Reportes de prensa indican que en esta ofensiva antidemocrática se incluyen a instituciones como la Fundación Open Society, de George Soros, la Fundación Ford, la revista The Nation, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y a académicos, periodistas, artistas, activista sociales que son despedidos, perseguidos o estigmatizaciones en muchos estados de EU.
“El Siglo”. 9/2025. En estos días hay una persecución soterrada en Estados Unidos. En estados, condados, barrios, universidades, medios de prensa, se viven distintos temores. A ellos no escapan quienes militan en partidos de izquierda, en organizaciones civiles, en colectivos antifascistas, en grupos que solidarizan con Palestina, y en espacios donde se oponen a las políticas hostiles, ultraderechistas, de supremacía blanca, racistas, xenófobas y belicistas del gobierno de Donald Trump.
Todo está más acentuado y tenso desde el asesinato del dirigente y comunicador Charlie Kirk, un fiel representante de la extrema derecha y admirador de Trump. A pesar de que el presunto autor del crimen, Tyler Robinson, es vinculado al Partido Republicano y a una familia conservadora. Al menos no existe ningún vínculo de él con algo que pudiera parecerse a un grupo de izquierda o activismo progresista. Es más, cuando lo apresaron, el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, declaró, “es uno de nosotros”.
En estos días las cosas han ido más lejos de lo que se pensaba y más allá del mundo de izquierda, cuando la cadena de televisión ABC suspendió indefinidamente el programa del presentador Jimmy Kimmel por los comentarios que hizo sobre el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk. Se agregó el despido de Karen Attiah, colaboradora de The Washington Post, por escribir en X una cita de Kirk, aduciéndose que pudo ser contra el sujeto. Está pendiente la presión sobra la cadena NBC para que despida a dos comentaristas acusados de molestar a la administración Trump. Está sobre la mesa una demanda de Trump contra el The New York Times. En Estados Unidos se reavivó el temor de censura a programas, comentaristas y noticiarios que no estén en la línea del trumpismo o que tengan sospechas de no compartir posiciones de extrema derecha.
Donald Trump no titubea, ni deja de amenazar. El mandatario declaró hace una semana que “la izquierda radical ha hecho un tremendo daño al país, pero lo estamos arreglando”. También sostuvo que “tenemos a unos grupos bastante radicales y se han salido con la suya en el asesinato”, lanzando un manto de acusación peligrosa sobre sectores progresistas, democráticos, pro palestinos, feministas, de izquierda y antifascistas.
Lo que se están instalando en Estados Unidos (EU) es un relato de existencia de “una izquierda radical” y una intención de desarrollar “una guerra contra la izquierda radical” y contra “agitadores profesionales”. También desde la extrema derecha se habla de “terroristas domésticos”, a pesar de que históricamente en ese país los atentados y ejecuciones han provenido de personas o grupos ultraderechistas.
Ello se ha visto en los últimos meses en hostigamiento, agresiones y acciones contra organizaciones civiles, sociales, migrantes, antifascistas, feministas y de izquierda en muchas ciudades de EU.
Reportes de prensa indican que en esta ofensiva antidemocrática se incluyen a instituciones como la Fundación Open Society, de George Soros, la Fundación Ford, la revista The Nation, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y a académicos, periodistas, artistas, activista sociales que son despedidos, perseguidos o estigmatizaciones en muchos estados de EU.
En esa categorización para una guerra interna en Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que organizaciones de izquierda han “nutrido disturbios violentos, organizado ataques contra oficiales de seguridad pública”, mientras aumentan las denuncias y percepciones de que el FBI anda detrás de personas y grupos de izquierda y organizaciones sociales y civiles.
Decenas de colectivos de todo tipo emitieron un comunicado hace unos días, incluyendo fundaciones y entidades académicas, donde se indicó que criminalizar opiniones opuestas “minan nuestra democracia y dañan a todo estadunidense” y se señaló que “rechazamos intentos para explotar la violencia política para mal caracterizar nuestras buenas labores o para limitar nuestras libertades fundamentales”.
Todo esto formaría parte de lo que el expresidente Barack Obama, a quien nadie calificaría de izquierdista, activista social o extremista, definió como la existencia en Estados Unidos de “una crisis política de un tipo que jamás hemos visto anteriormente”.