La investigación por delitos financieros y fiscales contra el exalcalde de Vitacura parece lenta y surgen episodios extraños como la ausencia del presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, en la sesión en el Congreso donde se trató el tema. Persisten las suspicacias por el rol del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, vinculado política, profesional y personalmente a Renovación Nacional, el partido de Raúl Torrealba. De hecho, se le pidió inhabilitarse de dar instrucciones a la Fiscalía en este caso. En tanto la derecha vetó que la actual alcaldesa de Vitacura pudiera concurrir al Congreso para hablar del tema y entregar antecedentes. Un grupo de congresistas sigue de cerca el caso que incluye platas por 2 mil 300 millones de pesos en una cuenta del exjefe comunal y en dos semanas empieza su trabajo una comisión investigadora.
Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 24/3/2023. Hay mucha turbiedad en el caso de manejo ilegal de un par de miles de millones de pesos de parte del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, antiguo militante de Renovación Nacional (RN), investigado por malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación de documentos públicos y fraude al fisco.
La investigación por delitos financieros y apoyo ilegal de campaña electoral, liga al exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, también de RN, quien fue director de Desarrollo Comunitario de Vitacura, cuando Torreaalba era el jefe comunal.
En el proceso en curso, con más de mil documentos con antecedentes, se apareció un factor que hace ruido y crea suspicacias. El actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia, perteneció durante muchos años al círculo de confianza de los dirigentes de Renovación Nacional, tuvo vínculos directos con Guevara y habría conocido a Torrealba.
De acuerdo a las indagaciones, Raúl Torrealba utilizó funcionarios del municipio de Vitacura para concretar los delitos y las irregularidades que incluyó el desvío de dineros a su cuenta personal, y según informó el diario La Tercera, se detectó la existencia de dos mil 300 millones de pesos en una cuenta del Banco de Chile del exalcalde, seguramente con dineros de los depósitos ilegales que se le hacían.
En la investigación aparecen, además de Felipe Guevara, los exdirectores de Desarrollo Comunitario (DECOM) del municipio, Renato Sepúlveda y Antonia Larraín, y directivos y funcionarios de organizaciones comunitarias que recibieron millonarias subvenciones públicas, Domingo Prieto, Augusto César Silva y Arnaldo Cañas.
Alejandro Espinoza, abogado representante de la Municipalidad de Vitacura, declaró en enero pasado que “hemos llegado a la convicción de que aquí ha operado una organización criminal con mandos claros, jerarquizada y con permanencia en el tiempo, de manera tal que eso por sí es constitutivo de otro ilícito adicional a la defraudación que se ha provocado a las arcas municipales”.
Dudas por el Fiscal Nacional
Ángel Valencia, actual Fiscal Nacional, trabajó al servicio de la bancada de senadores de RN, efectuó labores con el antiguo dirigente de RN y exministro de Defensa, Alberto Espina, y de acuerdo al reporteo de CiperChile, “Ángel Valencia no solo fue asesor externo en la Municipalidad de Lo Barnechea entre 2015 y 2022, sino que también defendió en causas judiciales a las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa”.
El medio de información reportó que “los registros judiciales lo muestran representando también a los hombres clave de las finanzas municipales que han ocupado cargos paralelos en ambos municipios”.
Esa situación generó suspicacias en relación a la investigación en torno de los posibles delitos de Raúl Torrealba e incluso se esgrimió como antecedente para que Ángel Valencia no llegara al puesto de Fiscal Nacional. Pero sus vínculos políticos y personales con la derecha, específicamente con RN, le daban los votos en el Senado para ocupar el cargo y, al final de cuentas, el actual Gobierno lo propuso después de otras propuestas fallidas, vetadas precisamente por senadoras y senadores de la oposición.
En una sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados de este semana, el legislador Tomás Hirsch, de Acción Humanista, aseguró que “es relevante el escenario que se le abre al nuevo Fiscal Nacional. El señor Valencia tiene hoy la oportunidad de despejar las dudas que ha generado el que haya sido abogado del exalcalde Guevara, quien a su vez antes de ser alcalde de Lo Barnechea fue jefe de gabinete del futuro formalizado Raúl Torrealba”.
Hirsch indicó que “el señor Valencia debe inhabilitarse en forma explícita de dar cualquier instrucción en este caso y dejar que la Fiscalía Regional siga el curso total de la investigación, sin que medie ninguna gestión de su parte”.
En tanto, la diputada Alejandra Placencia, del Partido Comunista, emplazó al Fiscal Nacional: “Sería bueno saber si considera que 580 días es un tiempo prudente para formalizar a imputados en temas de corrupción”.
Y añadió: “Porque esos son los días que han transcurrido desde que se destapó el caso Torrealba en agosto de 2021 y aún no hay formalizaciones, pese a las pruebas que se han dado a conocer profusamente por la prensa y la conmoción pública”.
La circulación irregular de millones de pesos
Las ligas eran estrechas, aunque se rompieron en un momento. Por ejemplo, Antonia Larraín es sobrina nieta de Domingo Prieto. Y ella declaró en la querella que “desde hacía aproximadamente 3 años y hasta el cambio de administración municipal ocurrida en el mes de julio, manipuló mensualmente sobres de dinero conteniendo aproximadamente la suma de $5.000.000 en dinero efectivo, que recibía, entre otros, de Domingo Prieto Urrejola y Arnaldo Cañas González (contador), y que entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba”.
