El jurista Claudio Nash, estableció que “las autoridades nacionales han comenzado a avanzar en una línea punitivista como herramienta privilegiada para enfrentar la crisis de seguridad”. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras “la regla sobre legítima defensa privilegiada…contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos”. El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, declaró sobre los contenidos del proyecto que se está aprobando en Chile que “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”. Para Amnistía Internacional la aprobación del proyecto de Ley Nain-Rentamal (que) aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al uso de la fuerza, tendría graves consecuencias para los derechos humanos. “El Ejecutivo considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo” para policías y ciudadano, dijo Luis Cordero, ministro de Justicia y DDHH. El diputado y abogado Matías Ramírez, señaló que “no podemos abandonar la necesidad de tener una policía profesional, con una instrucción clara en los derechos humanos. Se recuerda que en el marco de la revuelta social más de 2 mil carabineros fueron requeridos por violaciones a los derechos humanos y apremios ilegítimos y que el actual general director se negó a declarar ante Fiscalía por parte de esos casos.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 31/3/2023. Hay preocupación por lo que pudiera traer la aplicación en Chile de la idea de “gatillo fácil” en beneficio de las policías y otras leyes que están siendo aprobadas y que pudieran tener un efecto negativo en materia de derechos humanos y combate a la delincuencia.
Una de las medidas más controversiales e inquietantes es la de establecer a favor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), el uso de la “legítima defensa privilegiada” que aumenta la atribución de los uniformados a hacer uso de su arma de servicio.
En una Carta Abierta, el reconocido jurista y Doctor en Derecho, Claudio Nash, estableció que “las autoridades nacionales han comenzado a avanzar en una línea punitivista como herramienta privilegiada para enfrentar la crisis de seguridad”.
Para el abogado, dar mayor atribución a las policías para usar sus armas de fuego, “dificulta seriamente las posibilidades de investigación y sanción en casos de un uso de la fuerza ilegítimo por parte de la policía”.
Nash expuso: “Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana y los organismos especializados en derechos humanos de Naciones Unidas se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre los peligros asociados a estas legislaciones rotuladas bajo la idea de ‘gatillo fácil’” y ejemplificó: “La experiencia comparada (Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Perú, entre otros) es clara en dar cuenta de la espiral de violencia asociada a estas legislaciones y los graves abusos de derechos humanos que pueden producir”.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sostuvo en un comunicado que “los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros”.
Y enfatizó: “Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia”.
Consuelo Contreras agregó que “la nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso”.
Resaltó que “la regla sobre legítima defensa privilegiada…contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever”.
La directora del INDH recordó que esa entidad “ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por las cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando éstas se encuentren desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil”. Añadió en el comunicado que “una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, declaró sobre los contenidos del proyecto que se está aprobando en Chile que “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.
El funcionario de Naciones Unidas indicó que “la seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad”.
Sostuvo que “en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”.
También se conoció una opinión desde Amnistía Internacional donde se apuntó que la aprobación del proyecto de Ley Nain-Rentamal (que) aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al uso de la fuerza, tendría graves consecuencias para los derechos humanos, advirtió Amnistía Internacional (AI).
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, declaró que “avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito en el país es necesario, pero un problema tan complejo requiere ser abordado con seriedad, responsabilidad y en base a estándares internacionales de derechos humanos. La tramitación exprés del proyecto, lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a Carabineros y que afloraron de manera dramática en la crisis de 2019, es una respuesta oportunista, que implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”.
“Las autoridades chilenas han olvidado que una forma eficaz de proteger tanto a la ciudadanía como a los policías es implementando una reforma integral a Carabineros. Ignorar las necesidades reales de transformación que requiere la institución supone perder una oportunidad histórica que se forjó con el sufrimiento de miles de víctimas durante el estallido social”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
En un comunicado de la bancada parlamentaria de Convergencia Social se señaló que el rechazo a aumentar la atribución de las policías en el uso de armamento, viene planteándose hace tiempo en el debate legislativo, lo que se da “en un contexto en el cual compartimos la necesidad de proteger a Carabineros, pero no la técnica y el sentido de ésta”.
