Negligencias, redes de protección, encubrimientos y complicidades: varios son los factores que permiten que criminales de lesa humanidad logren burlar la ley, volverse prófugos y evitar o dilatar sus condenas. Una impunidad que no sólo golpea a las familias de sus víctimas sino a una sociedad entera, cuyas instituciones, desde el Poder Judicial, pasando por la PDI y hasta el SML, no están siendo capaces de impedir las fugas y garantizar una justicia pendiente desde hace 50 años. Trabajo periodístico de Londres38, Espacio de Memorias.
“Londres38. Espacio de Memorias”. Santiago. 7/2024. Vestido con un oscuro traje de dos piezas, Jaime Ojeda Torrent de 77 años, ex general del Ejército de Chile, se levantó del banco de los asistentes ese lunes 23 de octubre de 2023, y se acercó al estrado, increpando a los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema. No era la primera vez, en 2019 había protagonizado un hecho similar contra el magistrado Lamberto Cisterna. Esa mañana de octubre, Ojeda Torrent llamó a los jueces “asesinos”, “desgraciados” y “violadores de los derechos humanos”, antes de ser sacado tranquila y respetuosamente por los guardias.
Al día siguiente de ese episodio, el Programa de Derechos Humanos (DDHH), dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitó su prisión preventiva, recibiendo como respuesta de la Corte Suprema un “No ha lugar”. Poco más de dos meses después, el 28 de diciembre de 2023, su sentencia fue ratificada. Desde ese día, y hasta hoy, Jaime Ojeda Torrent se encuentra en calidad de prófugo. Es uno de los dieciocho condenados por violaciones a los derechos humanos, buscados por la justicia.
La lista, incluye a un prófugo por el asesinato de Víctor Jara y Litre Quiroga (1973), a tres por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria (1976) y a uno por la causa de Carmen Rojas Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, del llamado “Caso quemados” (1986). En septiembre de 2023 se contabilizaban 13 prófugos; en noviembre de ese año, 14; y hoy, ya son 18. Al tiempo en que algunos son hallados, se suman otros más. Los nombres van cambiando, pero la lista nunca disminuye sino, por el contrario, parece ir en ascenso.
Según relata Magdalena Garcés, abogada de DDHH y del equipo jurídico de Londres 38, espacio de memorias, a partir de 2022, y luego de años de gestiones por parte de familiares, de organizaciones y del Programa de DDHH, la Corte Suprema adoptó una serie de medidas para las causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura cuyos procesos judiciales se encontraban retrasados, estancados o que estaban pendientes de ser vistos. Esas medidas implicaron que durante 2023 se vieran 99 causas y se dictaran condenas a 84 criminales. Una inusual cantidad de sentenciados que ha ocasionado también un importante crecimiento en el número de prófugos. Pero este no es un tema nuevo: la permanencia de prófugos violadores de DDHH a través de los años, demuestra que existe negligencia, encubrimiento y complicidad. Y, al menos desde 2015, Londres 38 lo ha venido denunciando.
Históricos prófugos criminales de lesa humanidad
Uno de los primeros prófugos violadores de los DDHH fue Osvaldo Romo Mena, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien en 1975, luego de comenzar a ser señalado como uno de los reconocidos torturadores de la dictadura, fue sacado del país y llevado a Brasil, con el objetivo de protegerlo y protegerse. Romo Mena fue encontrado, detenido y expulsado a Chile recién en 1992, 17 años después, luego de varias acciones y gestiones en el marco de investigación judicial por caso de detenido desaparecido, llevado a cabo por la Ministra en visita Gloria Olivares, y el apoyo del departamento V° de la PDI, así como de los abogados del caso y familiares y testigos.
En mayo de 1995, y ante la condena en su contra por el asesinato en 1976 de Orlando Letelier, Manuel Contreras Sepúlveda, ex general del Ejército de Chile y director de la DINA, se escondió en el fundo Viejo Roble, comuna de Fresia, región de Los Lagos, una finca de 700 hectáreas que había adquirido en plena dictadura. Desde allí realizó una conferencia de prensa en la que, ante decenas de medios de comunicación, declaró: “Yo nunca juego a perdedor, me gusta ganar”. Semanas después, al enterarse que efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigían a detenerlo, abandonó el fundo y se ocultó en el Regimiento militar N°12 “Sangra”, ubicado en Puerto Montt, siendo protegido por el Ejército de Chile. Luego de eso, se trasladó en helicóptero hasta el Hospital Naval de Talcahuano, donde permaneció algunas horas antes de ser apresado.
Tras cumplir esa pena, en 2005 Manuel Contreras fue condenado por otro de sus centenas de crímenes de lesa humanidad y, al momento de ser detenido por la PDI en su casa de la comuna de Peñalolén, intentó defenderse con un arma de fuego, después de asegurarle a uno de los policías: “Yo no voy a ir a ninguna parte, si quieren me sacan muerto de aquí (…) dígale al señor ministro que dije yo que no me voy no más”.
