Varias están aplicación, otras en discusión, algunas en la puerta del horno, pero es innegable que nunca se habían tomado tantas decisiones en la ruta de enfrentar al narco, el crimen organizado y bandas delictivas. Con puntos de debate, porque no a todas y todos convence la tesis de “la guerra” contra la delincuencia o no poner igual acento en medidas que apunten al origen del fenómeno delictivo. La semana terminó con el aumento del poder de fuego de las policías que incluyó que Carabineros vuelva a usar las subametralladoras UZI, establecimiento de “la legítima defensa privilegia” para las policías, aumento de las penas carcelarias a quienes agredan a uniformados, propuesta de prisión preventiva para extranjeros indocumentados e implementación del Estado de Excepción, intervención de comunas para combatir la delincuencia, asignación de mil 500 millones de dólares adicionales para seguridad pública, entre otras iniciativas.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 8/4/2023. La muerte de tres carabineros en un par de meses provocó un estremecimiento en el país y puso de manera determinante a la seguridad pública en la cima de la agenda política.
Nunca antes, en el tiempo posdictadura, se habían tomado tantas decisiones legislativas y operativas en el combate a la delincuencia, nunca en tan pocos días y con tanta intensidad, lo que no estuvo ajeno de polémicas de alto vuelo y que apuntaron, fundamentalmente, al equilibrio entre la defensa del sistema democrático y el respeto a los derecho humanos, con la eficacia y dureza de las acciones contra el crimen en todas sus expresiones.
La semana terminó con el aumento del poder de fuego de las policías que incluyó que Carabineros vuelva a usar las subametralladoras UZI, establecimiento de “la legítima defensa privilegia” para las policías, aumento de las penas carcelarias a quienes agredan a uniformados, propuesta de prisión preventiva para extranjeros indocumentados e implementación del Estado de Excepción, intervención de comunas para combatir la delincuencia, asignación de mil 500 millones de dólares adicionales para seguridad pública, entre otras iniciativas.
Para muchos, fue determinante la aprobación en el Congreso y la promulgación del Ejecutivo, de la Ley Nain-Retamal, que amplía la protección y atribuciones a las policías y significan un endurecimiento de la legislación en materia de seguridad pública. Eso incluye una medida que fue muy debatida, sobre la “legítima defensa privilegiada” de Carabineros y PDI que, en concreto, les permite hacer uso de su arma de servicio si se sienten amenazados de vida o la de otras personas.
En sintonía con la petición de medidas duras expresadas sobre todo desde la derecha, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia (antiguo abogado de personeros de Renovación Nacional), planteó que “todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que (los) imputados extranjeros que sean detenidos cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva”.
Se van a desarrollar planes de intervención en “las 30 comunas que concentren el 50% de los delitos más violentos del país”, se asignaron mil 500 millones de dólares más para planes de seguridad pública, un incremento del 40% en las platas para ese ítem, se trabajará para tener blindados todos los vehículos policiales, las patrullas de Carabineros llevarán a tres funcionarios, uno con una subametralladora UZI; se decidió en una reunión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, sacar adelante las próximas semanas unos diez proyectos de ley relacionados con la materia de seguridad pública. Hay también peticiones de construir más cárceles porque la nueva legislación y, se supone, el mejor accionar de Carabineros y Policías, aumentará la cantidad de presos y las cárceles ya están sobrepasadas.
Al terminar la semana, se promulgó la ley “que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión, la ley que modifica el Código Penal para agravar la pena en el delito de secuestro y la ley que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares concurridos”.
Está en discusión la propuesta de alcaldes de la oposición de decretar el estado de excepción constitucional y emergencia en la Región Metropolitana que podría ampliarse a otras regiones, como lo habían pedido dirigentes y legisladores para Valparaíso. También desde la derecha y algunos parlamentarios del oficialismo se solicitó convocar al Consejo de Seguridad Nacional para abordar el tema de seguridad y la toma de medidas.
El Presidente Gabriel Boric indicó que, entre otras medidas, se adelantará la implementación del Plan Calle Sin Violencia, superar “lagunas” que existan entre instituciones encargadas de temas de seguridad pública, aumento de patrullajes, sacar a uniformados de tareas administrativas, mayor fiscalización del comercio irregular, más cámaras de seguridad, más luminarias en las calles y recuperación de espacios públicos y sociales.
En este marco se expresaron preocupaciones por tomar medidas considerando la seguridad social de la población, los factores de origen en la diversidad de la actividad delictiva, los temas de desigualdad, la preocupación real del Legislativo, el Gobierno y otros sectores respecto a las condiciones que permiten en Chile el poderío del narco, el tráfico y posesión de armamento, el consumo de diversidad de drogas, la incorporación de jóvenes a las bandas delictivas y hasta una cultura de la delincuencia.
También se mencionó en análisis y medios el tema de la Inteligencia policial, que tiene que ver con identificar, detectar y atacar a grupos del crimen organizado, redes del narco, bandas delictivas, tener la imagen y el mapeo de redes criminales y no estar a ciegas.
Ha llamado la atención una ausencia precisa de vocerías desde el Poder Judicial, a donde también apuntan críticas por la labor de fiscales y jueces y la efectividad en sus labores.
Hubo expresión de dudas e inquietud respecto a que criminales detenidos o buscados, entre ellos los asesinos de los carabineros, eran prófugos de la cárcel, estaban con libertad condicional o citados a declarar, o estaban prófugos. Un alcaldesa dijo que el auto usado en el asesinato de uno de los carabineros, estaba reportado hace muchos días.
Como sea, en este cuadro de múltiples medidas, el país siguió golpeado por el asesinato de cuatro personas en Quilpué, un femicidio frustrado, y el ataque a funcionarios de Carabineros y PDI quedando varios de ellos con seria lesiones.