La cifra no desciende, se eleva. Hay 355 campamentos nuevos, que llevó a casi 30 mil familias a habitar en tomas, terrenos y sitios vulnerables. Es parte de la crisis habitacional-social que se vive en el país, donde se mantiene un déficit de 600 mil viviendas. Mientras tanto, aumenta el precio de los arriendos, continúa la especulación del suelo, las grandes inmobiliarias tienen enormes ganancias, los créditos hipotecarios se pagan en UF golpeando el bolsillo familiar. Con tragedias como las cien modestas viviendas incendiadas en Iquique al inicio del año, y paradojas como la donación de Farkas de una mansión de miles de millones de pesos para, teóricamente, construir viviendas sociales, en la mejor muestra del contraste y la desigualdad que se vive en Chile. Desde los ministerios de Vivienda y de Hacienda se dieron a conocer algunas medidas que ayudarían a paliar los problemas de acceso a vivienda.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 28/10/2022. Casi nadie se acuerda. En enero de este año se destruyeron 100 modestas viviendas del campamento Laguna Verde en Iquique, por un incendio de grandes proporciones. Hubo, a lo menos, 400 personas damnificadas. Familias pobres que lo perdieron todo, incluso su habitación precaria, para volver a peores condiciones. Se acerca el fin de año y continúan sin una casa digna.
Los incendios son sólo uno de los grandes peligros que asechan a miles de chilenas y chilenos que viven en campamentos, en una cifra que no baja, si no que aumenta. Hay más personas en esas condiciones que hace un año. 29 mil 122 familiares pasaron a vivir en terrenos informales, tomas, viviendas precarias, sin agua ni luz en la mayoría de los casos, sin alcantarillado, sin calles pavimentadas, muchas veces en hacinamiento.
En Chile hay 355 campamentos nuevos. Es decir, nos disminuyen, sino que aumentan en cantidades abultadas. Ahora a lo largo del territorio hay 1.091.
En este cuadro se conocen noticias como que el multimillonario de la minería, Leonardo Farkas, vivía en una mansión en Lo Curro, en la capital, valuada en 3 mil 400 millones de pesos (aunque el empresario indicó que vale 7 mil millones), con 5 dormitorios, dos enormes salas de estar, dos escritorios, una gran piscina techada, tres piezas de servicio, 31 estacionamientos, sala de cine, canchas de tenis y raquetball, camarines, gimnasio, baño turco, cava, jacuzzi, varios baños de distintos tamaños. Un ejemplo de la desigualdad y los contrastes que se ven en el país.
Resulta que Farkas donó esa mansión a “Desafío Levantemos Chile”, con la idea de que con el dinero de la venta se puedan construir viviendas sociales para la gente que no tiene casa. Desde esa organización se dijo que “queremos transformar esta generosa donación en ayuda para miles de familias y subir su estándar de vida y mostrar que la filantropía bien aplicada puede ser un arma muy poderosa para combatir la inequidad”.
Es el camino que ven algunos. Sobre todo ante el déficit habitacional y las condiciones deplorables de miles de personas: la filantropía, la donación. Un corte de camino que tiene sus límites y que se aparece ante las deficitarias políticas públicas y las condiciones de pobreza y desigualdad que existen en Chile. El tema es que el camino de la caridad no parece el adecuado para resolver el déficit de 600 mil viviendas.
El último y alarmante informe
Los datos de aumento de familias viviendo en campamentos y el alza de éstos en todo el país, se conocieron en el informe “Catastro Nacional de Campamentos”, presentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Banco Interamericano de Desarrollo en Chile (BID).
Se precisan los datos:
- El total de campamentos en el país es de mil 91; 355 son nuevos. Aumentaron.
- Ahí se instalan 71.961 hogares. 29.122 son nuevos en esas condiciones. Hubo un aumento.
- El promedio de personas por hogar es de 2.97.
- Las regiones de Valparaíso (255), Metropolitana (142) y Biobío (156), concentran el 50% de todos los campamentos a nivel nacional. Valparaíso además es la región que concentra más campamentos nuevos con 73.
- El 75% de de hogares en campamentos, lo registra Valparaíso (18.405), Metropolitana (13.392), Tarapacá (9.300), Antofagasta (7.384) y Biobío (7.122).