A Contreras y a Romo se le suma Ricardo Lawrence Mires, ex teniente coronel de Carabineros y agente de la DINA, sentenciado a más de 400 años de presidio por 160 causas, quien permaneció cinco años prófugo, entre 2015 y 2020, cuando se entregó voluntariamente debido a un cáncer terminal que padecía y que ameritaba urgente atención. “Él estuvo todo el tiempo en su casa, en una propiedad que era suya, que había vendido a una hija, pero que finalmente era una propiedad de él, no es que estuviera escondido en un búnker subterráneo al interior de la Cordillera”, menciona Magdalena Garcés. Lawrence Mires murió en 2022, mientras cumplía su condena en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Por su parte, Raúl Iturriaga Neumann, ex general del Ejército y director asistente de la DINA, permaneció prófugo 52 días: del 11 de junio al 2 de agosto de 2007. El 12 de junio, se difundió ampliamente un video en el que negaba los crímenes por los que había sido condenado, acusaba a jueces y a ministros del Poder Judicial de transgredir “abierta y vergonzosamente” la Constitución y las leyes, y declaraba: “Me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena. No la acepto”.
Finalmente, fue encontrado en un departamento con vista al mar en la calle San Martín de la ciudad de Viña del Mar, de propiedad de uno de sus amigos, siendo trasladado al Penal Cordillera y, posteriormente, a Punta Peuco, donde permanece hasta hoy. Desde 2007, Iturriaga Neumann, de 85 años, ha presentado varios recursos solicitando modificar su medida cautelar, siendo rechazados por la Corte de Apelaciones en todas las oportunidades. El último de ellos ocurrió en enero de este año, cuando volvió a pedir arresto domiciliario, el que también le fue negado.
Asimismo, es necesario mencionar a Paul Schäffer Schneider, pederasta y fundador de Colonia Dignidad, donde funcionó un centro de secuestro, tortura y exterminio, y a Harmut Hopp, médico y mano derecha de Schäffer. Ambos alemanes huyeron del país. El primero fue encontrado en 2005 en Argentina y llevado a Chile donde fue condenado por casos de abuso sexual, falleciendo en 2010 en la ex Penitenciaría de Santiago. El segundo, llegó a Alemania, donde actualmente reside en completa impunidad, como otros jerarcas de Colonia Dignidad. Alemania ha rechazado en varias oportunidades la extradición de Hopp.
Walter Klug Rivera, ex coronel del Ejército, condenado en octubre de 2014 por su participación en 23 casos de personas desaparecidas y ejecutadas; y Adriana Rivas González, agente de la DINA y secretaria personal de Manuel Contreras, investigada por la desaparición de siete personas, son otros ejemplos en que criminales de lesa humanidad han burlado la frontera.
Al ser notificado de su sentencia condenatoria, Klug Rivera salió del país sin dificultades y se radicó en Alemania. En 2020, durante un viaje a Italia, fue detenido y extraditado a Chile. Sin embargo en 2021, debido a no contar con vigilancia de la PDI pese a cargar con dos órdenes de aprehensión y captura intencional, Walter Klug volvió a huir, esta vez a Argentina, siendo capturado días después en Buenos Aires. Por su parte, Adriana Rivas fue detenida en Chile en 2006, pero logró escapar y llegar a Australia, donde se encuentra en una prisión de Sidney desde 2019, mientras se procesa su extradición.
Ya en 2007, y a raíz de la fuga de Iturriaga Neumann, el abogado de DDHH Alberto Espinoza, denunció las negligencias que permitían la existencia de prófugos criminales de lesa humanidad: «El Estado ha sido incapaz de adoptar las medidas pendientes a impedir la ocurrencia de estos hechos, tratándose de personas que están procesadas, que están en libertad provisional y que una vez que se ordena el cumplimiento de la condena esta situación se hace estéril frente a una actitud de rebeldía», según se recoge en una entrevista para el medio independiente Chile Press.
De condenado a prófugo
Un procedimiento normal para que un condenado sea arrestado, se inicia con un primer paso, que ocurre cuando la Corte Suprema ratifica las condenas -información que se notifica a las partes y se hace pública- y ordena que el expediente (la causa), vuelva al juez o jueza de Primera Instancia que lleva el caso.
El segundo paso, sucede cuando el juez o jueza de Primera Instancia recibe el expediente, y sólo en ese momento puede ordenar el “Cúmplase”, es decir, que se haga efectiva la condena, o sea, la detención de los culpables, acción a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).
El tercer paso es, por consiguiente, que los funcionarios policiales aprehendan a los criminales y los trasladen a los respectivos recintos donde cumplirán su sentencia.
Leerlos así parece sencillo y factible, sin embargo durante todo este proceso existen vacíos que muchos condenados aprovechan para “darse a la fuga”.
