Podría no ser cerrado sino que destinado a funciones como albergar a delincuentes comunes, sacando o no de ahí a ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. “No es un penal que nosotros podamos cerrar” declaró el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Mantenerlo abierto podría contribuir a planes de ese dependencia y Gendarmería para “optimizar” el sistema carcelario del país. Las agrupaciones de DDHH insisten en exigir el cierre total de la cárcel.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 14/03/2023. “Si no se cierra, podría haber una posibilidad, llamemosla, intermedia”, dijo extraoficialmente un funcionario de Gobierno respecto a lo que ocurra en estos meses con el destino del penal Punta Peuco, donde permanecen detenidos ex uniformados violadores de los derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad.
En esa tesitura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, entrevistado en Radio Universo, dijo este lunes que “Punta Peuco no es un penal que nosotros podamos cerrar, es un penal que podríamos optimizar” y enfatizó: “Tenemos que optimizar toda nuestra infraestructura carcelaria”. Explicó que ese recinto donde están los ex uniformados procesados y condenados “forma parte de las políticas de evaluación permanente que tiene Gendarmería”.
En esa línea, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó hace unas semanas que “se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país. Nosotros tenemos una situación cada día más compleja de población en nuestros establecimientos penitenciarios. Estamos evaluando ampliaciones, mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país”.
Es así que, extraoficialmente, se está hablando de que no se cerraría Punta Peuco, sino que cambiaría su objetivo y podría albergar no sólo a ex uniformados, sino también a delincuentes comunes, condenados por otro tipo de causas. El penal podría quedar, es otra posibilidad, sólo para reos por delitos comunes, y los violadores de derechos humanos partir a otras cárceles del sistema penitenciario, como Colina 1 y Colina 2. Esa podría ser una de las fórmulas de “optimización”.
En ese contexto, lo que podría instalarse o estar instalado al interior del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y de la propia Gendarmería -que depende de esa entidad- es que Punta Peuco puede contribuir a la mejora del sistema de cárceles y para ello no sería conveniente cerrarlo.
Sin embargo, una solución intermedia no es a lo que apuntan desde el mundo de los derechos humanos donde hay una insistencia de la unanimidad de colectivos en cuanto a exigir el cierre total y definitivo de ese penal.
Entrevistada en Radio Universidad de Chile, la diputada y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, indicó que “el penal de Punta Peuco fue construido en la lógica de la impunidad, por lo tanto, todas y todos sabemos que su cierre significa dar una señal clara de que la impunidad no es aceptable en un país democrático, y el Estado y el Gobierno tienen que buscar un espacio y un lugar donde estos genocidas criminales vayan a cumplir su condena a cárcel común”.
Citada en ese medio, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, reiteró la exigencia de “los condenados por violaciones de derechos humanos estén en los mismos recintos penales que la población común delictual porque, además, ellos son más criminales en muchos casos que los que están presos”.
Lo cierto es que en el Gobierno se está analizando la situación y no habría una decisión tomada. No se pierde de vista, al parecer, que más allá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Gendarmería, una decisión en torno de Punta Peuco tendrá un efecto político y comunicacional en La Moneda.
Y más allá de los planes sobre el sistema carcelario que tenga la cartera de Justicia, está el tema político, histórico y de demanda del mundo de los derechos humanos cuando se cumplen este 2023 los 50 años del golpe de Estado que derivó en la dictadura civil-militar que provocó miles de ejecutados y detenidos desaparecidos, y el procesamiento de oficiales, suboficiales y funcionarios de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Es así que lo que ocurra con Punta Peuco tiene este año dosis de simbolismo difícil de evadir.
En cuanto al cierre o no, el pasado lunes el Presidente Gabriel Boric declaró en el Canal Megavisión que “el caso Punta Peuco es muy sensible, y son cosas que no se anuncian (el posible cierre), sino que se hacen”. Precisó: “No lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa…si es que sucede, se enterarán en ese momento”.