El candidato a senador por Tarapacá, del Partido Comunista, indicó que continuará “en la denuncia y persecución de la corrupción, en la defensa de los derechos humanos y en propiciar proyectos de ley que favorezcan a los sectores populares”. Sostuvo que “hay que movilizar iniciativas que descentralicen y permitan a las comunidades de nuestra región beneficiarse de las riquezas y posibilidades que se encuentran en su territorio” y recalcó que “en Tarapacá hay aspiraciones históricas como el royalty minero y portuario, y el corredor bioceánico”. El exdiputado y exconvencional apuntó a que “en el Senado se requiere tener una visión nacional que permita y promueva el desarrollo regional y, a la vez, tener una visión regional que colabore al desarrollo nacional”. Puso énfasis “sobre la capacidad que tiene el narcotráfico de debilitar y corromper las instituciones, se necesita una fuerte lucha contra la corrupción, sobre todo en los organismos ligados al Estado”. En entrevista con El Siglo.cl, expresó que “la opción de Jeannette Jara representa la síntesis de más democracia, más justicia social, más derechos y una barrera que frene el paso de un gobierno reaccionario y contrario a los intereses de las mayorías nacionales”.
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. 4/10/2025. En las elecciones parlamentarias de este año usted disputará junto a otros 11 candidatos uno de los dos escaños que hay para la Circunscripción de Tarapacá. En oportunidades anteriores fuer electo diputado por el Distrito 2 (Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte). Ahora ¿cómo asume el nuevo desafío de ser candidato a senador?
Asumo esta candidatura en forma entusiasta. Siempre es motivante tener la oportunidad de representar a las personas en sus intereses y aspiraciones, además de hacerles presente nuestra visión y compromiso con la justicia social y el desarrollo, que es lo que nos mueve a quienes hemos decidido militar en esta causa. Seguiré en la misma senda, en la denuncia y persecución de la corrupción, en la defensa de los derechos humanos y en propiciar proyectos de ley que favorezcan sobre todo a los sectores populares, comprometido con las luchas sociales que sustentan demandas importantes en el seno del pueblo. En segundo lugar, asumo este desafío confiado por mi capacidad de trabajo y trayectoria como legislador. He sido diputado en tres períodos, con un gran conocimiento de la Región de Tarapacá, lo que me otorga experiencia. Mi modo de relacionarme con la gente es cercano y dialogante -lo que ha sido reconocido hasta por mis adversarios políticos- y mantengo principios de conducta, soy honesto, probo y de posiciones claras. En ese sentido, creo que estos rasgos me permiten confirmar que la tarea que pretendo asumir la puedo cumplir cabalmente y aportar para el desarrollo y bienestar que amplios sectores de la región aspiran y se merecen.
Una de las iniciativas de su campaña es la realización de una encuesta denominada “Tu Voz para Tarapacá”, para recoger directamente las opiniones, las necesidades y las propuestas de la ciudadanía en la región. De acuerdo con la información que ha recabado y al conocimiento que tiene del territorio, ¿cuáles considera que son las demandas y las principales urgencias de Tarapacá, que deben ser resueltas mediante un trabajo legislativo en el Congreso?
En la Región de Tarapacá se va configurando una situación de doble exclusión: condiciones de pobreza y precarización asociadas a la vivienda y salud, ausencia de estrategias y de medidas que potencien el desarrollo de actividades económicas relevantes y, por otra parte, la constatación que somos una región con enormes recursos, pero cuyos beneficios no se quedan aquí, es decir somos víctimas de la centralización. Entonces la labor legislativa recorre estos tres carriles: ampliar y vigorizar políticas sociales que atiendan demandas fundamentales en calidad de vida, como es en vivienda, salud y educación; e impulsar y aprobar iniciativas de ley que permitan dinamizar sectores de actividad económica que impacten en calidad del trabajo, entre ellos, la pesca, el turismo y gastronomía, el comercio y Zofri, y la capacitación juvenil. Hay que movilizar iniciativas que descentralicen y permitan a las comunidades de nuestra región beneficiarse de las riquezas y posibilidades que se encuentran en su territorio. De hecho, en Tarapacá hay aspiraciones históricas como el royalty minero y portuario, y el corredor bioceánico.