- Tardanzas entre un paso y otro
Uno de estos vacíos son los tiempos que transcurren entre que la Corte Suprema dicta la condena, hasta que el expediente llega a la o el juez de Primera Instancia y, luego de eso, entre que el juez de Primera Instancia ordena la aprehensión, hasta que la PDI concurra a detener al sentenciado. “Pueden pasar días”, asegura Paulina Zamorano, abogada y Jefa del Programa de DDHH.
Por ejemplo, en el fallo del caso “Alfa Carbón”, siete de los criminales condenados se encontraban en libertad; la sentencia fue emitida por la Corte Suprema el día 4 de marzo de 2024 pero el expediente llegó a manos del juez de Primera Instancia el 13 de marzo, nueve días después. Ese mismo día 13 el juez ordenó el “cúmplase”, sin embargo la PDI procedió a las detenciones el 18 de marzo, cinco días más tarde. En total, dos semanas entre dictada la sentencia, hasta hacer efectivos los arrestos. Ese tiempo fue determinante para que, de los siete condenados libres, uno se suicidara el mismo día en que iba a ser detenido y otro pasara a calidad de “prófugo” al no ser hallado en el domicilio que manejaba la PDI. «Claramente es un espacio que es propicio para poder darse a la fuga», dice Paulina.
Al respecto, la abogada Magdalena Garcés comenta que “el sentido común, sería que la Corte Suprema dictara su sentencia e inmediatamente pusiera en conocimiento al Tribunal de Primera Instancia para que esa sentencia se cumpla. Pero eso no pasa, por un lado porque la Corte Suprema mantiene el expediente durante un tiempo debido a que las partes pudieran presentar algún tipo de recurso; y, por otro lado, por el trámite burocrático (…) y eso demora, a veces unos pocos días y, muchas veces, muchos días. (…) La Corte debiera buscar la fórmula de informar de la manera más rápida y expedita posible a los Tribunales de Primera Instancia, para que tomen las medidas que aseguren el cumplimiento de las sentencias”.
- Las dificultades para dictar prisiones preventivas
El ejemplo ya mencionado en el caso del condenado Jaime Ojeda Torrent, cuya petición de prisión preventiva presentada por querellantes fue negada por la Corte Suprema, es uno de tantos. Implementar esta medida podría evitar que los imputados o condenados se vuelvan prófugos, pero no es tan sencillo. Paulina Zamorano comenta que, a pesar de que en varias oportunidades se ha solicitado al momento de dictarse la sentencia e, incluso, antes de esta instancia, actualmente existe una resolución por parte de la Segunda Sala de la Corte Suprema que dispone que para que se pueda decretar una prisión preventiva, es necesario que la causa se encuentre en Primera Instancia, y no al momento de dictarse la pena por parte de la Corte Suprema. “Entonces al final quedamos como en la misma situación (…) Es complejo, yo creo que se ha estado actuando coordinadamente con querellantes, con ministros en visita en Primera Instancia y con las policías, pero es necesario que se puedan implementar quizá otro tipo de medidas”, como por ejemplo, “evaluar las prisiones preventivas desde antes de la dictación de las sentencias”.
Su colega, Magdalena Garcés, complementa: “Uno puede disponer la prisión preventiva en casos graves cuando hay peligro para la sociedad, peligro para la víctima y, lo que nosotros encontramos aquí: el peligro de fuga, (…) pero tú no puedes decir: ‘Mire, yo quiero pedir que esta persona esté en prisión preventiva porque otro se fugó’, o sea la argumentación tiene que ser: ‘Hay peligro de fuga de que esta persona se escape, y no porque otros escaparon antes’”. Pese a que menciona que lo hacen con frecuencia, dictarla o no, queda a criterio de los tribunales. Por ejemplo, en el caso de la citada Operación “Alfa Carbón”, el equipo querellante solicitó prisión preventiva para los siete sentenciados en libertad, sin embargo, el juez de Primera Instancia a cargo de la causa, se encontraba fuera de sus funciones, siendo subrogado por otra jueza que no resolvió la petición argumentando que esperaría a recibir el expediente desde la Corte Suprema. “O sea, se podría entender que hay un momento en que nadie tiene competencias para conocer del asunto, porque otras veces en que se ha pedido a la Corte Suprema que resuelva sobre la prisión preventiva de condenados, esta dice: ‘Concúrrase ante quien corresponda’, o sea, ‘Pídaselo al juez de Primera Instancia’, pero este dice ‘No puedo resolver mientras la Corte Suprema no me mande el expediente’. En otro caso, un juez de Primera Instancia pidió a la Corte Suprema que le mandara el expediente por 24 horas para resolver la prisión preventiva, y la Corte Suprema le dijo ‘No ha lugar’. Entonces, no sé cómo lo puedes hacer, porque finalmente empezamos a entrar a una tierra de nadie, y eso no puede ser, porque facilita la fuga”.
