300 millones de pesos al SML para peritajes en torno de la revuelta social de 2019. Corte de Apelaciones de San Miguel confirma condenas por desaparecidos de Paine. Colegio de Abogados realizará homenaje a víctimas de represión de la dictadura cívico-militar.
10/06/2022. Se informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregará más de 300 millones de pesos al Servicio Médico Legal (SML), con el fin de enfrentar la brecha existente en realización de peritajes de Estambul y Salud Mental que mantiene la institución, medida enmarcada en la nueva agenda integral de “Verdad, Justicia y Reparación para las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social”.
Esta inyección de recursos le permitirá al organismo forense aumentar su capacidad de respuesta, ampliando la cobertura y sistema de turnos con personal dedicado especialmente a esta labor, así como también poder realizar nuevas capacitaciones que permitan acrecentar el número de profesionales idóneos en este tipo de pericias.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, señaló que “estos nuevos recursos entregados dicen relación con el compromiso que hemos adquirido como gobierno respecto de la agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas del Estallido Social. Ello también permitirá reforzar el trabajo en materia de salud mental del Servicio Médico Legal en todo el país, lo cual va en la línea de las acciones a las que nos hemos comprometido en regiones, en cuanto a mejorar el acceso a la justicia de todas y todos los habitantes de nuestro país”.
A la fecha, el Servicio Médico Legal cuenta con 124 peritos capacitados en Protocolo de Estambul. Durante el periodo de pandemia se generó un importante retraso en la asistencia de los afectados y en la disponibilidad de peritos para la realización del examen, y durante 2021 se completaron 813 de solicitudes de Estambul.
El director nacional del SML, doctor Gabriel Zamora, explicó que “las materias relativas a derechos humanos siempre serán un norte para nuestra institución. La realización de estos peritajes son una pieza clave para las investigaciones y para nosotros es muy importante recibir estos recursos para dar cumplimiento a nuestro rol
público y aportar para esclarecer estos posibles delitos”.
Con esta nueva gestión conjunta de la cartera de Justicia y el SML, se espera culminar durante este año 2022, con los 513 peritajes pendientes de causas relacionadas con el estallido social.
Corte de Apelaciones de San Miguel confirma condenas por desaparecidos de Paine
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó sentencia de segunda instancia, en el caso conocido como “Episodio subcomisaría de Paine” y condenó a dos ex carabineros por el secuestro calificado del comerciante Luis Nelson Cádiz Molina y del profesor Alberto Leiva Vargas, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
De esta manera, los ministros Patricio Esteban Martínez y Marcelo Ignacio Ovalle (s) junto al abogado integrante Ignacio Castillo Val, confirmaron lo resuelto por la ministra Marianela Cifuentes en julio del 2021, en su fallo de primera instancia, y dejaron a firme las condenas de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autores de secuestro calificado de ambas víctimas, a los carabineros José Retamal Burgos y al ex coronel Nelson Bravo Espinoza, quien se desempeñaba como jefe de la Comisaría de Carabineros de Paine en ese entonces y quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco por estar vinculado en otras causas de crímenes de lesa humanidad.
Señalar que eran cuatro los acusados en esta causa por los delitos mencionados. Dos de ellos fallecieron antes de ser condenados, mientras que Retamal Burgos falleció en octubre de 2021, meses después de ser condenado en primera instancia por la ministra Cifuentes.
Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en este caso, se trata de “una buena noticia para los familiares de estas víctimas, que han esperado 49 años para que el Estado de Chile les haga justicia a sus seres queridos”.
Caucoto enfatiza en que “se está terminando el juicio, pero queda pendiente lo más importante: aparte de sancionar a los responsable, ubicar los cuerpos de estos dos chilenos desaparecidos. Esa es y sigue siendo una tarea pendiente, que debemos asumir como sociedad”.
Luis Nelson Cádiz Molina y Alberto Leiva Vargas, son dos de las de 70 víctimas que fueron ejecutadas y desaparecidas por la dictadura militar en la localidad de Paine, en su mayoría campesinos de la zona, la cual vivió su propio holocausto, convirtiéndose, en proporción a nivel país, como uno de los lugares más golpeados por la represión.
De acuerdo con la investigación sustanciada por la ministra Marianela Cifuentes se pudo establecer que “el día 14 de septiembre de 1973, tras tomar conocimiento de un requerimiento en su contra, Luis Nelson Cédiz Molina, se presentó voluntariamente en la Subcomisaría de Carabineros de Paine, lugar en el que se le mantuvo encerrado, sin derecho y que, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se desconoce a la fecha su paradero”
“Que, el mismo día, en horas de la tarde, Alberto Leiva Vargas, empleado auxiliar de Educación Fundamental del Instituto de Educación Rural y estudiante de filosofía de la Universidad Católica de Chile, fue detenido en su domicilio en calle Baquedano 806, en la comuna de Paine y, acto seguido, trasladado a la referida unidad policial, lugar en que se le mantuvo encerrado y hasta la fecha se desconoce su paradero”
“Que en la época de los hechos la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba bajo el mando de del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, secundado por los suboficiales José Floriano Verdugo Espinoza y Manuel Antonio Reyes Álvarez, actualmente fallecidos, quienes se turnaban en sus funciones cada 24 horas”
“Que en ese tiempo la guardia de la referida unidad policial estaba a cargo de carabineros José Retamal Burgos Y Víctor Manuel Sagredo Arenas, quienes también se turnaban en sus labores cada 24 horas”.
Colegio de Abogados rinde homenaje a víctimas de violaciones a DDHH
El Colegio de Abogados de Chile A.G. rendirá un homenaje a sus colegas detenidos desaparecidos y ejecutados políticos con una placa conmemorativa en la Biblioteca del Colegio en memoria de los abogados colegiados; Carlos Berger Guralnik, Julio César Cabezas Gacitúa, Rubén Guillermo Cabezas Parés, Arnoldo Camú Veloso, León Eduardo Celedón Lavín, Roberto Guzmán Santa Cruz, Sócrates Ponce Pacheco, Reinaldo Salvador Posek Pedreros, Arsenio Poupin Oissel y Carlos Helen Salazar Contreras.
La ceremonia será presidida por Ramiro Mendoza Zúñiga Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., Macarena Carvallo Silva Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden y Alicia Lira Matus Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Contará también con la presencia de diversas autoridades sociales, gremiales y políticas ligadas al Derecho que darán especial realce a este histórico homenaje.