En sus despliegues de campaña para esta elección, con banderazos, puerta a puerta y encuentro con comunidades. ¿cómo ha sido la recepción de la gente hacia su candidatura y hacia la de la abanderada presidencial de la izquierda y el progresismo, Jeannette Jara?
Diría que el sentimiento más intenso es de esperanza, pese a la sensación contradictoria instalada en el seno de nuestro pueblo. Se anhela una mejora en las condiciones de vida y que se puedan resolver aquellos escollos que hacen la vida difícil, como la falta de empleo y los problemas vinculados a la jubilación y al acceso a la salud y la vivienda, pero al mismo tiempo, está el peligro de un gobierno de la ultraderecha que implique un retroceso justamente en las condiciones de vida y en nuestra calidad de democracia. Ante esto, la opción de Jeannette Jara representa precisamente la síntesis de más democracia, más justicia social, más derechos y una barrera que frene el paso de un gobierno reaccionario y contrario a los intereses de las mayorías nacionales.
Si resulta electo senador, ¿en qué áreas le gustaría enfocar su trabajo legislativo?, ¿qué transformaciones y luchas sociales le gustaría reivindicar e impulsar a nivel parlamentario?
Principalmente al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, porque ello es la máxima expresión de justicia social. En el Senado se requiere tener una visión nacional que permita y promueva el desarrollo regional y, a la vez tener una visión regional que colabore al desarrollo nacional. De manera que mi énfasis mayor será la descentralización, convencido que el desarrollo de las regiones permite el crecimiento del país desde una perspectiva de justicia social. Por otra parte, me gustaría hacer un trabajo legislativo destinado a la defensa de los derechos humanos como tarea permanente e inherente al desarrollo del sistema democrático, y al fortalecimiento del Estado como la instancia que permite promover el bien común y el interés colectivo. Creo que los que apuestan al debilitamiento del Estado tienen una posición hipócrita, pues profitan y sacan provecho de los bienes públicos. Hay que ver a quién han acudido los bancos cuando han tenido crisis: a que los salve el Estado.
En relación con las fake news y con el hostigamiento mediático hacia algunas personalidades políticas, en el caso judicial del exalcalde Daniel Jadue (PC) la Fiscalía avanzó con una rapidez inusual en su contra, mientras que otras situaciones de mayor gravedad ni siquiera derivaron en procesos judiciales. Un ejemplo es la Central de Abastecimiento (CENABAST), dependiente del Ministerio de Salud, que entre 2017 y 2021 perdió más de 3.800 millones de pesos en medicamentos vencidos, según informes de auditoría de la Contraloría General de la República. El “lawfare” (guerra política por la vía judicial) en contra de Daniel Jadue logró que fuera excluido del padrón electoral como candidato a diputado antes de que exista una condena. ¿Podemos decir que Chile entró en una dinámica de laboratorio de “lawfare” regional, como mecanismo de proscripción anticipada?
Yo creo que sí. Es parte de la fase en que se encuentra el desarrollo político de la derecha y la ultraderecha en el país. Su conducta es la agresión consciente a la democracia, lo que se suma a su discurso negacionista sobre violaciones a los derechos humanos, y a la denostación y acusación de falsos delitos a dirigentes de la izquierda. Aquí hay un aparato político institucional que se confabula en esta lógica y que debemos constantemente esclarecer y alertar a la ciudadanía, respecto de cómo la derecha política, los medios de comunicación bajo su control y la obsecuencia y complicidad de funcionarios judiciales, afectan el proceso democrático en nuestro país. En el caso particular de Daniel Jadue, el ensañamiento judicial y comunicacional se debe a que logró en la comuna de Recoleta concretar medidas políticas distintas a la lógica neoliberal, en el plano de la vivienda, la salud, la educación y la seguridad ciudadana, entre otras. Cabe recordar que el impacto de esas políticas fue tan grande que se extendieron por diversas comunas del país, incluidas las que tenían alcaldes de derecha.