En su experiencia, Patricia Zalaquett, ex presa política, y esposa de Nelson Herrera, militante del MIR ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), bajo el mando de Álvaro Corbalán, el 23 de agosto de 1984 durante la Operación Alfa Carbón, en la que fueron asesinados siete miristas en total, asegura que “los jueces no actúan con firmeza, (…) entonces muchos jueces permiten que los abogados de los criminales retrasen el tema de la justicia con banalidades, y ahí hay una irresponsabilidad enorme, y una serie de prolongaciones producto de la actitud burocrática, permisiva y pasiva de algunos jueces”. Lo que también es relevado por Erika Hennings, ex presa política y esposa del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Alfonso Chanfreau, detenido y desaparecido el 30 de julio de 1974: “El Poder Judicial tiene que buscar los mecanismos para que estos personajes sean detenidos preventivamente, cuando se sabe que van a ser condenados, y cuando se tiene la experiencia de que se fugan”.
- El factor PDI
Una vez que la PDI recibe la o las órdenes de detención, no necesariamente las ejecuta el mismo día. ¿Por qué? Una de las hipótesis es la falta de recursos para, por ejemplo: la creación de un equipo especializado en la búsqueda de prófugos, la implementación de sedes en regiones, la presencia de policías en todos los pasos fronterizos -por donde también han huido varios fugados-, la dotación de mayor personal, o una mejor formación de funcionarios y funcionarias para este tipo de criminales. En 2020 se eliminó la entonces Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas y los Derechos Humanos, pasando a ser solamente una brigada (Brigada de DDHH) dependiente de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas, junto a otras cuatro brigadas; generando menos recursos y atribuciones en materia de DDHH al interior de la PDI. Esto, sumado a la sobredemanda de casos de violaciones a los DDHH ocurridas en el contexto de la revuelta social.
Todos estos factores dan como resultado que, por ejemplo, al momento de ir a detener a Ricardo Lillo Morandé (ex oficial de Carabineros, condenado a 15 años de prisión por los homicidios de tres personas), los funcionarios de la PDI que concurrieron a su domicilio, se retiraron luego que el conserje les comunicara que no se encontraba en el lugar sin haber comprobado dicha información porque, de hecho, Lillo Morandé sí estaba al interior de su domicilio, según señalaron sus vecinos. En una segunda oportunidad por arrestarlo, ya se había dado a la fuga. Hasta hoy, permanece prófugo.
Otro hecho similar ocurrió con la detención de Luis Andaur Leiva (ex suboficial de Carabineros, condenado a 10 años de prisión en el caso Alfa Carbón), ya que los funcionarios de la Brigada de DDHH a cargo de esta acción, debían trasladarse desde Santiago hasta Quilpué para concretar su objetivo. Recién pudieron hacerlo transcurridos 15 días de la orden de arresto, y solo gracias a la alerta de sus vecinas y vecinos; esto, agravado por el hecho de que la actualización de su nuevo domicilio, de la que la PDI no tenía conocimiento, fue brindada por familiares de las víctimas.
Las partes querellantes han expuesto y denunciado reiteradamente estos hechos, solicitando el fortalecimiento de la PDI en la materia, además de la formación de un equipo especializado en la captura de prófugos. “Hemos hecho presente estas distintas circunstancias a las autoridades que corresponden, y con distintos actores políticos, siempre, de manera permanente”, asegura Magdalena Garcés.
¿Y han recibido de alguna autoridad la intención de mejorar la Brigada de DDHH de la PDI o de organizar un equipo especializado?
No, no tenemos respuesta en ese sentido hasta la fecha.
Magdalena, ¿tú sabes si la jefatura de la Brigada de DDHH ha hecho manifiesta esa necesidad?
No lo sé.
Por su parte, el Programa de DDHH se encuentra actualmente gestionando una nueva reunión para poder levantar, otra vez, ese tema. “Nos interesa sentar este punto porque nos corresponde, estamos comprometidos con el cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda, el cual se sustenta en la búsqueda de la verdad, pero también en la justicia”, comenta al respecto Paulina Zamorano.
Otro factor cuestionado respecto al papel de la PDI en el tema “prófugos”, lo aportan familiares de las víctimas de las causas, quienes acusan el trato diferencial de la policía con este tipo de condenados; lo que, como hemos visto en ejemplos, influye en posteriores fugas. Según familiares, en estos casos, generalmente la Brigada de DDHH no procede como en otras detenciones. “La PDI tiene una actitud negligente, desconsiderada, débil en su actuación, mal organizada, colaborativa con los criminales. (…) Yo creo que la gran pregunta es: quienes detienen, ¿Consideran realmente que están deteniendo a un criminal?”, inquiere Patricia Zalaquett.
Erika Hennings coincide con esa visión: “La PDI no tiene que ir a detenerlos en La Legua, por ejemplo, sino en comunidades en La Reina o Huechuraba, o no sé dónde, a condominios cerrados, con guardias que les dicen que no están y se retiran, o que no pueden entrar y no entran, ¿Por qué? ¿Es porque son ‘viejitos’, es porque tienen poder, es porque les intimida que sean personas mayores y de rangos del Ejército o de Carabineros, o es porque ‘ojalá no se sepa que son criminales’?”.
