No se olvida su militancia en el partido del “Fra Fra”, su paso por Renovación Nacional y su candidatura a diputada. Llegó a la Suprema al ser propuesta por el ex presidente Sebastián Piñera. La integrante de la Corte Suprema se opuso a una nueva Constitución y en un momento firmó documento que defendía el texto constitucional heredado de la dictadura. Expresó su rechazo al aborto y el uso de “la píldora del día después” y actuó en contra de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Negó la existencia de presos políticos de la revuelta social y armó una polémica al decir que en el país el Estado de derecho “está puesto en jaque”.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. La abogada Ángela Vivanco, con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, hoy integrante de la Corte Suprema, fue una activa militante de la derecha orgánica, y lleva una estela de posicionamientos controversiales, como estar en contra del aborto y la ley de tres causales para interrupción del embarazo, afirmar que no son presos políticos los detenidos durante la revuelta social de 2019, defender la Constitución del ’80 y cuestionar las normativas de un nuevo texto constitucional, e instalar ahora que el Estado de derecho en el país “está puesto en jaque”.
Vivanco fue el brazo derecho político y jurídico del empresario Francisco Javier Errázuriz, “Fra Fra” durante varios años, y juntos desarrollaron el partido conservador Unión de Centro Centro (UCC) que, sobre todo en la década del noventa, trabajó de la mano con Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Esa fue una colectividad que le hizo la guerra a los gobiernos de la Concertación y buscó espacios de representación para segmentos conservadores y empresariales. Ángela Vivanco fue durante harto tiempo presidenta de la UCC.
En esas funciones estableció vínculos estrechos con personajes como Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma, de la UDI, y Andrés Allamand y Alberto Espina de RN. Se convirtió en una dirigenta y vocera de la derecha que inclusive llegó a ser mejor considerada que el propio “Fra Fra”.
Con Allamand y Espina las cosas pasaron a mayores y durante algún tiempo mantuvieron conversaciones y acercamientos que llevaron, una vez que ella abandonó a Errázuriz y a la UCC, a que se incorporara a RN y fuera candidata a diputada por ese partido en 1977, obteniendo el 4% en un antiguo Distrito de la Región Metropolitana.
En esos años, Ángela Vivanco fue una férrea opositora de la Concertación y una activa adversaria de la izquierda, y defendió doctrinaria y políticamente las tesis de la derecha y de los sectores conservadores. Ello incluyó una cercanía con personeros de la Pontificia Universidad Católica y el mundo de abogados conservadores.
Mantuvo trabajo y conexiones con RN durante un buen tiempo. Años más tarde se le tendió la mano, cuando el ex presidente Sebastián Piñera, que la conocía desde la época de la UCC, la propuso como nueva integrante de la Corte Suprema, y su candidatura fue impulsada desde las colectividades conservadoras.
El No a la nueva Constitución
Ángela Vivanco afirmó su oposición a una nueva Constitución con un «pienso que no» y atribuyó ese objetivo simplemente a consideraciones políticas, psicológicas y emotivas, en una entrevista en CCN-Chile.
Además, manifestó su oposición a las normas del nuevo texto constitucional sobre el Poder Judicial y los límites de edad y tiempo en ejercicio de las y los jueces. Fue una activa opositora a los contenidos que emanaban de la Convención Constitucional y manifestó en su momento que “como Poder Judicial estamos viviendo una situación bastante compleja y difícil. Hay muchos aspectos de la nueva Constitución que nos dejan en la duda de cómo se van a resolver”.
En su momento, la ahora jueza de la Suprema firmó junto a personeros de la UDI y juristas de derecha, un texto titulado “Chile no necesita una nueva Constitución”, donde se dijo que “creemos que Chile tiene una buena Constitución”, en referencia a la heredada dictadura, “porque reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas y garantiza más y mejores mecanismos protectores de los mismos, porque fortalece y amplía la dignidad humana, porque confía en el Estado de Derecho como marco jurídico bajo el cual se desenvuelve el sistema democrático, porque establece la necesidad de un manejo responsable y no populista de las finanzas públicas”.
Sobre la propuesta de un Consejo de Justicia que se incluyó en la nueva Carta Magna (rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre pasado), la actual integrante de la Corte Suprema coincidió con la postura de la derecha: “Un Consejo de amplias facultades y sin mayoría judicial entre sus miembros, es perfectamente posible que pueda terminar politizándose (…) Puede tratarse de una instancia en que directamente haya una pérdida de la independencia judicial o incluso podemos encontrar funciones tan abiertas que pueden ser interpretadas de múltiples maneras”.
