En su gestión, una tragedia en derechos humanos. Parte de su administración, con menos del 10% de aprobación ciudadana. Quiso echar abajo el proceso constituyente iniciado por Michelle Bachelet y terminó cediendo a un plebiscito por una nueva Constitución. No alcanzó ninguna de los objetivos ejes de su programa de Gobierno. Fracasó en su intento de liderazgo en la región. “Renuncia Piñera” se convirtió en consigna masiva en todo Chile. Sometido a dos acusaciones constitucionales y un proceso por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 11/03/2022. “Es el peor Gobierno en la historia reciente de Chile”. Esa aseveración se le escuchó recurrentemente a legisladores, analistas, periodistas y dirigentes políticos de Chile, en relación a la gestión del saliente Presidente Sebastián Piñera.
La mitad de su mandato tuvo entre 6 y 15 por ciento de aprobación. En noviembre de 2019 marcó 9.1%, un mes después, 4.6% y a inicios de 2020, un 6%. En 2021, por gestión de pandemia y baja en las tensiones políticas, se acercó al 20%.
Durante la gestión de Piñera, en un año y medio, hubo alrededor de 30 muertos, más de 3 mil heridos, 460 personas con trauma ocular y 25 mil detenidos, y así, su período estuvo marcado -según organismos nacionales e internacionales- por “la sistemática y masiva violación a los derechos humanos” como no se veía desde la dictadura.
Al iniciar su Gobierno, le puso punto final al proceso constituyente y anunció que no se trabajaría por una nueva Constitución. No le duró ni un año. El movimiento social y la revuelta popular desembocaron, entre otras cosas, en la exigencia de nueva Constitución y la realización de un plebiscito que aprobó ese objetivo y se generó la Convención Constitucional que está elaborando el nuevo texto constitucional.
Sebastián Piñera, en un gesto de soberbia, aseguró que Chile “es una isla” dentro de un sombrío panorama regional, y a las pocas semanas le estalló en el rostro la revuelta social de 2019 que, entre otras cosas, aniquiló el programa de Gobierno del presidente y de su conglomerado de derecha. Chile Vamos.
En estos días, personeros de la administración que sale de La Moneda, hablaron del cumplimiento del 60% del programa, y algunos retrucaron que no alcanzó ni el 40%. Pero más allá de los números, cualitativamente, los asuntos no anduvieron bien.
Al iniciar su gestión, Sebastián Piñera estableció como ejes soluciones en seguridad pública y parar la delincuencia, lograr La Paz en La Araucanía, desarrollo y crecimiento económico, acuerdo nacional por la infancia. En todo eso el saldo es absolutamente negativo; nadie se acuerda o se quiere acordar de esos objetivos, y pueden constituir otro argumento más para hablar “del peor Gobierno de la historia”.
En su programa habló de crecimiento del empleo y mejora de los sueldos, mejorar el acceso y calidad en salud, mejorar la educación para niños y trabajadores, hacer retroceder la delincuencia y el narcotráfico, y frenar el proceso constituyente. Nada de eso se logró.
Desde el inicio de su gestión, quiso asumir un liderazgo regional, afianzó relaciones con varios nuevos gobiernos de derecha y ultraderecha, y encabezó el intento de derrocamiento del Gobierno Bolivariano de Venezuela, viajando a la frontera colombiana-venezolana, aliado con los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, y convocando a una asonada contra los venezolanos. Aquello fracasó y, entre otras cosas, incidió en la crisis migratoria chilena con el llamado de Piñera a que los venezolanos viajaran sin problemas a Chile.
“Renuncia Piñera” se convirtió en consigna masiva en todo Chile, se instaló su descrédito como mandatario e inclusive perdió todo posicionamiento regional e internacional.
Estuvo al borde de una acusación constitucional por no cumplir sus deberes como Presidente de la República. Se le sindicó “comprometer gravemente el honor de la nación e infringir la Constitución”, provocando una amplia violación a los derechos humanos.
