Ejecutivo está en contra de “autotutela” que permite la conformación de grupos armados para defender predios. En contrapunto, la medida del Ejecutivo apunta a hacer más eficaz la labor de las policías. La derecha y la extrema derecha están promoviendo la existencia de grupos civiles con armas, que podrían derivar en paramilitares y grupos armados pagados. La oposición también quiere que una persona que entra ilegalmente a un predio de manera pacífica, sean sancionada de la misma manera que una persona que usa un arma para ingresar a un terreno, mientras que el oficialismo plantea gradualidad de las penas de cárcel de acuerdo a la tipificación del delito. Como sea, hay un avance notable en contar con una nueva Ley de Usurpaciones, que proteja de manera más rápida, eficaz y concreta el terreno usurpado, y que permita una actuación inmediata, permanente y fluida de Carabineros. Además, la “toma” ya no es una falta sino un delito y se tipifica para la aplicación de penas carcelarias.
Patricia Ryan. Periodista. “El Siglo”. Valparaíso. 2/10/2023. En definitiva, el veto presidencial respecto a la Ley de Usurpaciones, busca evitar algo tremendamente peligroso para ciudadanas y ciudadanos: que personas o grupos de personas armados, ataquen a otras y otros cuando se produce una “toma” de terreno o propiedad, legalizando así “la autotutela”. Que es lo que aprobó la oposición en el Congreso.
Lo anterior, a pesar de que la nueva ley da más atribuciones de las policías, entre ellas, actuar más rápido y de forma permanente ante una usurpación, y sin tener que esperar una orden judicial. Además, se elevan las penas de cárcel y se refuerza el criterio de comisión de delito cuando existe la apropiación indebida o ilegal de un predio. Ya no es una falta que se paga con multa. Quienes se apropien ilegalmente de un predio, irán a la cárcel.
Lo que ocurre es que la derecha aprobó y está promoviendo la existencia de grupos civiles armados, que podrían derivar en paramilitares y grupos armados pagados, hasta con la figura de “guardias de seguridad”, “para hacer frente a una toma”. Por esta vía se abre, se quiera o no, la posibilidad de que quienes cometen la usurpación también vayan armados y se llegue a episodios de enfrentamientos armados entre civiles con graves consecuencias.
Los partidos de Chile Vamos junto a otros segmentos en el Congreso, plantearon “la autotutela”, mediante la cual se autoriza a que las personas se defiendan solas, con armas, que puedan usar armamento para resguardar su terreno, incluso recurriendo a terceros, esto es, “guardias de seguridad” o grupos armados. Esa acción, por cierto, echando a un lado a las policías.
Asimismo, la oposición quiere que una persona que entra ilegalmente a un predio de manera pacífica, sea sancionada de la misma manera que una persona que usa un arma e intimida para ingresar a un terreno, a pesar de una clara diferencia en el actuar y cuyo criterio es usado en otro tipo de faltas o delitos. Esto podría llevar, entre otras consideraciones, a que si un grupo de pobladoras y pobladores realiza una “toma”, además de poder se atacado con armas -de acuerdo a la “autotutela”-, si son arrestados y procesados pueden recibir la misma condena que personas que entran armados a un predio. La derecha y la extrema derecha no aceptan diferenciar una “toma” pacífica, de una ocupación armada y violenta.
Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista hubo una decisión de oponerse a la “autotutela”, de prohibir el uso de armas y evitar que se formen grupos de “terceros” que protejan un terreno con armamento. Las y los legisladores del FA y el PC también se oponen a que se equiparen las sanciones penales cuando se trata de acciones de distinto tipo. No se trata de “una presión” al Gobierno como se ha pretendido instalar, sino de un criterio legislativo y social que se quiere defender y materializar, en lo que el Ejecutivo está de acuerdo, como ocurre en cualquier tramitación legislativa. En ese camino es que el Gobierno presentó un veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.
Claves del veto presidencial
Esa acción tiene tres objetivos precisos. Proscribir de la autotutela, apuntar a la gradualidad de las penas, y precisar los instrumentos que tiene el dueño de un terreno para pedir la restitución de su predio.
Desde el Gobierno se informó que el veto contiene 14 observaciones, 10 de fondo y 4 formales y algunas son aditivas, otras son supresivas y otras sustitutivas.
En lo concreto, la proscripción de la autotutela implica la actuación debida de las policías y conlleva, sin duda, la protección y defensa de la propiedad. Lo que se busca evitar es que cualquier persona civil, por su cuenta, recurra a una banda armada para defender su predio. La idea central del Gobierno y las bancadas parlamentarias oficialistas es evitar enfrentamientos armados entre personas, con trágicas consecuencias.
En ese camino, la legislación apuntaría a establecer la usurpación como “un delito permanente” y, por lo tanto, las policías pueden actuar en cualquier momento. Es más, el o los dueños del terreno pueden solicitar la concurrencia de Carabineros y que se materialice el desalojo, sin necesidad de una orden judicial (como es actualmente). Ello no hace necesario que estén actuando grupos armados civiles.
En cuanto a la gradualidad de las penas carcelarias, con el veto se busca que no haya sanciones iguales para situaciones distintas, diferenciándose las medidas a tomar. En el veto se establece que ante la usurpación con violencia e intimidación se castiga con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), como está en la legislación aprobada recientemente. La usurpación “que daña las cosas” queda con pena de cárcel, medio grado más baja y graduada según el monto del daño causado, de acuerdo al veto. La usurpación no violenta, donde no se intimida a las personas y no se produce daño a los bienes, queda sujeto a multa o presidio menor en su grado mínimo, lo que determinará un juez.
Sobre la restitución del terreno, el veto presidencial considera que lo aprobado en días anteriores en el Congreso “es de escasa y engorrosa aplicación”. Por tanto, ahora se propone un mecanismo procesal que permite al fiscal o a la víctima “solicitar al juez penal, en cualquier etapa del proceso y aun antes de la formalización de la investigación, que ordene la desocupación del inmueble con auxilio de la fuerza pública”.
Por lo demás, con la actual legislación, incluso contemplado en el veto del Ejecutivo, se permitirá que en cualquier instante las policías actúen y detengan, lo que no era posible con la legislación previa.
En definitiva, en primer lugar hay un avance notable en contar con una nueva Ley de Usurpaciones, que proteja de manera más rápida, eficaz y concreta el terreno usurpado y a sus dueños, y que permita una actuación inmediata, permanente y fluida de Carabineros. Además, la “toma” ya no es una falta sino un delito y se tipifica para la aplicación de penas carcelarias. Una legislación que, con el veto del Ejecutivo, evitaría la existencia de grupos civiles armados, del uso de arma por parte de un civil y prevenir un enfrentamiento armado entre ciudadanos con graves consecuencias.
Esto es lo que se debate en el Congreso y es lo que tiene en posiciones distintas al oficialismo y la oposición.