Las fake news contribuyen a crear una imagen y una narrativa que terminan validando agresiones imperialistas y políticas de bloqueo desestabilizadora, como ocurre con Cuba. En ese contexto, ¿qué opina de la intervención militar de Estados Unidos en el mar Caribe y su despliegue de buques de guerra cerca de aguas venezolanas? Estados Unidos señala que busca combatir el narcotráfico en la región, en especial al “Cártel de los Soles”, el que según el gobierno de Donald Trump sería liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué objetivo geopolítico hay detrás de esto?, ¿es una lucha frenética contra las drogas o se están usando las drogas como excusa para la guerra?
Considero que esta estrategia se corresponde a la actual coyuntura mundial, en que la hegemonía norteamericana se pone en cuestión por la presencia de otras potencias, principalmente China. Entonces es cierto, es un tema geopolítico, no es el asunto de las drogas y los carteles supuestos en el caso de Venezuela. Para desgracia de Estados Unidos, América al sur del Río Bravo (frontera natural entre EU y México) se está volviendo un territorio en disputa, donde hay países con gobiernos de todo signo que abren sus fronteras, espacios y recursos a China, aprovechando mejores condiciones de intercambio que propone la nación asiática y que afectan positivamente su desarrollo. De manera que esto es una demostración de fuerza y la expresión pura de la política colonial de un imperio que busca reinstalar los límites de su territorio de influencia. Lo complejo de esta situación es que el debilitamiento de Estados Unidos en su primacía económica y militar es real, entonces nuestro continente se convierte en una potencial zona de conflicto que Estados Unidos debe asegurar, lo que implica que va a apoyar a cualquier gobierno que le sea obediente o le va a imponer condiciones para su subordinación, como es el caso del nuevo préstamo de dólares al presidente Javier Milei en Argentina. Asimismo, sostendrá una política hostil a gobiernos progresistas que cuestionen sus políticas, en este caso el trato a los migrantes, como sucede con el presidente Gustavo Petro en Colombia. Y será amenazante con gobiernos que sostengan proyectos nacionales y de soberanía, como es la situación de Venezuela, con el que hay amenazas de guerra.
¿Cuál es su mirada sobre el narcotráfico en América Latina, más allá de la narrativa de Estados Unidos? Es una problemática que afecta a nuestro país y también a la región de Tarapacá que, junto a las regiones Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso y de Antofagasta, registra las cantidades más elevadas de droga incautada.
El narcotráfico es un tema delicado y grave. Es necesario mirarlo en su integralidad porque a lo menos hay tres factores que observar y tener una posición activa en ello: el poder y capacidad operativa de sus bandas, la capacidad de debilitar y corromper a las instituciones y funcionarios encargados de perseguirlas, y su relación con sectores sociales para imponer un temor que inhibe o que obliga a la aceptación de su presencia. Respecto de la operatividad del narcotráfico, sin duda que se requiere de una gran capacidad de investigación y represión para combatirlo, y de una mayor entrega de recursos y tecnología a las instituciones policiales a cargo de esa tarea. Sobre la capacidad que tiene el narcotráfico de debilitar y corromper las instituciones, se necesita una fuerte lucha contra la corrupción, sobre todo en los organismos ligados al Estado. En los últimos meses se ha evidenciado casos de funcionarios involucrados con estas bandas delictivas, lo que es de extrema gravedad y tiene una perspectiva muy oscura para Chile. Dar la lucha contra toda corrupción es de la mayor importancia, pues el efecto que tiene que las instituciones se corrompan, separa a la sociedad de ellas por pérdida de credibilidad. Por eso mi conducta de combatir toda práctica de corrupción, inclusive contra representantes de Parlamento, porque es abonar el camino para el crimen organizado que personas a cargo de apoyar a los consumidores de drogas se apropien de los recursos, que los parlamentarios se apropien de dineros públicos o que sean comprados por empresas privadas. En relación con el tercer aspecto, es una arista aún más compleja, pues el