Y aquí entran en juego otras nuevas aristas.
Las redes de protección que encubren a prófugos violadores de DDHH
Uno de los condenados por la detención y desaparición de Alfonso Chanfreau, esposo de Erika Hennings fue Ricardo Lawrence Mires. Erika llevó a cabo innumerables acciones no solo para dar con el paradero de Lawrence Mires durante los años en que permaneció prófugo, sino también anteriormente, en todos los procesos judiciales del caso. Una de esas acciones ocurrió en 2014, mientras se sucedían los alegatos de la causa. Camino al Palacio Tribunales, recibió un mensaje de uno de los abogados querellantes quien le informó que, nuevamente, se había suspendido la audiencia. “Me quedé a dos pasos de la puerta de entrada, con sentimiento de enojo, de desconcierto, ¿dónde ir?”, cuenta Erika en su testimonio, citado por la página digital Memoria Viva. Decidió, de todas formas, entrar a la Corte. Allí, se enteró que Lawrence Mires se encontraba en el lugar y, teléfono en mano, se dirigió hacia él. “Caminé decidida, con mi celular (…) y así empecé a sacarle fotos, justo se pusieron de pie (Lawrence y sus abogados), no me detuve, saqué y saqué fotos, lo encontré de frente, se asustó, su cara era de alguien asustado”. Consultada respecto a ese hecho, complementa: “Uno de sus abogados, Mauricio Unda, le dijo a Lawrence ‘¡Ándate para allá, ándate para allá!’, para que se metiera a la sala de prensa de Tribunales, entonces vino otro abogado suyo y me preguntó por qué estaba sacando fotos, y yo le dije ‘Porque es un criminal y él sabe que por eso le estoy sacando fotos.’ (…) Yo estaba muy nerviosa, por supuesto”.
Meses después de ese episodio, el 12 de enero de 2015, se dictó la sentencia definitiva y, días después, la orden de detención en su contra. Pero Lawrence Mires no fue habido, convirtiéndose en prófugo hasta el 10 de enero de 2020. ¿Cómo logró burlar a la justicia durante cinco años? Las respuestas a estas preguntas son coincidentes, y apuntan a una ostentosa red de apoyo que también es compartida por otros prófugos, sobre todo aquellos cuyo estatus social o círculos de poder son mayores. Esta red de apoyo no solamente está conformada por ex militares, ex carabineros, amistades o familiares sino también por “terceros actores” influyentes, es decir, empresarios, políticos, ex colegas, etc.
Una realidad que existía también en dictadura y cuya protección se mantuvo incluso antes de estar prófugos. Por ejemplo, en 2001 se hizo público que, estando formalizado por diversas causas por violaciones a los DDHH, Lawrence Mires trabajaba en la empresa distribuidora de camarones Kamaron Bay, bajo el nombre de “Ricardo Flores”, prestando servicios a exclusivos restaurantes del barrio alto de Santiago, además del Club de la Unión, el Club de Golf Los Leones, y los hoteles Sheraton y Hyatt, entre otros. Además, el dueño de Kamaron Bay, Rodrigo Izquierdo del Villar, es hijo de quien era entonces director del Club de la Unión, y sobrino del político derechista Arturo Alessandri Besa.
En 2010, Rodrigo Izquierdo le arrendó al general del Ejército José Pedro Valdivieso Laso uno de los inmuebles de Kamaron Bay para ser destinado como oficinas; y en 2016, Valdivieso Laso estuvo involucrado en el conocido caso “Milicogate”, de fraude y desviación de recursos públicos de la Ley Reservada del Cobre, llevado a cabo por miembros del Ejército de Chile, denunciado en 2015 por el periodista Mauricio Weibel.
En personas como Lawrence Mires o Iturriaga Neumann, no es difícil suponer una sólida red de encubrimiento una vez prófugos. Pese a que para sujetos de menor rango en el Ejército o con menos poder económico, es más difícil acceder a estos privilegios, hay excepciones. Como la de Víctor Álvarez Droguett (suboficial del Ejército y agente de la DINA, condenado a 15 años de prisión por el secuestro de cinco personas en el caso “Conferencia 1”), quien, luego de meses de permanecer prófugo, fue hallado viviendo en una opulenta propiedad de José Manuel Guzmán Nieto, un importante empresario chileno. “¿Por qué razón lo tenían tan protegido en esa mansión, por qué a él y no a otros, que deben andar ahí, escondidos apenas? Entonces, claro, hay un interés en protegerlos, porque quizá a lo mejor pueden tener alguna fragilidad, el temor a que vayan a entregar información”, dice Erika Hennings.
