La televisión pública chilena tendría el deber de informar con transparencia sobre estos hechos, sin morbo ni sensacionalismo, tratando de pesquisar el origen de los recursos económicos, armamento y organización con que cuenta nuestros delincuentes criollos y también los emigrantes que caen estas prácticas.
José Luis Córdova. Periodista. Santiago. 30/09/2022. Nadie puede negar que las noticias policiales: portonazos, encerronas, asaltos a mano armada, asesinato y otros graves delitos no pueden obviarse en los resúmenes informativos de los canales de televisión.
Pero resulta al menos preocupante que el mal llamado canal “público“ se sume al coro de las estaciones comerciales que utilizan estas informaciones para tratar -entre otros métodos- de desestabilizar al Gobierno, culpándolo de todos los males, como si la delincuencia hubiera surgido desde marzo recién pasado hasta ahora.
Los noticieros y programas de conversación también abordan con exagerado entusiasmo la temática, abundando en los modus operandi de distintas bandas, detallando métodos y acciones delictuales como si se tratara de cursos rápidos de acción desde el hampa o desde las mismas cárceles.
Personajes como el auto bautizado ‘‘tío Emilio‘‘ se muestra como experto en temas policiales, pero está muy lejos de especialistas en investigaciones como fueron en el pasado personajes icónicos, colegas como John Carvajal Rojas, José Gómez López, Eugenio Lira Massi y otros que -incluso- desentrañaron crímenes antes que la policía de Investigaciones.
Recordar, por ejemplo, los clásicos crímenes de Semana Santa, como los de la Avenida España o las hermanas Vera Romero, nos conduce a una historia de la crónica policial que tuvo páginas brillantes que desaparecieron totalmente del periodismo desde la dictadura hasta nuestros días.
Vale la pena consignar, sin embargo, la labor de los colegas Víctor Hugo Albornoz en La Segunda y José Manuel García en La Cuarta, tal vez los últimos exponentes destacados de este género.
La práctica institucionalizada del terrorismo de Estado terminó con las investigaciones policiales y solamente sobrevivieron algunos colegas que se hicieron eco -y algunos cómplices- de operativos engañosos, montajes criminales de matanzas secuestros, desapariciones forzosas y asesinatos a mansalva de los cuales todavía nadie ha aclarado nada.
Tras la oscura noche de la dictadura, las informaciones policiales se limitaron a pasillos de los tribunales de justicia „en la medida de lo posible“ lo que ha impedido hasta ahora saber la verdad de lo ocurrido mientras cientos de uniformados mantienen un sádico pacto de silencio como un muro de contención que asegure total impunidad.
Hoy en día, cubrir informaciones policiales se limita a dar cuenta de acciones delictuales -por ejemplo- de menores usados como ‘‘soldados‘‘ por el crimen organizado, el narcotráfico o simplemente el hampa desde los mismos penales.
Desentrañar a los capitalistas que financian a estas poderosas bandas especialmente violentas ha desatado una verdadera caza de brujas contra la emigración extrajera, responsabilizando a venezolanos, colombianos, haitianos y peruanos de la mayor parte de los delitos que se perpetran en el país, aun cuando se sabe que ello no es del todo verdad.
La televisión pública chilena tendría el deber de informar con transparencia sobre estos hechos, sin morbo ni sensacionalismo, tratando de pesquisar el origen de los recursos económicos, armamento y organización con que cuenta nuestros delincuentes criollos y también los emigrantes que caen estas prácticas. Con colegas especializados en este tipo de investigación sería posible conocer más sobre la trama que oculta el actual estado de violencia delictual que nos asola.