- De quienes viven en campamentos, un 48% está bajo la línea de la pobreza (ingresos inferiores a 406.371 pesos) y un 25% bajo la línea de la pobreza extrema (ingresos inferiores a $270.914 para un hogar de tres personas).
- El 51% de quienes habitan en campamentos son mujeres, un 49% hombres.
- Un 36% son migrantes. De los extranjeros que viven en campamentos en Chile, 30% son de Bolivia, 21% de Haití, 18% de Colombia, 18% de Perú y 8% de Venezuela. El 83% de los migrantes viven en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Metropolitana.
- Entre las razones para llegar a un campamento, un 55% indicó que fue por bajos ingresos y un 47% por el alto costo de los arriendos.
- El 36% de habitantes de campamentos cree que seguirá viviendo ahí en los próximos cinco años.
- 78% consideró que su calidad de vida mejoró al llegar a vivir en campamentos, con respecto a como vivía antes.
- El 58% de las personas que habitan en campamentos solo tiene nivel de Enseñanza Básica.
Las condiciones insalubres, inseguras, vulnerables, con falta de servicios básicos, golpean a las miles de personas que habitan esos lugares. El reporte dado a conocer indicó que 399 campamentos, el 37%, están bajo amenaza dado que se encuentran en zona de riesgo.
Al presentar el informe, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, expresó como antecedente que “la columna vertebral de la organización de los campamentos son mujeres, entonces nosotros fundamentalmente seguimos lo que conversamos con ellas en distintos tipos de iniciativas. Al menos, algunos creemos que el tema de los niños en los campamentos tenemos que tenerlo especialmente presente”.
Desde las entidades que efectuaron el informe y la encuesta, se explicó que “la muestra se realizó con el 80% de cobertura a viviendas ocupadas con moradores presentes y durante el desarrollo de la obtención de datos se visitó en, al menos, tres oportunidades cada campamento”.
Hace dos años, en Chile había 802 campamentos en las 16 regiones del país y ahí vivían 47 mil hogares.
El aumento de la pobreza en varios puntos, el desempleo y empleo informal, la pandemia, el alza del costo de la vida y la ineficacia de políticas estatales e inversión privada, se mencionan como elementos principales que hay detrás de la expansión de campamentos, tomas y más familias habitando en condiciones precarias.
El 2020, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg, reconoció que “más familias ingresan a un campamento de las que logran salir año a año”. Este 2022 eso se comprobó.
La mayoría de los campamentos, alrededor del 70%, se sitúan en zonas urbanas y asentamientos irregulares y alrededor del 20% en zonas rurales.
Datos de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, apuntaron que un 4,5% de la población chilena no cuenta con servicios higiénicos y un 9,8% vive hacinada.
Alzas en el costo de arriendos y pagos de créditos hipotecarios
No es menor que se señale el alza incontrolable en los precios de arriendos, en todo el país, como una causa para que miles de familias terminen en un campamento, hacinadas en casonas en mal estado, o de allegadas.
Si se considera que a lo largo del territorio nacional los arriendos de casas están en un promedio de un millón de pesos y de departamentos en un promedio de 500 mil pesos (con datos conservadores), y la mitad de la población gana alrededor de 500 mil pesos al mes, se podrá calibrar lo que significa arrendar: gastar la mitad o más del ingreso sólo en alquilar.
A eso se suma que muchas familias compraron con créditos hipotecarios en Unidades de Fomento (UF) y con la inflación y la subida de esta unidad, se están registrando alzas de un cinco a un diez por ciento en el pago de su hogar, sufriendo un duro golpe a la economía familiar.
De acuerdo a datos formales, y como un ejemplo, en la Comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, una zona de clase media y sectores populares, los arriendos estaban entre 550 mil y 600 mil pesos, y a mediados de este año llegaban a alrededor de 700 mil y 800 mil pesos al mes. “En la actualidad se paga tres veces más por un arriendo que en 2007”, dijo un ejecutivo de una inmobiliaria privada. En el sector privado inmobiliario se habla de incrementos en los arriendos de entre un 20 y un 30 por ciento durante el 2022, cuando los salarios en promedio no suben del 4% y los pronósticos más positivos indican que podrían tener un alza del 8%, sólo en algunos sectores laborales públicos y privados. La carga es mayor porque en la actualidad se suelen ofrecer los alquileres en UF.