temor en la sociedad o que el delito y tráfico de drogas tenga grados de aceptación, inhibe cualquier acción social.Las instituciones de investigación y acción represiva no son suficiente sin el apoyo de la sociedad. Y aquí hay tres caminos que no debemos perder de vista. Uno es más estructural y apunta a fortalecer el empleo formal y las políticas sociales que impacten en las condiciones de los sectores más pobres y excluidos, donde el narcotráfico se nutre de colaboradores. Otro es de carácter más colectivo, de estimular y promover la organización y las redes sociales que incentiven la participación de las personas. Esto mantiene sano los cuerpos sociales, favorece la buena convivencia en los barrios y comunidades, e impide la penetración de la cultura del delito. También se necesita un rol más activo y relevante de los organismos sociales en la lucha contra el narcotráfico y por mayor seguridad. Se necesita de un organismo de control social sobre las instituciones responsables de esta tarea, por ello voy a apoyar la construcción de Observatorios Regionales Ciudadanos para la Seguridad, que puedan fiscalizar y proponer políticas de seguridad que respalden la inversión en recursos para combatir el delito, pero que también evalúen como se implementan esas políticas. Ello debería estimular más participación de la sociedad, a través de sus organizaciones en estos temas. El neoliberalismo estimula la salida individual y el lucro como motor del desarrollo, así como la desregulación y el debilitamiento del Estado. Si reflexionamos más, nos damos cuenta de que por ese camino avanzamos a una sociedad desarticulada y, por tanto, sin capacidad para defenderse y promover su bienestar. Y ello abre paso a los flagelos como el narcotráfico.
Usted es conocido también por su desempeño y trayectoria como abogado de las víctimas de varios casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet y por su trabajo en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). ¿Qué opina de lo acontecido recientemente con David Gómez, un preso político de la revuelta social de 2019, que se suicidó a fines de septiembre, tras pasar más de tres años en prisión por el delito de porte de artefacto incendiario, donde las únicas pruebas fueron testimonios de carabineros? Durante su tiempo en prisión, David sufrió la muerte de su madre y de su tía, la reconocida artista y payadora, Cecilia Astorga, y también fue visitado por el Presidente Gabriel Boric cuando era candidato presidencial por Apruebo Dignidad.
Es de una gran tristeza. Los jóvenes y los más humildes casi siempre son los que pagan los costos en sus cuerpos y en sus vidas, por las causas y luchas sociales. En este caso es más terrible, porque David es víctima de la represión que lo encarcela y en condiciones de desesperanza decide terminar con su vida. Sectores comprometidos con el poder, que vieron como una amenaza a su estatus y privilegios, cuando más de un millón de chilenos y chilenas llenaron las calles, se han dedicado a denostar y desacreditar esta acción política del estallido social. El destino de David es fruto de la acción de quienes intentan que las expresiones de lucha de quienes reclaman una sociedad más justa se castiguen y releguen al olvido. La desazón viene del hecho que a veces logran el objetivo de estimular el desaliento. Yo he sido un decidido defensor de los luchadores populares en el estallido social: porque la legitimidad de ese acto se encuentra en injusticias evidentes y en una mayoría nacional que expresó su demanda en las calles. La represión encarceló y mutiló a decenas de jóvenes y estuve con ellos reivindicando su lucha y defendiendo sus derechos. Pertenezco a un partido cuya tradición y convicción emerge de las luchas populares, única herramienta que permite transformaciones reales en las condiciones de vida de toda la sociedad. Es parte de nuestra identidad la juventud solidaria y generosa, y nos conmueve y rebela el costo que debe pagar, para que se abran horizontes más promisorios sobre todo para los más desposeídos. Yo tengo la convicción que el accionar de quienes ante la injusticia se expresan y movilizan en la calle, se encuentran en el centro de los procesos de democratización y que debemos aquilatar, valorar y estimular esos procesos de expresión política.