Ante lo aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre ampliación del uso de armas por Carabineros y la PDI (con los votos preponderantes de la derecha y la extrema derecha), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó que “el Ejecutivo considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo no sólo para la policía, sino que también para los ciudadanos”.
Antecedentes negativos sobre Carabineros
Cuando se discute el otorgar mayor atribución a Carabineros en el uso de la fuerza, se recuerda que en el marco de la revuelta social, más de 2 mil carabineros fueron señalados por cometer violaciones a los derechos humanos y apremios ilegítimos y por provocar más de 400 casos de amputaciones y lesiones oculares usando escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas.
Además, que en días recientes el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se negó a declarar ante Fiscalía en una investigación por casos de abusos, violaciones a los derechos humanos y represión, lo que lleva a pensar cómo hasta el alto mando policial puede hacer uso de prerrogativas que, en definitiva, tiene que ver con eludir responsabilidades y no hacerse cargo de la comisión de reales o supuestos delitos cometidos por los uniformados.
En este contexto, varios juristas, legisladores y analistas recordaron que está pendiente la reforma a Carabineros, que tiene que ver, entre otras cosas, con cambio en su doctrina, mejor capacitación, inclusión de una perspectiva de derecha humanos y uso de los medios de fuerza.
El diputado y abogado Matías Ramírez, señaló que “no podemos abandonar la necesidad de tener una policía profesional, con una instrucción clara en los derechos humanos y con un control civil también transparente que permita mejorar su gestión”.
Recalcó que “si abandonamos esa demanda tan sentida y nos ponemos a legislar como piensa un sector importante de la derecha, yo creo que ahí obviamente hay una derrota estratégica para este Gobierno”.
Eso, en la línea de que durante esta administración se planteó el avanzar en la reforma a Carabineros, funcionando una comisión para tal efecto y con respaldo del Legislativo.
En todas las consideraciones se hace mención a situaciones de evidencia en el extranjero con leyes que posibilitan la prerrogativa de uso de armas por parte de las policías. Un informa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Estados Unidos, reportó que a junio de 2023, 511 personas fueron asesinadas por policías, cuando en 2019 esa cifra llegaba a 484 víctimas.
En México hace tiempo que se cuestionó el criterio de “gatillo fácil” que provocó decenas de muertos a manos de uniformados, muchos de ellos inocentes, y se condenó la llamada “guerra al narco” que produjo miles de muertos y decenas de miles de heridos, sin que se lograra un objetivo exitoso en el combate al crimen organizado.
Situaciones dramáticas del uso excesivo de la fuerza por parte de policías, con miles de muertos y decenas de casos judiciales que condenaron a uniformados, se conocieron en Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador y otros países.
Siempre se apunta a que debe reforzarse la técnica, la capacitación, la Inteligencia y el adoctrinamiento de las policías para hacer eficiente su actuación, y no caer en especificidades como más libertad para accionar el arma de servicio, y cuidar que las legislaciones no terminen afectando a ciudadanas y ciudadanos y posibilitando la violacion de derechos humanos y civiles.
Aprobados varios proyectos en la Cámara Baja, incluido el que refuerza la idea del “gatillo fácil”, la semana que viene el Senado tendrá que analizar las iniciativas e incluso se prevé que pueda haber indicaciones, que sería respaldadas por el Gobierno, y que daría respuesta a las preocupaciones en materia de derechos humanos y civiles.
En ese marco, la senadora Yasna Provoste declaró que “en el plazo que el presidente del Senado ha indicado, vale decir, el próximo martes, vamos a presentar indicaciones a este proyecto que busca por una parte resguardar la integridad física de quienes ejercen por decisión constitucional el poder de las armas en nuestro país, pero también garantizado el Estado de Derecho y las libertades individuales”.
La inquietud está instalada y en los próximos días habrá novedades.