El Informe Trimestral de Viviendas de la Región Metropolitana, correspondiente al primer trimestre de 2022, realizado por Portalinmobiliario.com., reveló que en el caso de arriendo de departamentos, hubo un alza anual en UF por metro cuadrado (UF/M2) del 10%, mientras que en casas fue del 12.6%. Se indicó que “nuestros datos arrojan, por ejemplo, que si durante el primer trimestre del 2021, el valor promedio de un arriendo de un departamento estaba en $584.941, durante el primer trimestre del 2022 ese valor aumentó a $648.688”.
Es evidente que el alza en la inflación y los precios de productos impacta en los precios de arriendos y en los pagos de dividendos, con afectación a las economías familiares.
El informe “Ranking hipotecarios septiembre 2022”, de Mi Mejor Tasa, hizo ver hace unas semanas que, por ejemplo, “con un crédito de 6.000 UF, 20% pie, 20 años, el que señala que el costo final para el cliente alcanzó en septiembre 2022 un promedio de UF+5,72% anual. El dividendo mensual con seguros incluidos es UF 32,72 ($1.117.251). En octubre 2019, el mismo era UF 26,71 ($749.726). Esto quiere decir que el dividendo mensual seguros incluidos aumentó $367.525, es decir, un 49% en el periodo”. Así, “el efecto de la inflación ha sido 21,7%, mientras que el efecto tasa de interés ha sido 27,3%”.
Además, según Mi Mejor Tasa, “el requisito de renta mínima para acceder a este crédito también ha aumentado: en octubre 2019, para acceder a este crédito se requería una renta mínima de $2.998.905; hoy, la renta mínima es de $4.469.005”.
Son datos que se repiten y conocen en las empresas inmobiliarias y en los bancos. A la gente le está costando más el crédito hipotecario, lo están pagando más caro y también es más inaccesible. En varios medios de prensa se realizaron reportajes de jóvenes profesionales pagando un alto costo por arriendos y con serios problemas para meterse en la compra de una vivienda. Ni hablar del drama que sufre adultos mayores y familias de trabajadores, tanto en Santiago como en regiones.
En este cuadro, el ministro Carlos Montes abordó otros factores en esta situación y que tiene que ver con la expansión de campamentos: “Estamos convencidos que el tema fundamental es el alto costo del suelo y la especulación con el suelo que hizo inoperables las políticas públicas que había”.
El tema del uso y del negocio del suelo, es algo que está hace años en carpeta pero no se logra abordar para encarar de mejor manera el déficit habitacional que hay en el país, y terminar con negocios concentrados en la usura y el enriquecimiento de grandes empresas.
Planes y toma de conciencia
En cuanto a los campamentos, el ministro de Vivienda y Urbanismo trazó algunas directrices en relación a esa realidad. Una arista, señaló Carlos Montes, es que “tenemos la decisión de transformar algunos campamentos en barrios de la ciudad”. Eso “significa regularizar la tenencia, que cada familia tenga su propio sitio, su propio lote, que a su vez haya un servicio instalado de agua y de luz, pavimentación en los accesos y a su vez tengamos las bases para contar con jardín infantil”.
“El segundo programa es el que tiene que ver con transformar el resto de los campamentos en condiciones de habitabilidad básica, que tengan acceso a agua colectiva o individual, a iluminación y a los que están viviendo en situación de alto riesgo, trasladarlos a situaciones de tránsito”, explicó Montes. Eso incluye preocuparse de los menores de edad, y “por eso estamos preparando un programa de patios culturales con los niños para apoyar su desarrollo escolar, también su desarrollo como persona en un contexto que a veces es muy hostil”.
Según se explicó desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la idea es trabajar en cuatro etapas. La primera, de generación de un listado de posibles nuevos asentamientos precarios (asentamientos preferentemente urbanos, de ocho o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos); la segunda, de verificación de los campamentos; la tercera, de aplicación de una encuesta a los hogares; y la cuarta, de identificación, verificación y caracterización de los campamentos registrados en los catastros 2011 y 2019.
