Los episodios ocurrieron entre 1976 y 1978 y afectaron a más de mil familias que fueron víctimas de un operativo ilegal y represivo ejecutado por militares. “Se inició una historia de lucha de recuperar de alguna manera una indemnización por el daño causado, proceso que comienza hoy con la querella que hemos presentado”, dijo el artífice de esa conjunto habitacional, el arquitecto Miguel Lawner. El abogado Francisco Ugás, declaró que “los hechos ocurridos en esos años son crímenes de derecho internacional, por lo que el Estado de Chile, pese al tiempo transcurrido, tiene el deber de ejercer ese poder-deber que le asiste de investigar y sancionar delitos”.
Santiago. 10/01/2023. Después de 46 años de haber sido desalojados y desplazados ilegalmente de sus departamentos en la Villa San Luis de Las Condes, en la década de los 70, pobladores afectados y agrupados en la Fundación de Desalojados Villa San Luis, recurrieron a la justicia y presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices y encubridores de los delitos de aplicación de tormentos o apremios ilegítimos, como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La querella fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en representación de 19 personas que sufrieron directamente estos vejámenes y busca reparar, en parte, el daño causado durante todos estos años.
Francisco Ugás Tapia, abogado patrocinante del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, explicó que se trata de la primera acción judicial de carácter criminal ejercida por la ocurrencia de estos eventos y busca que se esclarezcan los hechos, se determine quiénes fueron los responsables de estos delitos, para luego, en su caso, ser sancionados penalmente.
“Buscamos que estos hechos que se han perpetuado en el tiempo en una cierta impunidad, puedan ser investigados y sancionados por la justicia. Para nosotros, los hechos ocurridos en esos años son crímenes de derecho internacional, por lo que el Estado de Chile, pese al tiempo transcurrido, tiene el deber de ejercer ese poder-deber que le asiste de investigar y sancionar delitos”, señaló el jurista.
La Villa San Luis de Las Condes fue un proyecto urbano emblemático de integración social, diseñado a fines de los años 60 por el arquitecto Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2019, el cual estaba ubicado en la que es actualmente la calle Presidente Riesco de dicha comuna. En total, fueron 1.038 familias afectadas con el desalojo violento a manos de militares, en diversos eventos acaecidos entre 1976 y 1980, para ser trasladadas y repartidas en camiones castrenses, en diversas comunas de la Región Metropolitana, dejadas con lo puesto en sitios eriazos, canchas barriales, basurales y otros lugares de la periferia de Santiago.
Pese a ser asignatarios legítimos de sus viviendas y contar con la documentación que así lo establecía, para entonces aún no estaba la recepción final de la obra y los títulos de dominio estaban en trámite. Esto sirvió para que la Villa San Luis fuera epicentro de los brutales desalojos que se realizaron entre los años 1976 y 1980, por la dictadura civil militar.
Antonieta Miranda, presidenta de la Fundación de Desalojados Villa San Luis, tenía 8 años al momento del desalojo y con su familia fueron trasladados a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en donde permanece actualmente. Señala que este es un momento histórico y que esta acción judicial viene a romper con años de silencio.
“Este momento es histórico, porque después de 50 años estamos siendo escuchados en busca de una reparación. Queremos justicia, que no queden estos hechos impunes y que nos reconozca el daño que nos hicieron en dictadura. 50 años de silencio y gracias a don Miguel, fuimos despertando. Pedimos que la justicia haga su trabajo”, expresó.
“Durante ese tiempo, nuestros padres, nuestros vecinos y vecinas mayores fueron muriendo. Con ellos y ellas, el dolor y la impotencia penetran pero ha tenido como contracara, la lucha y la esperanza. Lo que acabamos de concretar por tanto, lleva impregnado la memoria de ellos y el presente de sus hijos y familiares. Hoy estamos aquí, en los tribunales de justicia de nuestro país, porque nosotros somos testimonio vivo de esa tragedia. Estamos aquí presentes para exigir que la justicia haga su trabajo. Si es así, estamos seguras que entonces reconocerá que los cuerpos y los DDHH de nosotros, los ex pobladores de la Villa San Luis, fueron transgredidos”, agregó Miranda.
Igualmente, para el arquitecto Miguel Lawner, impulsor de lo que fue el proyecto Villa San Luis, y quien ha apoyado a las familias afectadas a agruparse y visibilizar su caso, “este es un momento histórico, ya que por primera vez después de casi 50 años hemos venido a iniciar el proceso de reparación de un despojo inaudito del que fueron víctimas más de 5 mil personas. Fueron lanzados en forma inaudita algunos en camiones de la basura de la municipalidad de las Condes, otros arrojados en potreros, desconociendo los derechos que tenían como dueños de sus propiedades”.
Agregó que “desde entonces se inició una historia de lucha de recuperar de alguna manera una indemnización por el daño causado, proceso que comienza hoy con la querella que hemos presentado”, expresó el arquitecto.
A medida que se fueron reconociendo, los pobladores también se fueron agrupando. En el año 2022, crearon la Fundación Desalojados Villa San Luis de Las Condes, la cual está integrada por cerca de 800 familias víctimas y que casi en su totalidad eran menores al momento de los hechos. Solo sobreviven 2 adultos de aquel entonces y que bordean los 90 años.
Después de cerca de cinco décadas y ya constituidos como Fundación, sus miembros están decididos a dar a conocer sus historias y hacer frente a tantas décadas de silencio e injusticias. Quieren ser escuchados y visibilizar lo ocurrido; que los responsables respondan por todo lo que tuvieron que vivir.
A la fecha, se ha podido ubicar a una parte importante de estas personas, quienes fueron distribuidas en 7 comunas de la capital: 17 de ellas fueron llevadas a un sitio eriazo de la comuna de Pudahuel, para luego, ser trasladadas y ubicadas en albergues en la comuna de Lo Prado, en donde permanecen hasta la fecha; otras 64 familias fueron abandonadas en el paradero 20 de Santa Rosa, en la comuna de La Granja; otras 58 en Los Espejo; 34, en Conchalí; 54, en la población Juan Antonio Ríos, de Independencia; 115 familias en Pedro Aguirre Cerda; y, 280 familias, en la comuna de Renca. Otro grupo importante fue trasladado a San José de Maipo y Lo Ocurro, pero aún no han podido ser localizadas.