Las claves de una ardua y delicada discusión sobre la nueva Ley de Usurpaciones, que incluye la posibilidad de encarcelar a pobladores sin casa y ejercer la fuerza y la violencia -incluso con armas- por parte de civiles o grupo de civiles, echando a un lado a las policías.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 6/10/2023. 1.-De acuerdo a cifras del Ministerio Público, dadas a conocer en el diario La Tercera, en estos diez meses, en Chile se registraron más de mil 500 usurpaciones. Y según datos del Ministerio de Bienes Nacionales, publicados en Infobae, entre 2019 y 2022, las ocupaciones irregulares de terrenos fiscales crecieron un 55%. La superficie ocupada de manera ilegal creció un 24%, pasando de 43.775 en 2019 a 54.199 en 2022. Según expertos y legisladores, hay tipos de usurpaciones, que van desde acciones de grupos delictivos que ocupan terrenos o propiedades con fines financieros y comerciales, actos vandálicos de delincuentes con diferenciadas motivaciones, las “tomas” que realizan pobladores sin casa, la apropiación de viviendas en playas o zonas de descanso, conflictos entre particulares/familiares, hasta situaciones como personas o grupos que entran a un terreno o propiedad por una noche o algunas horas. Con las estadísticas y episodios a la mano, se consideró que “esto no da para más”, y se avanzó en generar una Ley de Usurpaciones la cual fue aprobada en estas semanas en el Congreso.
2.-Lo que se destacó de la nueva legislación, en lo sustancial, es que las usurpaciones ya no se sancionarán con multas sino con cárcel, que las policías podrán actuar de manera permanente sobre un caso de usurpación, que no será necesaria una orden judicial, que la restitución del terreno o propiedad será algo rápido y se fijaron las penas. Lo aprobado por el Congreso -con mayoría de votos de Chile Vamos, Republicanos y otros legisladores- incluyó legalizar la “defensa privilegiada” o la “autotulea”, que permite que el/los dueños de un terreno o propiedad, pueden usar la fuerza, la violencia e incluso armas, para defender o desalojar su sitio, por cuenta propia, echando a un lado a las policías. Asimismo, que pobladores sin casa reciban penas carcelarias por ejecutar una “toma” de terreno, e incluso que queden a merced de civiles armados.
3.-Lo que subyace, al final del día, es que se mete toda usurpación o “toma” en un mismo saco, se considera “violenta” cualquier ocupación de terreno o propiedad, se aplican las mismas severas penas carcelarias a distintas acciones y se instala una mirada represiva/criminalizadora incluso sobre situaciones que tienen un origen de conflicto social/ciudadano.
4.-Frente a eso el Gobierno envió un veto presidencial a la Ley de Usurpaciones aprobada. En torno de aquello está situado un arduo y crispado debate. La posición del Ejecutivo busca tres objetivos prioritarios: proscribir la autotutela, apuntar a la gradualidad de las penas, y precisar los instrumentos que tiene el dueño de un terreno para pedir la restitución de su predio. Se busca evitar que cualquier persona civil, por su cuenta, recurra a la fuerza, a la violencia e incluso a un grupo armado (guardias o civiles organizados) para defender su predio o propiedad. Sobre la gradualidad de las penas carcelarias, se busca que no haya sanciones iguales para situaciones distintas, diferenciándose las medidas a tomar. En el veto se establece que ante la usurpación con violencia e intimidación se castiga con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), como está en la legislación aprobada recientemente. La usurpación “que daña las cosas” queda con pena de cárcel, medio grado más baja y graduada según el monto del daño causado, de acuerdo al veto. La usurpación no violenta, donde no se intimida a las personas y no se produce daño a los bienes, queda sujeto a multa o presidio menor en su grado mínimo, lo que determinará un juez. Y que la restitución sea rápida y no engorrosa.
5.-La usurpación no es una. Hay varias modalidades en las que se materializa. De allí que la ministra del Interior, Carolina Tohá, hablara de “tratar de discutir un cambio en la ley que se haga cargo de esta complejidad” e incluso enfatizó que el Gobierno “no va a permitir que esta ley se ocupe para perseguir a pobladores que están en campamentos, que entendamos los efectos distintos que esto puede tener y que comprendamos que la ley como está no funciona”. La diputada del Partido Comunista, Carolina Tello, advirtió que “me parece extremadamente riesgoso para nuestra ciudadanía y la democracia, legislar iniciativas que pueden ir en la tendencia de hacer justicia por la propia mano, obviando en ciertos aspectos, el debido proceso”. Que se salte de multas a cárcel, mayores atribuciones a las policías, evitar pasos burocráticos, tipificación del delito y gradualidad de las penas, restitución pronta de un terreno, indican un avance de la legislatura. La controversia está en la posibilidad del uso de la fuerza y de la violencia por civiles o grupo de civiles para actuar por cuenta propia y la no diferenciación de situaciones, como la “toma” de motivación social por familias sin casa y pobres. El desafío parece instalado entre una rigidez autoritaria y un razonamiento abierto.