Organizaciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, los Colegios de Periodistas y Profesores, el Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta y la ANEF, expresaron en un comunicado que “resulta evidente el desequilibrio en la calidad de la información proporcionada en este período, especialmente a través de la televisión abierta, pero también en la prensa escrita y la radio”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 29/08/2022. El siguiente es el texto íntegro de la declaración de diversas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos:
Nuestra preocupación por el rol de los medios de comunicación en el Plebiscito
Frente a la histórica decisión que la ciudadanía debe adoptar, aprobando o
rechazando la propuesta de nueva Constitución política, para la Comisión Chilena
de Derechos Humanos y demás organizaciones firmantes, resulta necesario realizar
un balance del rol informativo cumplido por los medios de comunicación social.
La formación de una opinión pública informada es esencial para un adecuado
ejercicio del sufragio. Un voto libre e informado requiere condiciones mínimas para
que el debate público sobre su contenido satisfaga las necesidades de la ciudadanía
y se desarrolle una deliberación pública, plural y abierta.
La libertad de expresión y opinión, a cuyo amparo se desenvuelven los medios de
comunicación, tiene una dimensión individual, relativa al derecho de expresar los
propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión social, consistente
en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, conocer los
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada; es decir,
incluye el derecho a recibir y conocer puntos de vista, informaciones, opiniones,
relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen.
Es en este contexto que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos proclaman que “la libertad de expresión es un derecho humano
internacional fundamental y componente básico de la sociedad civil basada en los
principios democráticos”. Dichas exigencias representan una condición
indispensable para la consolidación, funcionamiento y la preservación de los
regímenes democráticos.
Por ello manifestamos nuestra enorme preocupación respecto del rol informativo
desempeñado por los medios de comunicación frente al plebiscito constitucional.
Resulta evidente el desequilibrio en la calidad de la información proporcionada en
este período, especialmente a través de la televisión abierta, pero también en la
prensa escrita y la radio.
El pluralismo informativo se encuentra seriamente debilitado en Chile como
consecuencia de una enorme y creciente concentración de la propiedad de los
medios de comunicación social, tal como lo consignó en su Informe sobre la
situación de nuestro país, el Relator sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, publicado el año 2016. En el mismo sentido,
cabe destacar lo señalado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
Libertad de Opinión y de Expresión en su Informe del año 2014: “Un ámbito esencial
de transparencia en los procesos electorales es el que afecta a la propiedad de los
medios de comunicación y a la influencia que se ejerce sobre ellos. La creciente
fusión de medios de comunicación en manos de un número cada vez menor de
empresas es motivo de grave preocupación en lo que se refiere a la comunicación
política”.
Con ocasión del plebiscito constitucional, esta crisis se ha agudizado, mediante la
utilización sistemática de prácticas de desinformación, todas las cuales han
perjudicado gravemente el desarrollo de un auténtico debate público que permita a
la ciudadanía manifestar con propiedad su preferencia en esta materia, de vital
importancia para el conjunto de la sociedad chilena. Las denominadas fake news,
la información sesgada y engañosa y la mera propaganda son utilizadas por quienes
los grandes medios les dan tribuna permanentemente, particularmente en los
grandes medios de comunicación masiva, como los canales de televisión.
Sin duda el establecimiento de una discusión respecto del conjunto de las bases
fundamentales del Estado representa una cuestión de enorme complejidad. Con
mayor razón, especialmente los medios de comunicación que ocupan el espectro
radioeléctrico, que es un bien de todos los chilenos, estaban compelidos al
cumplimiento de un desafío y responsabilidad mayor.
El balance no es alentador. En el caso de la televisión la situación es todavía más
grave. Es público y notorio que grandes sectores de la ciudadanía, especialmente
de mayor edad, pero también que reside en regiones y lugares apartados, se
informa principalmente mediante la televisión abierta.
Claramente este medio no ha favorecido una adecuada información sobre los
contenidos de la propuesta constitucional. Claramente, la televisión instaló un
modelo de aparente debate que impidió el real conocimiento de la propuesta,
centrándose en aspectos adjetivos y de espectacularidad.
Por otra parte, resulta insólito que el único concesionario que presentaba una
mirada diversa al enfoque monocorde de contenidos, permanece en una crisis
operacional hace meses, respecto de la cual ninguna autoridad pública, ni sus
propios directivos se han manifestado.
Asombra en este sentido el rol del Consejo Nacional de Televisión, único regulador
del Estado en la materia, por su pasividad en esa crisis, desestimando además las
numerosas denuncias que se le han presentado.
El escaso y controversial protagonismo ejercido por Televisión Nacional de Chile
resulta particularmente perjudicial en este sombrío panorama, por cuanto por su
intermedio se encuentra directamente el compromiso del Estado con los estándares
internacionales de libertad de expresión.
Los efectos de este reprochable abandono de deberes por los actores involucrados,
terminará siendo incidente en el resultado final del plebiscito convocado.
Hacemos un llamado final a los responsables de los medios de comunicación para
que adopten todas las medidas conducentes a erradicar todo tipo de las prácticas
reñidas con un auténtico ejercicio de la libertad de expresión.
Sólo el voto libre e informado garantiza una auténtica participación democrática. Su
ausencia cuestiona severamente la legitimidad del proceso eleccionario y reafirma
la necesidad de establecer una nueva institucionalidad democrática fundada en el
pleno respeto de la libertad de expresión, de acuerdo a los estándares
internacionales de derechos humanos.
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas
Colegio de Profesores
Departamento de DDHH Colegio de Profesores
Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO + AFP
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Coordinador de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales
ANAMURI
Plataforma Política Mapuche
Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular
Coordinadora de Víctimas de Perdigones
Mujeres por la Justicia y contra la Impunidad
Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta
Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de agentes del Estado (AVIDVAE)
Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile
Fundación PIDEE
Centro de Formación Memoria y Futuro
Agrupación de Voluntarios por la defensa de los DDHH (Avodech)
Marea Sur-Observatorio Socioterritorial
Alvaro Ramis, Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Santiago, 28 de Agosto de 2022.