Participaron militantes de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus de la Juventud Nacional, oficiales de la Armada e individuos ligados a empresarios. El Edecán Naval del Presidente Salvador Allende fue ultimado en una operación montada en torno de su domicilio, y de la que quisieron culpar a militantes de la Unidad Popular. Los autores del hecho fueron indultados por la Junta Militar y recibieron el respaldo del almirante José Toribio Merino.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 29/7/2023. En la película “Araña”, hay un episodio donde un grupo de extremistas de derecha arma una provocación frente a la casa de un oficial de la Marina y cuando él sale a repeler la agresión, recibe un balazo que lo mata. Mucha gente que vio el filme, pensó que era parte de una ficción. Pero el hecho fue real. Miembros del Frente Nacionalista Patria y Libertad, de la Juventud Nacional, personas ligadas a la Armada y a familias de empresarios, montaron una operación para asesinar al Capitán de Navío, Arturo Araya Peeters, Edecán Naval del Presidente Salvador Allende. Uno de los sucesos que marcan el alcance de las operaciones planeadas y ejecutadas por la oposición al Gobierno de la Unidad Popular.
El hecho ocurrió en las primeras horas del 27 de julio de 1973, en calle Fidel Oteíza, comuna de Providencia, cuando los integrantes del comando ultraderechista hicieron explosionar varias bombas en calles aledañas al domicilio del oficial y armaron una batahola frente a la casa de Araya Peeters. Cuando éste salió al balcón de su casa para repeler la provocación, fue ultimado por balazos disparados por los agresores. Un disparo le dio en el pecho. El acto homicida se consumó a la una y media de la mañana. Una hora más tarde, el Edecán Naval falleció en el Hospital Militar.
Pocas horas antes, el 26 de julio, como solía ocurrir, Araya Peeters había estado junto al Presidente Allende en La Moneda y luego en una recepción en la embajada de Cuba en Chile, donde se conmemoraba un aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, hito del inicio de la Revolución Cubana.
El plan tenía como objetivo generar un grave conflicto político, desestabilizar al Gobierno de Allende, presionar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y culpar del hecho a militantes de la ultraizquierda, a partidos de la Unidad Popular e incluso a funcionarios cubanos e integrantes de la escolta presidencial, el GAP (Grupo de Amigos del Presidente).
El día anterior se concretaba un paro nacional contra la administración de Allende, y en esa semana se habían producido atentados a vías férreas, instalaciones de la red eléctrica y edificios públicos. Estaban activos grupos paramilitares de Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus y otros grupos violentos de partidos de la oposición.
Los dirigentes de la extrema derecha, de la derecha representada en el Partido Nacional, oficiales golpistas, dueños de medios de prensa, dirigentes de gremios empresariales, sobre todo después del 44% de votos obtenidos por la Unidad Popular en la elección parlamentaria de marzo de 1973, estaban apostando por la violencia, la conspiración y acciones de desestabilización que apuntaran al derrocamiento de Salvador Allende. En ese marco se produjo el ataque a la casa del Capitán Araya Peeters y su asesinato.
Los ejecutores
El trabajo de la Policía de Investigaciones determinó que en la acción criminal participó una veintena de sujetos, entre ellos, René Guillermo Claverie Bartet, Mario Eduardo Rojas Zegers, Guillermo Francisco Necochea Aspillaga, Miguel Víctor Sepúlveda Campos, Uca Eileen Lozano Jeffs, Guillermo Adolfo Schilling Rojas, José Eduardo Iturriaga Aránguiz, Luis Guillermo Perry González, Luis César “Fifo” Palma Jiménez, Adolfo Palma Ramírez, Ricardo Vélez Gómez, Rafael Mardones Saint Jean, Enrique Quiroz Ruiz, Wilfredo Humberto Perry González, Odilio Castaño Jiménez, Carlos Fernando Farías Corrales, Juan Zacconi Quiroz, Andrés Pablo Potin Laihlacar, Tito Alejandro Figari Verdugo , Guillermo Bunster, Jorge Ehlers Ölkers y Alejandro Ellis.
Casi todos militantes de Patria y Libertad, del Comando Rolando Matus -grupo paramilitar de la Juventud Nacional-, miembros del Partido Nacional (PN), de la Democracia Radical (DR), oficiales en retiro de la Armada y otros ligados a empresarios. Tuvieron el respaldo de oficiales y organismos de Inteligencia y de personeros de la derecha.
Varios de ellos, después del golpe de Estado de 1973, integraron la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), el Comando Conjunto (dedicado al exterminio y represión de opositores a la dictadura), el Sifa (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea), grupos secretos de apoyo al miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino, o les ofrecieron empleo en dependencias públicas.