Y Prieto dijo en la indagación: “Estos pagos por ‘semana de la chilenidad’ deben haber empezado por ahí por el año 2016. Recuerdo que en un día determinado Antonia Larraín me llama por teléfono y me dice que requería hablar conmigo, reuniéndome con ella en su oficina de la municipalidad. No recuerdo el cargo que ella tenía en ese momento, pero no era aún el de directora de la Decom (Desarrollo Comunitario). Es así que me indica que era necesario entregar al alcalde Torrealba la suma de $5.000.000 en dinero en efectivo, para que éste los utilizara”.
Añadió que esto “comenzó con una petición de Renato Sepúlveda (ex director de desarrollo comunitario), quien me citó a su oficina en la municipalidad y me dijo que era necesario entregar dinero al jefe, refiriéndose por tal al alcalde Raúl Torrealba, y que era necesario entregarle $3.000.000 en dinero en efectivo. Yo me sorprendí con esa petición, le consulté por ello, y me dijo que era para el jefe, para el Big Boss, que él la necesitaba. Así le decía al alcalde Torrealba”.
Prieto hizo ver ante la justicia que el sistema de desvío de dinero a través de las entidades con personalidad jurídica propia “lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias funcionales”.
Además indicó que “cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (…). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba”.
Toda esta causa se inició cuando la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, del partido de derecha Evolución Política (Evópoli), detectó irregularidades en los programas VitaPass, Vita Emprende, Vita Salud y Vita Deportes. El municipio presentó en julio del 2021 una denuncia por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales en las organizaciones funcionales que manejan los programas Vita.
En el curso de las indagaciones, la Fiscalía Centro Norte, encargada de la investigación contra Torrealba, solicitó al Servicio Electoral (Servel) datos de gastos de campaña del exdiputado Sebastián Torrealba, también de RN, sobrino del exjefe comunal, quien habría recibido grandes cantidades de dinero para llegar al Congreso, por la vía de su tío.
Domingo Prieto dijo ante los investigadores: “Tengo que señalar que, para la campaña a diputado del sobrino del alcalde de nombre Sebastián Torrealba Alvarado, el año 2016, no recuerdo mes, el director de Decom, Renato Sepúlveda, me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad de $1.500.000, a solicitud del alcalde Raúl Torrealba, instruyéndome sacar el dinero de Vitadeportes, el cual se cobraba a través de un cheque siento entregado en efectivo a Renato Sepúlveda en un sobre”. Y pudo haber otros “aportes” ilegales, todo lo cual se estaría investigando.
Para el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, todo esto “sería sólo la punta del iceberg de lo que podría llegar a ser uno de los más graves casos de financiamiento ilegal de la política en Chile”.
Episodios molestos
Para analizar y debatir el caso del exalcalde de Vitacura, se efectúo en el Congreso una sesión durante esta semana donde, entre otras cosas, se vio a representantes de la derecha evasivos, en silencio o simplemente dando respuestas políticas vagas, cuando se trata de una causa judicial, con cientos de antecedentes objetivos, testimonios y pruebas, por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación de documentos públicos y fraude al fisco.
También se vivió un episodio que causó molestia entre las y los legisladores. Que, a pesar de estar citado, no llegó ante el Legislativo el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia. El diputado Luis Cuello, que ha promovido todo este proceso, declaró que es una “muy mala noticia que el presidente del CPLT no concurra a debate necesario”.
Nadie podía explicarse la razón de esa ausencia, considerando la gravitación del Consejo para la Transparencia en este tipo de casos.
Pero hubo más motivo de molestia y también de inquietud en cuanto a que se esté torpedeando esta investigación y este debate. Resulta que los congresistas de derecha, encabezados por los de RN, vetaron la asistencia de la actual alcaldesa de Vitacura quien, por lo demás, es del mismo sector político y tiene información sobre las irregularidades cometidas por Torrealba.
El diputado Cuello expresó que “quien representa a la comunidad que ha sido víctima de este entramado de fraude y corrupción ha sido vetada por su propio sector, lo que nos llama mucho la atención”.
El legislador Matías Ramírez, también del PC, remarcó la importancia de “avanzar en medidas que implican mayor transparencia, probidad y acceso a la información a la ciudadanía, quien tiene el derecho a poder fiscalizar a las autoridades” por lo cual destacó: “En esa misma línea presentamos un proyecto de ley sobre transparencia para que las corporaciones municipales y de gobiernos regionales estén sujetas a la ley de transparencia activa, la que actualmente es voluntaria, de manera de evitar continúen los delincuentes de cuello y corbata, robándole al país como lo que se conoce en Vitacura, y en otras tantas municipalidades como lo fue en Tarapacá el denominado caso luminarias”.
Para ir destrabando todo este proceso, dentro de dos semanas empezará sus labores una comisión investigadora de la Cámara Baja.
El asunto es que a nivel de legisladores y dirigentes de partidos políticos, y de la ciudadanía, va creciendo la inquietud por lo prolongado de este proceso, por situaciones como las presentada esta semana en el Congreso, por el rol que podría estar jugando el Fiscal Nacional y porque además se sabe poco del proceso que debería estar en marcha en el caso del exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara.