Datos impactantes de la represión en 2019 que parecen olvidarse, mientras para este martes se anunció la salida a la calle de 25 mil carabineros “empoderados”. Miles de víctimas y de querellas, sobre todo contra Carabineros y el Ejército, por violaciones a derechos humanos, que están en el aire, flotando, sin que pase nada: pocos procesos formalizados y menos condenados. La falta de respuesta de justicia para más de 400 víctimas de trauma ocular y para unos 3 mil heridos y personas abusadas.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 17/10/2022. En el contexto de la revuelta social de 2019 y el año que siguió, se produjeron miles de casos de violaciones a los derechos humanos, documentados, a manos de agentes del Estado, pero no pasan de un decena los uniformados procesados y condenados, las investigaciones nunca avanzaron en prácticamente la totalidad de más de 400 casos de víctimas de trauma ocular y poco o nada se sabe sobre la treintena de muertos en esas jornadas de movilización.
Después de un año de los sucesos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregó un informe que estableció que se presentaron dos mil 520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo el país, con tres mil 203 víctimas de vulneraciones, mal tratos e inclusive agresiones sexuales, principalmente de Carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con ese reporte, se supo que dos mil 340 querellas fueron contra Carabineros, 97 contra el Ejército, 34 contra la Policía de Investigaciones y varias otras contra la Armada.
Los datos de organismos de derechos humanos (DDHH) nacionales e internacionales, indican que hubo 440 personas que sufrieron trauma ocular, producto de la munición utilizada por Carabineros, como perdigones, balines y bombas lacrimógenas disparadas a la cabeza de manifestantes.
A finales del 2019 se reportó que el Ministerio de Salud había realizado 12 mil 738 atenciones de urgencia “durante la situación de emergencia” entre el 18 de octubre y el 7 de diciembre. Según el INDH, en eso meses hubo mil 466 personas lesionadas por golpes e inhalación de gases lanzados por Carabineros, mil 554 heridas por perdigones y 198 víctimas de disparos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recopiló 133 casos de torturas y malos tratos por parte de agentes del Estado. Hubo 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños. Al mismo tiempo, el INDH habló de 108 querellas por tortura y 166 casos de violencia sexual.
El Ministerio de Justicia, en datos que se consideran moderados, informó de 28 mil 210 personas detenidas entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre de 2019.
No pasó inadvertido en esta conmemoración de los tres años de la revuelta popular, que una de las noticias destacadas de estos días fuese que 25 mil carabineros estarán en la calle para resguardar el orden público, en un intento de criminalizar las manifestaciones ciudadanas por el 18/O. Carabineros, se dice, “empoderados” por la muerte de dos de sus funcionarios hace una semana y el apoyo del Gobierno, en un cuadro donde se dejó de lado el papel que jugó esa institución en la represión y violaciones a los derechos humanos.
A fines de 2019 se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señaló en una de sus partes: “La información recibida ( ) señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones” por la protesta social. Se indicó que “la Comisión expresa su alarma por información publicada por instituciones nacionales de derechos humanos que señala prácticas de Carabineros a detenidos en las que se harían simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes, entre otros”.
Un reporte de Human Rigths Watch, apuntó que “Miembros de Carabineros golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon municiones llamadas ‘bean bag’ (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela), o cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales”. En una parte el reporte expresó sobre el trato a detenidos: “Carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres”.
En su momento, abogados, legisladores y organismos de DDHH plantearon que en Chile “se habían cometidos graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, y Pilar San Martín, investigadora de Amnistía Internacional sostuvo que “Carabineros y el Ejército efectuaron ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”. Añadió que “la generalidad de estos ataques dan cuenta de una responsabilidad de mando que claramente va a tener que rendir cuentas”, algo que hasta hoy no ocurre. Inclusive surge la pregunta de si Carabineros pedirá disculpas por todo lo ocurrido.
En una entrevista con El Siglo, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), expresó que “en los cuatro informes de organismos internacionales ( ) quedó meridianamente claro que en Chile el Estado, a través del gobierno y de las fuerzas policiales que están bajo su control, violaron de forma grave, masiva y sistemática los derechos humanos a partir del 18 de octubre”.
Poco avance en justicia
Hasta el 2022, de acuerdo a cifras de organismos nacionales e internacionales, en el país no había más de 30 causas formalizadas pese a existir miles de casos de violaciones a los derechos humanos y no suman diez los uniformados procesados y condenados.
De acuerdo con la información de la Fiscalía Nacional, de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la revuelta ciudadana, sólo existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas, entre ellas la sentencia a 5 años y un día de prisión en contra de un militar por el asesinato del joven Kevin Gómez, y la condena a 12 años de cárcel contra el capitán de Carabineros que dejó ciega a la trabajadora y hoy senadora Fabiola Campillai.
Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, dijo a la prensa que el 18/O “nos enfrenta a la lamentable situación de impunidad generalizada” en el país.
Indicó que, por ejemplo, “los mandos de Carabineros a cargo de la gestión del estallido social siguen sin rendir cuentas mientras la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia y reparación tras los brutales abusos cometidos por las fuerzas policiales”.
El Informe Anual de Derechos Humanos en Chile, 2022, de la Universidad Diego Portales (UDP) reveló que a abril de este año se ingresaron 8.593 causas contra agentes del Estado. De ellas, solo 75 se han formalizado, con 128 agentes involucrados.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, entrevistada por Radio Universidad de Chile, manifestó que “lo que más lamentamos a tres años (de la revuelta social), es la tremenda impunidad que sigue existiendo en este país, una cultura de la impunidad y eso la verdad que nos ha desanimado porque pensábamos que con este Gobierno iban a avanzar mucho más rápido las querellas e íbamos a tener pronta respuesta y lamentablemente, no hemos tenido esa anhelada justicia”.
Todo en un contexto donde distintos actores reconocen que el tema de DDHH y el estallido social salió de la agenda y son pocas las entidades y personeros preocupados de las víctimas y de los procesos contra personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas.