributarios relacionados con ese grupo de empresas, se detectó la utilización de facturas falsas”.
También se señaló: “La indagatoria que había iniciado el SII ya mostraba avances. Y las nuevas sociedades que fueron apareciendo en las carpetas de ese servicio podían expandir la onda destructiva a otros empresarios ligados al Grupo Patio. Y también a otros negocios. Discutieron cerca de una hora sobre a quién involucrar. El objetivo era armar una caja pagadora. Hermosilla propuso que se juntaran $100 millones entre varios de los involucrados. Pero Sauer defendió la idea de financiarla solo él, para minimizar los riesgos. Temía la reacción de otras personas”.
Por el audio quedó claro que Hermosilla, Sauer y Villalobos querían evadir pagos, engañar al Estado, proteger operaciones irregulares y pagar a funcionarios públicos para obtener información privilegiada, algo que habrían hecho antes. La grabación apunta a la comisión de delitos e irregularidades.
Una información de El Mercurio señaló que Daniel Sauer es uno de los dueños del factoring Factop y de la corredora de bolsas SFT, junto a Rodrigo Topelberg, y acumulan querellas de cerca de un centenar de personas. Se les imputa apropiación indebida, administración desleal, estafa y lavados de activos. Además, tienen una demanda de liquidación forzosa de parte de la administradora de fondos Zurich, por el no pago de sus obligaciones y otra parte de la empresa Tanner Servicios Financieros, donde se exigen unos 7 millones de dólares. Sauer también está querellado por su socio Topelberg.
En un breve comunicado que dejó más sombras que luces, Luis Hermosillo dijo que “he sido objeto de una maniobra siniestra” y en tono grave señaló que “hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”. Cuestionó que todo se supiera a través de un audio, alegando que “la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional…” y recalcó que “nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita”.
“Mafia de la evasión”
Iniciando su gira en Estados Unidos para asistir a la Cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), el Presidente Gabriel Boric se refirió a esta situación en su cuenta X. “Llegando a San Francisco (USA) para participar en la APEC veo detalles de los graves hechos investigados por Ciper. Delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas. No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda”.
El mandatario añadió que “paralelamente seguiremos avanzando en proyectos como el de Anti Evasión y el de inteligencia financiera, que levanta el secreto bancario en casos de conductas eventualmente delictuales. Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”.
Frente a los hechos, Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, declaró en Canal 13 que “estamos en presencia de una especie de mafia de la evasión en un tema que es bien importante”. Agregó que “todos los antecedentes que se dispongan van a ser entregados al CDE (Consejo de Defensa del Estado). Lo que corresponde es que se lleven adelante las investigaciones internas de los servicios y por otro lado, colaborar decididamente a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público”.
El fiscal nacional Ángel Valencia, indicó que “son hechos muy graves y es efectivo que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dispuso abrir una investigación de oficio con el objeto de esclarecer estos hechos, determinar si se cometieron delitos, ver cuáles habrían sido los delitos cometidos y seguir adelante con una investigación penal”. Felipe Sepúlveda sería el fiscal a cargo, aunque también se mencionó a Lorena Parra. En declaraciones de legisladores, autoridades y notas de prensa se instaló que esto tiene que ver con “delitos de cuello y corbata”.
Los diputados del Partido Comunista Luis Cuello y Boris Barrera, a horas de conocerse la grabación, anunciaron la creación de una Comisión Investigadora para aclarar los hechos. Barrera señaló que “hemos conocido, por intermedio de un medio de comunicación, un hecho gravísimo relacionado con hechos de corrupción por parte de algunas empresas corredoras de bolsa, un abogado que los representa y funcionarios del Servicio Impuestos Internos y de la CMF de acuerdo a este reportaje, por lo tanto creemos que es urgente abordarlo desde el Congreso con nuestras atribuciones que tenemos de fiscalización”. En ese camino, se pedirá la Comisión Investigadora y “citar a todos los involucrados, entre ellos, el director del Servicio de Impuestos Internos, de la CMF y a todos quien corresponda para poder indagar la veracidad de este reportaje”.
El diputado Luis Cuello agregó que “este es un caso extremadamente grave, acá lo menos se configura el delito de cohecho, nosotros valoramos que la Fiscalía haya actuado ( ) rápido al abrir de oficio una investigación”. Añadió que “nos parece que es grave que se muestra toda la dimensión del poder de los grupos económicos, acá no está detrás un almacén, está detrás un gran grupo económico, dedicado al negocio financiero, a la especulación y que, en definitiva está usando información privilegiada y corrompiendo, lamentablemente, a funcionarios que están encargados de todo lo contrario, encargados de custodiar, de controlar la corrección del mercado financiero y por lo tanto, nosotros vamos a impulsar esta comisión gestora para llegar y esclarecer toda la verdad”.