Además, tuvo que declarar en un proceso judicial acusado de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, algo que no ocurría desde el caso del dictador Augusto Pinochet.
Hubo una segunda acusación constitucional por falta de probidad por su vinculación con irregularidades en el negocio del proyecto minero “Dominga”.
Eso lo colocó como el Presidente más desacreditado de la era pos dictadura.
Tuvo que enfrentar acusaciones contra sus ministros por romper el marco institucional y malas gestiones, y debido a violaciones a los derechos humanos y no respeto a las normativas constitucionales, su mano derecha y ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, miembro del grupo Los Coroneles del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), fue sacado del servicio público por una acusación constitucional en el Parlamento.
Entre medio, y como si no bastara todos sus problemas e ineficacias, Piñera encaró cuestionamientos y acusaciones por su irregular involucramiento en el proyecto minero “Dominga”, beneficiando a grandes empresas de la minería, y por nexos con “paraísos fiscales” y no pago de impuestos de su negocio familiar multimillonario, todo revelado en el caso internacional de “Papeles de Pandora”.
Si alguien quiso construir “un relato” del Gobierno de Piñera, no lo logró. Pese a que en su círculo cercano quisieron instalar “un relato”, una impronta de su gestión, no lo lograron. No había cómo. Es más, en la retina nacional quedaron frases del mandatario como aquella de que “estamos en una guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia son ningún límite”, refiriéndose a la revuelta social de 2019. O aquella de campaña de que con él llegarían “tiempos mejores”, que en el pueblo se transformó en “tiempos peores”.
Además, el saliente gobernante logró, con su mala gestión, erráticas decisiones y acorralamientos políticos, dividir a la derecha, y sobre todo desde finales de 2019, quedó cortado el puente entre él y los partidos de Chile Vamos, de donde llovieron todo tipo de críticas y disidencias. Piñera dejó de ser líder y conductor de su sector y, más aún, pasó a ser una molestia, demostrada entre otros episodios, cuando en la campaña presidencial y parlamentaria, prácticamente el 90 por ciento de candidatas y candidatos de su sector no quisieron la foto junto a él, ni ser identificados con la administración piñerista.
Las debilidades, desapegos y errores de Sebastián Piñera como factor eje dentro de su sector, contribuyeron al auge de la ultraderecha encabezada por José Antonio Kast que fue quien pasó a segunda vuelta presidencial, obligando a partidos como la UDI y Renovación Nacional, a apoyarlo. Uno de los enojos en la derecha era con Piñera por haber llegado a esa situación.
Es más, dentro de la derecha orgánica y económica, en los cuerpos editoriales de los medios conservadores, en la “familia militar”, en el seno de los poderes fácticos, en la ultraderecha, se responsabiliza a Piñera que hoy se esté sellando el fin completo de la Constitución heredada de la dictadura cívico-militar.
Se dijo que la pandemia del Covid-19 “le dio un respiro” a la gestión presidencial, y que se valoraron acciones como el plan masivo de vacunación. Pero hubo muchas acusaciones de mal manejo de las cifras, de ocultamiento de datos, de falta de apoyo a los sectores más pobres, de desprotección del personal de Salud.
En medio de eso, el Gobierno tuvo un revés cuando, en lo peor de la crisis social, en el Parlamento se plantearon los retiros del 10% de los fondos de pensiones, y pese a que La Moneda se opuso duramente, hasta diputados de la derecha votaron a favor de ese mecanismo.
Hubo durante su gestión, imágenes patéticas de Piñera, como estar comiendo pizza en un local de Las Condes la noche del estallido social, con cientos de miles de personas en las calles protestando, hechos de violencia en todo el país, quema de estaciones del Metro, miles de heridos y detenidos, etcétera. Y cuando visitó al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, y puso la bandera de Chile como una estrella más en el emblema estadounidense. Hubo más de esto, y habló de su inmadurez para ser considerado un real jefe de Estado.