Sobre Álvarez Droguett, la abogada Magdalena Garcés señala que “se pudo establecer que hay antecedentes para investigar un posible encubrimiento, y está siendo investigado por el ministro correspondiente. Nosotros (abogados/as de DDHH) nos hicimos parte de ese proceso, al igual que el Programa de DDHH. Se está investigando y valoramos que se esté realizando esa investigación (…) pero cuáles son las razones que llevan a un importante empresario a proteger a un agente de baja gradación de la DINA es algo que más bien no tenemos claro, pero que despierta muchas interrogantes, como por ejemplo, por qué a ese agente y no a otros (…) Entonces, uno llega a preguntarse: ¿Qué quieren proteger?, es difícil pensar que esto sólo se hace por bondad, ¿el que estén siendo protegidos es por ideología o es por intereses?, y también surge la pregunta: ¿Esto es un caso aislado o forma parte de un mecanismo mayor de protección de determinados agentes que podrían entregar información?”.
Paulina Zamorano comenta que lo ocurrido con Álvarez Droguett “fue algo que también nos empezamos a preguntar desde el Programa de DDHH, y es por eso que en los casos de los prófugos comenzamos a presentar una serie de querellas por encubrimiento, porque se debe investigar cuáles fueron las circunstancias, las situaciones o las personas que permitieron la evasión de la justicia, como por ejemplo el ‘ocultamiento’, que además es, otra forma de delito”. Sin embargo, estas investigaciones no se realizaron en el caso de Lawrence Mires. Pese a permanecer tantos años prófugo, nunca se abrió una investigación para esclarecer quiénes y por qué lo protegieron. La ley establece penas para personas no familiares que encubren a criminales condenados, pero si no se realizan investigaciones, no existen entonces precedentes que puedan amedrentar a futuros protectores. Pese a que existen unas pocas querellas presentadas en esa materia, el tema es complejo, porque dichas investigaciones no se inician en Tribunales sino que deben ser presentadas por querellantes quienes, además de no siempre tener la capacidad para llevar dichos procesos paralelos, deben contar con antecedentes que acrediten una investigación, y esa información no es de fácil acceso.
El suicidio como Plan B
El ex brigadier del Ejército, Hernán Chacón Soto, de 86 años, era uno de los condenados por el secuestro y homicidio de Víctor Jara y Littré Quiroga, a 25 años de prisión. De hecho, fue quien percutó los más de 40 tiros con que fue encontrado el cuerpo del cantautor. Cerca del medio día del 29 de agosto de 2023, recibió a los funcionarios de la PDI que llegaron hasta su departamento en la comuna de Las Condes, les pidió un momento para recoger algunos medicamentos que tenía en su habitación y, una vez en su cuarto, se disparó en la cabeza. No pasó ningún día en prisión.
Así como Chacón Soto, más de 10 condenados se han suicidado post dictadura para evadir la justicia. El último caso sucedió la mañana del 18 de marzo de este año, cuando la Brigada de DDHH de la PDI concurrió a su domicilio en la comuna de Providencia, para detenerlo en el marco de la Operación Alfa Carbón y hacer efectiva su condena de 25 años de presidio. Se trataba de Marcos Derpich Miranda, pero en vez de encontrarlo a él, hallaron una carta en la que daba cuenta que se quitaría la vida en la plaza Las Lilas, a pasos de su vivienda. Junto a algunos de sus familiares, la PDI se dirigió al lugar, momento en que Derpich llevó a cabo su anuncio, disparándose frente a su familia y a los funcionarios. No era la primera vez que Derpich Miranda apretaba un gatillo. Lo hizo también contra Nelson Herrera Riveros, esposo de Patricia Zalaquett quien, durante años, llevó a cabo acciones para hacer justicia en el caso de su esposo. No lo logró, Derpich nunca pisó la cárcel. “El día que se suicidó Derpich, ese y varios días, yo estuve bastante mal, porque son tantos años de perseguir justicia. Él fue quien dirigió la operación pero, además, quien se había salvado de cualquier condena. (…) Eso fue muy fuerte, porque no se hizo justicia y, en este caso, con su suicidio, quedó eso pendiente. El tipo se preparó para esto, a nosotros nos sorprendió que en los alegatos finales ante la Corte Suprema, él no tuvo abogado que lo representara, él tenía decidido terminar con su vida y no pagar ni un día en la cárcel”.
En estos casos, tanto el de Chacón Soto como en el de Derpich Miranda, nuevamente se abre la arista respecto al actuar y la preparación de los funcionarios de la Brigada de DDHH de la PDI en detenciones de criminales de lesa humanidad. Pero además, surge otra interrogante: ¿Cómo supo Derpich que, precisamente ese 18 de marzo, irían a detenerlo siendo que la sentencia había sido ratificada dos semanas antes? “Indudable que le avisaron, indudable, indudable, indudable. Él ya no estaba, llegaron y no estaba, y estaba la carta, salió muy temprano ese día, entonces esa información la tenía, obviamente. Qué complicado, qué injusto”, reflexiona pensativa Patricia. ¿Pero de quién, o de dónde, Derpich Miranda recibió esa información confidencial? Hasta hoy, las y los abogados querellantes desconocen esa respuesta, una interrogante que no fue considerada para iniciar algún tipo de investigación interna en la PDI.