Carlos Montes no dejó pasar el cómo en la sociedad se asume este drama de los campamentos que es reflejo de la crisis social que se está viviendo y de las desigualdades que hay en el país. En esa línea exhortó “especialmente a los partidos políticos, necesitamos a los partidos políticos en la vida cotidiana, formar dirigentes, de ayudar a la organización, de ayudar a que la vida democrática adquiera mayor densidad en distintos lugares”. Esto tendría que ver con los esfuerzos a nivel legislativo, municipal y de organizaciones sociales, de los sin casa y pobladores.
Enfatizó el ministro en que “aquí lo que se requiere es que todo el Estado en conjunto con toda la sociedad, asumamos con mayor conciencia que esto no es aceptable en la democracia y es algo que requiere transformaciones, las cuales no se hacen de un día para otro, pero que tenemos que empezar a trabajar sistemáticamente entre todos y todas”.
El plan del Minvu y Hacienda
Durante la semana, los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda, Carlos Montes y Mario Marcel, respectivamente, dieron a conocer algunas medidas económicas para ayudar a las familias a acceder a una vivienda, lo que contempla la posibilidad de que las empresas de la construcción puedan reducir costos y enfrentar difíciles condiciones por el marco económico negativo a nivel mundial y nacional.
Se considera ir en apoyo del acceso a la vivienda, a través de una garantía estatal de 10% del valor del inmueble para precios de entre 2.600 y 4.500 UF y una extensión de la cobertura de 100% del seguro de remate para aquellas viviendas entre 1.600 y 2.800 UF, según se informó desde Hacienda. También se ayudará a empresas del rubro de la construcción.
Entre las medidas anunciadas se incluye donaciones de terrenos de parte de empresas para que se puedan construir viviendas para sus empleados con sus ahorros; se trata de establecer un mecanismo que permita que las empresas puedan donar terrenos a sus trabajadores con fines habitacionales y la donación quedará exenta del impuesto a la donación. También otorgar una garantía estatal de 10% del valor del inmueble, lo que fue anunciado en el marco del Plan Chile Invirtamos, y consiste en que se otorgue una garantía estatal por el 10% del valor de la vivienda, para precios de viviendas entre 2600 y 4500 UF. Un Seguro de remate, lo que se explicó así: “actualmente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) supervisa el cumplimiento de algunos resguardos que debe tomar la banca a la hora de otorgar créditos, entre estas, hacer provisiones sobre créditos y cumplir requerimientos de capital para la eventualidad de que los clientes no sean capaces de pagar la deuda y la vivienda deba ser rematada. Cuando los créditos exceden el 80% del valor de la vivienda, se gatilla el aumento muy rápidamente de las provisiones y los requisitos de capital, lo que provoca un encarecimiento de los préstamos”. Y la extensión de vigencia del crédito especial IVA; “este beneficio es para las empresas constructoras, que tras diversas legislaciones fue reduciéndose en el tiempo tanto en tramo como en plazos. Se consideraba que el beneficio tributario que les permite descontar IVA desapareciera en 2025. Sin embargo, la medida anunciada extenderá el período de transición de este beneficio de modo que se mantendrá en un 25% por dos años, para el 2025 y 2026, y terminará definitivamente en 2027.
Carlos Montes resaltó que con estas medida se permite que “muchas familias puedan acceder al crédito. Lo nuevo es que no va a ser sólo para los créditos con subsidio público, sino también para algunos que no tienen. O sea, se va a ir de los 2.800 a los 4.500 UF por un tiempo determinado, para que las familias de clase media también puedan usar esta condición. Esto es muy importante y va a tener efecto en los créditos y en las demandas sobre las viviendas que están construyendo las empresas”.
Según se indicó desde el Minvu y Hacienda, “las medidas anunciadas apuntan a dinamizar el mercado inmobiliario, atendiendo los problemas que enfrenta este sector debido a que por múltiples factores el acceso a las viviendas se ha tornado más complejo. El valor de las viviendas se ha visto reajustado por el alza de precios de los materiales de construcción, así como el costo del suelo, y por otro lado, las alzas de las tasas de interés para créditos hipotecarios han aumentado el valor de los dividendos”.
Se recalcó que “la primera medida consiste en aumentar la cobertura del seguro de remate, a un 100% de la diferencia entre el monto de los recursos obtenidos en el remate y el saldo de la deuda, para los tramos de viviendas entre las 1600 y las 2800 UF, ya que la cobertura decrece actualmente hasta solo 40% en ese tramo. Esta sería una medida administrativa de Minvu”.