Así se hizo ver en declaración de la Comisión Nacional de Educación Superior del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas donde se indicó que “el escándalo de la Universidad San Sebastián nos lleva a concluir que es urgente terminar con el modelo de financiamiento actual de la educación, que cuenta con instrumentos insostenibles como el CAE”.
“El Siglo”. Santiago. 25/9/2024. El siguiente es el texto íntegro de la declaración dada a conocer por la la Comisión Nacional de Educación Superior del Partido Comunista de Chile y de las Juventudes Comunistas:
Declaración Pública: LA USS y el retorno del lucro
A raíz de los escandalosos antecedentes que han salido a la luz pública sobre la Universidad San Sebastián (USS), la Comisión Nacional de Educación Superior del Partido Comunista de Chile y de las Juventudes Comunistas declaran:
La revelación del desmesurado sueldo de la candidata (ex UDI) a la alcaldía de Las Condes Marcela Cubillos, de 17 millones de pesos mensuales, durante su paso por la USS constituyen una grave vulneración de los principios de transparencia y probidad que deberían guiar el quehacer universitario.
En primer lugar, el abultado sueldo de ella y de otras ex autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera podría ser un indicativo de que se están extrayendo ganancias de la Universidad en forma ilícita a través de salarios. En segundo lugar, podría ser una forma indirecta de financiamiento irregular de la política, convirtiendo a la USS en una caja pagadora de la derecha y de aliados recientes que disciplinadamente aplican sus políticas. Finalmente, la condición de privilegio de estas ex autoridades piñeristas denigran la labor de los trabajadores universitarios en general, pero en particular de quienes en la USS son sometidos a un estricto control disciplinario, persecución ideológica y que en pandemia fueron invitados a hacerse una “rebaja salarial” y a aumentar su carga docente en un contexto de total ausencia de democracia universitaria.
Un agravante en esta anomalía es que parte importante de estos pagos se realiza con recursos públicos, provenientes, entre otras fuentes, del CAE y de beneficios estudiantiles. Por estos conceptos, dicha Universidad ha recibido, solo el año pasado, casi 100 mil millones de pesos del fisco.
Actualmente el Estado no cuenta con herramientas normativas que le permitan definir criterios estrictos de ingreso de Instituciones de Educación Superior a políticas públicas como el CAE o la gratuidad. De hecho, a pesar de todos estos antecedentes, hoy nada impide que la USS entre al régimen de gratuidad, salvo su propia voluntad.
Todo esto gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que torció el espíritu de la Ley de Gratuidad, provocando una onerosa carga al Estado. Incluso, muchas universidades privadas insisten en desdibujar el sentido de lo público, aludiendo a un supuesto principio de igualdad de trato por parte del Estado hacia las universidades. Esto ha provocado un desbalance en la transferencia de recursos públicos favoreciendo a las universidades privadas. ¿Una universidad caja pagadora debe ser tratada de la misma manera que la Universidad de Chile o la de Aysén?
Adicionalmente, las instituciones de educación superior privada que reciben recursos públicos no se someten a las leyes de transparencia, lobby y regulación de conflictos de interés, que rigen en el sector público.
La actual política de acreditación no es suficiente para impedir que una universidad con dudosas prácticas acceda a recursos públicos, pues han encontrado creativas formas de mejorar sus indicadores de acreditación.
El escándalo de la Universidad San Sebastián nos lleva a concluir que es urgente terminar con el modelo de financiamiento actual de la educación, que cuenta con instrumentos insostenibles como el CAE, a modo de avanzar hacia un nuevo sistema que establezca mayores requerimientos a las universidades privadas para recibir fondos públicos por políticas como la gratuidad o al sistema que reemplace al CAE. Al mismo tiempo se debe revalorizar las especificidades de las Universidades del Estado, que garantizan un sistema equilibrado en beneficio de los estudiantes y las comunidades. Porque la educación es un derecho y no un negocio.