Varios legisladores del oficialismo y la oposición se manifestaron de acuerdo en instalar una Comisión Investigadora y tacharon los hechos como “un escándalo de proporciones mayores”.
“Esta puede ser la punta del iceberg, debemos revisar como son las votaciones en todos los eventos con este tema de los consejeros de la Comisión del Mercado Financiero”, sostuvo el diputado Daniel Manoucheri del Partido Socialista, y recalcó que “esta investigación hoy día tiene que profundizarse”. La diputada Flor Weisse, de la Unión Demócrata Independiente exigió que se aplique “todo el peso de la ley” sobre los involucrados en estos delitos y enfatizó que este episodio “es un golpe, un nuevo golpe a la credibilidad y a la confianza en nuestra justicia”. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que “este caso es de máxima gravedad porque defrauda una vez más la fe pública y demuestra que el poder económico que hay en este caso, donde se investiga distintos fraudes que, además en la conversación se da cuenta de ello, aquí hay entrega de facturas falsas de una empresa a otra, como si fueran hechos normales” y recalcó que “yo no recuerdo una situación de esta envergadura en materia jurídica, judicial”.
Las reacciones del SII y la CMF a la espera de posibles responsables
El Servicio de Impuestos Internos (SII), tan dedicado a exigirle a las ciudadanas y los ciudadanos que paguen sus impuestos y en caso contrario caerles encima con duras sanciones, saltó al banquillo porque uno o varios de sus funcionarios estarían convertidos en colaboradores de financistas y abogados a través de recibir millonarias coimas, para entregarles información reservada y ayudarlos a evadir impuestos y el cumplimiento de las leyes.
Desde el SII se emitió un comunicado donde se señaló que se “instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia”. Se dijo que “se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones, que no forman parte de los valores que como organización promovemos”.
También desde la Comisión de Mercados Financieros se dio a conocer una declaración donde se manifestó que se encuentran “analizando los antecedentes ( ) para adoptar las acciones y medidas que sean pertinentes”.
Como sea, desde la Fiscalía y el Congreso se pedirán más antecedentes al SII y la CMF. Eric Aedo, jefe de la bancada parlamentaria de la Democracia Cristiana, instó a que “tanto el Servicio de Impuestos Internos como la CMF nos entreguen toda la información respecto de quiénes son estos funcionarios, si esto es reiterativo o no, y cómo han venido tomando decisión y cómo resguarda también la información”.
Ciertamente que ahora la opinión pública espera que esas instituciones no protejan a delincuentes, esclarezcan si hay funcionarios involucrados y de haberlos precise los nombres y los entregue de la justicia. Se verá si realmente SII y la CMF colaborarán con las investigaciones y el esclarecimiento de los sucesos. “Tendrán que dar respuestas en qué manera podrían estar involucrados algunos de sus funcionarios dentro de este caso”, aseveró el diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional.
Los transversales vínculos políticos
El abogado Luis Hermosilla estaba defendiendo al jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, militante de Revolución Democrática (RD), por el Caso Convenios, de financiamientos irregulares e indebidos a fundaciones desde entidades del Estado. Hace un par de años defendió al dirigente de la UDI, Andrés Chadwick, cuando enfrentó una acusación constitucional siendo Ministro del Interior. Un ejemplo de los nexos políticos transversales del abogado ahora cuestionado.
Se sabe que tiene conocidos y mantiene amistad con dirigentes y militantes de izquierda, de la ex Concertación, de la derecha, sobre todo de la UDI. Hizo vínculos diversos como estudiante de Derecho en la Universidad Católica, fue militante del Partido Comunista, cultivó contactos durante los gobiernos de la Concertación, se codea con empresarios y financistas, y llevó casos como el de los profesionales comunistas degollados, el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, defendió a Claudio Spiniak en el caso de estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico, representó a la familia del abogado de la dictadura, Jaime Guzmán, en el proceso por su asesinato.
Hermosilla es mencionado como “un reconocido abogado de la plaza” que ahora está indagado hasta por el Colegio de Abogados y podría terminar juzgado por el Tribunal de Ética del organismo, además de un posible procesamiento judicial.