Las formas de impunidad van variando con el tiempo
Como si todo este transcurrir fuera poco, luego de ser detenidos, muchos de los condenados, sin distinción de haber permanecido prófugos o no, recurren a diversas estrategias legales presentadas por sus defensas para dilatar o evadir la cárcel como, por ejemplo, declararse dementes. “También pueden presentar recursos de amparo, dando cuenta de que están muy enfermos, de que el lugar donde están cumpliendo sus penas no cuenta con las posibilidades de darles cobertura en salud, argumentando que su salud está en riesgo, o que su vida está en riesgo; piden, por ejemplo en algunos casos, que puedan ser trasladados a un recinto de salud para cumplir en ese lugar, o que puedan ser entregados a sus familiares para poder recibir la salud que ellos necesitan, etcétera. Por otra parte, esto lo pueden solicitar a cada rato, incluso los familiares me dicen: ‘Ya, pero después de este recurso, ¿ya estamos ok?’, pero no, o sea, los condenados pueden solicitarlo todas las veces que ellos lo estimen, que lo crean así necesario, lo pueden hacer todas las semanas”, señala Patricia Zalaquett.
Uno de los recursos usados con mayor frecuencia es el de la demencia, solicitando exámenes de facultades que son realizados por el Servicio Médico Legal, salvo que una de las partes solicite otros peritos. “Ante estas situaciones, lo que podemos exigir son psiquiatras y neurólogos adecuados, y rigurosidad con los peritajes para que nos den certeza de si la persona efectivamente está enajenada mental, pero esto tampoco se está cumpliendo”, refiere Magdalena Garcés. Al respecto, podemos mencionar el caso de Patricio Castro Muñoz (ex agente de la CNI, condenado a 15 años en el marco de la Operación Alfa Carbón) quien, a menos de un mes de ser apresado, su defensa alegó demencia. El SML ordenó que dichos exámenes fueran realizados de manera telemática, lo que provocó la indignación de las familias de las víctimas. Tanto querellantes como el Programa de DDHH solicitaron expresamente al SML que las pericias fueran hechas de manera presencial, petición que finalmente fue aceptada. “Imagínate la deficiencia que puede tener el revisar e interrogar a una persona que se dice demente, si no es presencialmente”, dice Patricia Zalaquett. Tres meses antes de dictarse su sentencia definitiva, las facultades mentales de Castro Muñoz se encontraban en perfecto estado, de hecho, en octubre del año pasado había firmado una serie de documentos. “Castro es un estafador profesional, a parte de un criminal es un embaucador. Además, tenemos un grave problema, que es la debilidad del Juez de Primera Instancia, porque él accedió a realizar un chequeo médico”, dice Patricia.
Ya más avanzado el cumplimiento de sus penas, los criminales solicitan otro tipo de medidas: beneficios intrapenitenciarios, como salidas dominicales; reducciones de sus condenas; o la libertad condicional, si ya han cumplido dos tercios de la pena o si han colaborado con las investigaciones (esto último es completamente excepcional, ya que son muy pocos los que han colaborado). “Quienes están envueltos en estos crímenes, buscan nuevas maneras de lograr la impunidad”, señala la abogada Magdalena Garcés. Una de ellas, la vimos hace poco con el caso de la ex senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergh quien, como médica psiquiátrica del SML de Concepción, declaró como “enajenado mental” a José Otarola Sanhueza, ex sargento de Carabineros condenado a 15 años de prisión por 19 homicidios.
“Por otra parte, entra otro problema, que es tremendamente terrible y paradojal para los familiares de las víctimas, en el sentido de que hemos llegado tan tarde con la justicia, que nos encontramos con gente nonagenaria postrada; por ejemplo, se acaba de ver la causa de Luis Corvalán Castillo (ingeniero agrónomo y activista por los DDHH quien murió en 1975 a causa de las torturas que sufrió estando detenido), en la que salió la sentencia, y todos los condenados estaban muertos”, indica Magdalena. Este tipo de situaciones es parte de la llamada “impunidad biológica”, es decir, la muerte por vejez de criminales, testigos y de familiares de las víctimas, esperando justicia. Para Erika Hennings, este asunto es fundamental: “La gente debe ver a estos criminales como ‘pobres viejitos’, pero son viejitos que durante 50 años han estado impunes respecto de crímenes tan horrorosos como la tortura, el secuestro, la desaparición forzada, o la ejecución impune, sin juicio. Entonces, ahora están viejos, como estoy vieja yo, y yo quiero ver justicia a mi edad, ya, ahora, antes de morirme. (…) La vejez no redime, y si llegaron a esta edad es porque la justicia fue tremendamente tardía, actuó con desidia, con lentitud, con negligencia, con complicidad en algunos momentos”.