“No hay presos políticos” y en contra del aborto y la “pastilla del día después”
Sobre las y los presos de la revuelta social de 2019, la mayoría en prisión preventiva y denuncias de faltas al debido proceso, Ángela Vivanco expresó que “yo creo que no hay presos ni de conciencia ni presos políticos”.
Recalcó: “Las personas que están presas, están presas porque están imputadas o condenadas por delitos concretos y comunes, no porque sean opositores o por su pensamiento”.
Con eso se sumó al criterio jurídico de que hay que mantener en prisión preventiva a jóvenes detenidos y cerrar puertas a salidas como el indulto.
Entre sus posicionamientos estuvo su representación de la Universidad Católica en un recurso contra del Ministerio de Salud por el protocolo de objeción de conciencia institucional para realizar abortos en tres causales, proyecto aprobado durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y al cual Vivanco se opuso.
Alegó en contra de la despenalización del aborto en tres causales ante el Tribunal Constitucional, representando a los diputados del conglomerado de derecha Chile Vamos.
La actual integrante del máximo órgano judicial chileno se opuso al derecho de las mujeres a abortar e incluso al uso de la “pastilla del día después” para prevenir embarazos. En una carta que envió a El Mercurio, expresó: “Hoy la ciencia más rigurosa y más laica es tajante en afirmar que la vida humana existe desde la concepción, que desde entonces encontramos ya una criatura genéticamente diferente a sus padres. Por ello, pretender que la utilización de fármacos microabortivos no daña el orden constitucional, que no afecta el derecho a la vida de ser alguno y es la medida restauradora de la paz ciudadana frente al embarazo no deseado, presenta erróneamente a nuestro país como sumido en una esquizofrenia”.
Llegó a tal extremo en su rechazo a la interrupción del embarazo, que usó el caso de mujeres víctimas de tortura, ejecución y desaparición durante la dictadura. Señaló que “hay numerosos documentos y fallos que han interpretado que la vida se protege desde la concepción. Uno de esos documentos es el Informe Rettig. Respecto de mujeres embarazadas, dijeron que no solo las iban a considerar víctimas a ellas sino a los hijos que esperaban”.
“El Estado de derecho está puesto en jaque”
En la última semana, la integrante de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, volvió a estar en medio de la controversia al dar una visión respecto a la situación de la delincuencia que está viviendo el país. “El tema del narcotráfico es gravísimo, el aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema de aumento de homicidios que hemos visto recientemente” dijo, y añadió que “todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad”.
No cayó nada de bien la afirmación en el Gobierno porque tácitamente fue una referencia a que las cosas ahora andan mal en materia de seguridad pública. Entonces vino la reacción del Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien sostuvo que “el Estado de derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante hacer esa aclaración”.
En ese marco, y refiriéndose a la afirmación de Vivanco, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, dijo en EmolTV que “más que la crisis del Estado de derecho lo que hay que preguntarse es si los instrumentos que hoy tenemos para enfrentar el tema de la seguridad -desde ámbito judicial, fiscalía y policías- están respondiendo a las necesidades que hoy enfrentamos en el ámbito de la seguridad. Cuando tenemos la misma receta para problemas nuevos y estamos fallando, hagamos el esfuerzo de cambiar la receta. Creo que ese esfuerzo no se ha hecho y, además, se ha policializado la discusión”.
La diputada Alejandra Placencia declaró que “no comparto que la vocera Vivanco haga opiniones políticas sobre otros poderes del Estado cuando no es su rol. Ese es el principal tema que aquí hay que cuestionar. Más allá del fondo, creo que esto se está haciendo costumbre y creo que eso sí no establece una clara separación de los poderes del Estado”.
Como sea, en una entrevista en Pauta, Ángela Vivanco hizo descargos en relación a su currículo. Por ejemplo, al indicar que “milité en política hace muchos y estuve más de 20 años libre de política justamente para ser libre académicamente. Entonces, cuando te dicen ‘usted es ultraconservadora’ o ‘usted es una persona que defiende tal cosa o tal otra’, significa que no te conocen y que se han ceñido a un estereotipo”.
Respecto a sus posiciones frente a temas como el aborto, la jueza declaró en esa oportunidad que “esas críticas provienen solo de gente que no me conoce y que se hizo un estereotipo. Porque quienes me conocen saben que nunca me he desempeñado ni jurídica ni académicamente respecto de una tendencia. Que yo tenga ideas políticas no significa que haya operado al servicio de la política. Siempre he sido lo más ecuánime posible y lo que me parece bien o mal tiene que ver con la formación jurídica”.