Pese a la gravedad del hecho, las pruebas acumuladas por la Policía de Investigaciones y testimonios de testigos -al final se fijó en más de 30 personas las que supieron del operativo contra el Edecán Arturo Araya-, ninguno de los autores y cómplices del asesinato cayó preso o cumplió condena.
Aunque siempre negó ser el autor de los disparos mortales, Guillermo Claverie fue detenido, procesado y condenado a tres años y un día de prisión, como autor material del crimen, pero al final no fue a parar a la cárcel y, junto al resto del grupo, fue indultado por Augusto Pinochet y ayudado por Merino. Varios de los criminales permanecieron ocultos en casas en Valparaíso, y el 12 de septiembre de 1973, un días después del golpe de Estado, recibieron la ayuda de la Armada para volver a sus casas y retomar sus actividades; y eran los asesinados de un destacado oficial de esa rama castrense.
Jorge Ehlers Ölkers, oficial retirado de la Armada cumplió un papel fundamental como organizador y promotor del atentado, proveedor de armamento, involucrando a su yerno Alejandro Ellis. Ehlers dejó Chile cuando se reiniciaron las investigaciones por el asesinato de Araya Peeters y durante la dictadura ocupó cargos públicos como ser director de la Digeder (Dirección General de Deportes). Como él, varios de los instigadores del asesinato del Edecán, fueron integrantes de la Cofradía Náutica del Pacífico.
Según los antecedentes que se disponen hoy, la idea del comando era generar un círculo de agresión en torno de la casa de Arturo Araya, en las calles aledañas y la vereda del domicilio, con explosivos, disparos y arengas a viva voz, haciéndose pasar por militantes de organizaciones de ultraizquierda. Se esperaba que el oficial saliera y en ese momento matarlo. Que la idea fuese secuestrarlo, se descartó en la investigación.
Una vez consumado el crimen, se haría un montaje político y comunicacional, donde participarían dirigentes y parlamentarios del PN, de DR, oficiales de Inteligencia de la Armada y editores de diarios como La Segunda, El Mercurio y La Prensa, con el objetivo de culpar a militantes de ultraizquierda o de la Unidad Popular, y a funcionarios de la embajada cubana.
En esa línea, se detuvo a José Luis Riquelme Bascuñán, un funcionario de la Corfo (Corporación de Fomento), fabricándole un vínculo con el grupo “los elenos” del Partido Socialista (los denominaban así porque participaron en el apoyo al Ejército de Liberación Nacional -ELN- de Bolivia, la guerrilla de Ernesto Guevara), y también se pretendió establecer que por una purga conspirativa, los escoltas del Presidente Allende, del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), habían ejecutado al Edecán Naval.
Sin embargo, toda la investigación judicial y policial -que incluyó aclarar y desmentir las indagaciones de fiscales de la Armada y de miembros de grupos de Inteligencia de esa institución y de Carabineros-, determinó la participación de los autores, vinculado a las organizaciones de ultraderecha y la derecha.
Junto a todo eso, hay documentación proveniente de entidades de Estados Unidos y manejada también en Chile, en cuanto a que el asesinato del Capitán de Navío fue organizado y perpetrado por funcionarios de la CIA (Central de Inteligencia Americana) y se señala específicamente al agente David Sánchez Morales, quien participó en varias acciones y conspiraciones contra el Gobierno de la Unidad Popular. También se asigna un papel en la operación a oficiales del Servicio de Inteligencia Naval y del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR).
En su momento, reabierta la investigación en tiempos de posdictadura, el hijo del oficial, Arturo Araya Corominas, declaró que la tesis de un complot entre la Armada y la ultraderecha cobraba “cada vez más fuerza”.
La terrible mentira
Como ha ocurrido en otros sucesos de este tipo, los dirigentes de Patria y Libertad (liderado por el abogado Pablo Rodríguez), del Partido Nacional y de la Juventud Nacional (con dirigentes como Sergio Onofre Jarpa y Andrés Allamand), medios de prensa de la familia Edwards (en este caso principalmente el vespertino La Segunda), altos mandos de la Armada y dirigentes políticos y empresariales de la época, armaron un tinglado ante la opinión pública, apuntando a que el asesinato del Edecán Naval lo había perpetrado un grupo de ultraizquierda y hasta insinuaron que detrás estaba la mano de “gente de la Unidad Popular”.
Haciendo alusión a la detención del funcionario de la Corfo (que cayó preso por estar borracho y estando en un recinto policial fue elegido para montar la falsa acusación, como lo demostró la investigación judicial) y plegándose al plan conspirativo de la extrema derecha y oficiales de Inteligencia, el vespertino La Segunda puso en portada: “Cayó asesino del edecán. Se habría entregado a Carabineros. Grupo extremista de izquierda lo ultimó. Pretendían raptarlo para convulsionar al país. FTR, MIR y PS serían los cómplices”.