Hasta el infinito
Así como lo hace Erika, muchas y muchos familiares son activos protagonistas en la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes no sólo de sus seres queridos sino en general de las y los desaparecidos y ejecutados en dictadura. Particularmente, en el tema prófugos: manteniendo una constante comunicación con abogados y abogadas de derechos humanos; informando a la PDI de nuevos datos que por cuenta propia han recabado para dar con el paradero de los criminales; pidiendo continuamente reuniones con ministros, jueces y autoridades para presionar las aprehensiones o reforzar las búsquedas; escribiendo cartas al Poder Judicial y compartiéndolas a medios de comunicación; o encabezando gestiones, acciones y campañas de funa y denuncia.
Somos los familiares, los abogados conscientes de DDHH y las organizaciones de DDHH, los que hasta el infinito tenemos que velar para que los criminales sean condenados y para que las condenas se cumplan, y con ‘hasta el infinito’ me refiero a que no basta con que estén en la cárcel, ahora viene la etapa en que no les den beneficio, que no los liberen, que hagan indagaciones de salud mental y salud física correcta, por ejemplo, por eso los familiares no hemos podido abandonar el rol de estar vigilando cada aspecto de lo que han sido los procesos judiciales en Chile, y hemos tenido desazones tremendas en todo este tiempo”, dice Patricia Zalaquett quien, entre sus gestiones en la captura de Andaur Leiva, mantuvo un permanente contacto con las y los vecinos de este, manteniéndose al tanto de los movimientos del criminal, información que ella brindaba a su vez a la PDI.
Patricia evoca, en particular, una de esas desazones cuando, luego de escuchar a las y los familiares, un juez manifestó empatía con los criminales: “Le hablamos de que ya los padres de ellos (los asesinados en la operación Alfa Carbón) estaban muertos, y de nuestras propias enfermedades, y del temor de no llegar al final del proceso. Y él, en vez de tener empatía con eso, hizo referencia de lo mal que estaban los criminales, de las dificultades que tenían y en lo duro que era para ellos. (…) A ese juez lo tuvimos que presionar durante muchos años para que no permitiera que los abogados de los criminales buscaran pretextos y formas de dilatar el proceso, que es una constante en los juicios de DDHH”.
Por su parte, Erika Hennings hace mención a que muchas veces son las familias quienes suplen las responsabilidades que el Estado debería cumplir y garantizar: “Es súper relevante entender que las personas por las cuales nosotras pedimos justicia, son personas que tenían un compromiso país, un compromiso colectivo, un compromiso como estudiantes, como trabajadores, que luchaban por cambios justos para todos y todas, para el colectivo país, para la sociedad toda. Por lo tanto, no es un tema que competa sólo a los familiares, entonces ha sido cómodo también para el Estado y para el poder, ha sido cómodo transferir la responsabilidad de la justicia, de la búsqueda, de la exigencia, a familiares, y por eso la sociedad lo ve como ajeno a ella”.
Actualmente, Erika es representante de las organizaciones de la sociedad civil de DDHH y de los sitios de memoria de la Región Metropolitana en el “Comité de Seguimiento y Participación”, un órgano a cargo de asesorar y hacer recomendaciones al Estado para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), impulsado por el actual gobierno y en ejercicio desde 2023. Bajo este rol, señala que el tema de los prófugos criminales de lesa humanidad no ha sido abordado por el plan, pero que es una problemática que pretende plantear para su incorporación “porque el PNB no debería ser sólo el proceso de ir teniendo los antecedentes y la trayectoria de las personas desaparecidas, con las responsabilidades de quienes les hicieron desaparecer en toda esa ruta; sino que también de la verdad y la justicia, y si hemos ido avanzando con una lentitud infinita de años y años, no puede ser que además se fuguen los criminales y que no haya medidas más activas”.
En 2023 se cumplieron 50 años del golpe de Estado y el inicio de una dictadura que duró 17 años en ejercicio, además de décadas posteriores en que el régimen ha mantenido un rol influyente en la sociedad y en sus instituciones y estructuras de poder. La fecha fue relevada por el gobierno con diversas conmemoraciones en las que conceptos como “memoria” y “derechos humanos” se repitieron incansablemente. Sin embargo, más allá de su verbalización, se requieren acciones. “No puedo dejar de pensar en la debilidad del tema de DDHH en este país, la debilidad que hace que otros temas tengan mayores urgencias que este que tiene que ver con las violaciones a los DDHH, con la memoria. No ha habido una política pública capaz de diseñar todos los elementos necesarios para hacer justicia, las respuestas han sido pequeñas píldoras y no una cuestión sólida, una política que haya sido pensada, que haya sido entregada a la sociedad para que sienta esto como algo fundamental”, dice Patricia Zalaquett.