La revista Zig-Zag se sumó a las distorsiones en torno del asesinato del Capitán Araya y publicó una nota donde se señaló que “en extrañas circunstancias caía asesinado el Edecán Naval, Comandante Arturo Araya Peeters. A los pocos días se entregó como implicado en el crimen un militante socialista, quien vinculó en el hecho nada menos que a uno de los jefes del GAP, Domingo Blanco, más conocido como Bruno. Cuando éste cayó detenido más tarde, confesó su participación”.
Diarios como El Mercurio, La Prensa, Tribuna, emisoras como Radio Agricultura y Canal 13 de la Universidad Católica, apuntaron a un atentado de la UP y la izquierda, entregaron versiones confusas, alimentaron tesis de desestabilización e inoperancia del Gobierno, ocultaron las averiguaciones de la Policía de Investigaciones y alentaron hipótesis conspirativas.
Los medios de prensa afines a la derecha y opositores al Gobierno de Allende, contribuyeron explícita y tácitamente a la línea desarrollada por los autores del atentado al Edecán Naval.
El caso Montero y los otros perseguidos y asesinados
El Capitán de Navío, Arturo Araya, no fue el único en ser blanco de la extrema derecha, de opositores al Gobierno de Salvador Allende y de oficiales de la Armada, en un camino de traición y crimen.
Eso incluyó hasta al comandante en jefe de la Marina, almirante Raúl Montero, quien cumplió con los preceptos constitucionales y se negó a ser parte del derrocamiento del Presidente Allende. Como no se sumó al grupo golpista y anticonstitucional de la Armada, encabezado por el almirante Merino, fue presionado y hostigado en los primeros meses de 1973 e incluso instado a renunciar por parte de altos mandos, sobre todo los que integraban el Consejo Naval.
Siguiendo la línea de conspiraciones entre distintos actores, cuando el almirante Montero dejó de ser Ministro de Hacienda, el diario El Mercurio, con clara intencionalidad de presión y sumándose a las pretensiones de los oficiales anticonstitucionalistas, tituló “Renunció Montero”, y publicó que “se rumoreó que se ofrecería la comandancia a Merino”. Lo cierto era que el comandante en jefe de la Armada se iba de Hacienda, seguía en su puesto de jefe de la institución naval, tenía el respaldo del Presidente Allende, de segmentos del mando de la Marina y no pretendía renunciar.
Sin embargo, el martes 11 de septiembre la traición se consumó. Al chofer de Raúl Montero se le dio la orden de ir al Ministerio de Defensa y no recoger al almirante en su domicilio, a quien se le cortaron los canales de comunicación, nadie del alto mando golpista le contestó el teléfono, y cuando quiso salir de su casa, constató que estaba rodeada de soldados fuertemente armados. Merino, coordinado con Pinochet y el vicealmirante Patricio Carvajal, determinaron la detención domiciliaria de Montero. A media mañana ya no era el jefe de la Armada, lo habían destituido, y pronto debería pasar a retiro, obligado y amenazado por sus excamaradas de la Armada.
Está en los registros históricos el caso de decenas de marinos y suboficiales de la Armada que denunciaron los propósitos golpistas de altos mandos navales, en una actitud de defensa constitucional, pero fueron acusados de sedición, arrestados, torturados, perseguidos y dados de baja de la entidad castrense.
Lo que podría sintetizar dramáticamente la actitud de innumerables oficiales, suboficiales y funcionarios de las Fuerzas Armadas, y las acciones conspirativas y criminales de la derecha y la extrema derecha, son los asesinatos de los comandantes en jefes del Ejército, René Schneider y Carlos Prats, y del general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet.
En los primeros tiempos de la dictadura, por lo mendos medio centenar de oficiales, suboficiales y subalternos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros, fueron asesinados, torturados, detenidos y expulsados de las filas, por mantener una postura de apego a la Constitución, no sumarse al golpe de Estado e incluso defender a ciudadanas y ciudadanos de los actos represivos.
Uno de los casos más descriptivos de la acción criminal de la extrema derecha y oficiales de las FFAA, es el del Capitán de Navío, Arturo Araya Peeters.
El 28 de Abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso procediese a la reapertura de la investigación, tomando testimonio a Guillermo Claverie Bartet y realizase otras diligencias que de ello se deriven.
Sus confesiones confirman lo que los hijos del Edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la Justicia naval y que culminó en 1980, con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: «Es que esa investigación está plagada de vicios», sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.
Con estas confesiones de Claverie, los hijos del Edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que, en su momento, fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.