Ante a la protesta social contra el Gobierno de Dina Boluarte, hacer “resistencia” se convertirá en delito, hacer marchas será “perturbación del orden público”, colocar un crespón negro a la bandera, se tipificará como “injuria a los símbolos patrios”.
Gustavo Espinoza. Periodista. Lima. 7/8/023. La expresión es cabal: Terrorismo de Estado. Solo así se puede aludir a lo que está ocurriendo en el Perú de hoy. Pero la historia tiene funestos y trágicos antecedentes. Veamos.
Las primeras muestras del Terrorismo de Estado, se pierden en el tiempo,pero en el siglo XX se pueden ubicar en el régimen “fascista” del Almirante Horty en la Hungría de 1920; y la Bulgaria, gobernada en 1923 por el general Tzhankov. No obstante, el dicho tuvo connotación formal en la Italia de Mussolini. El “Ducce”, que asumió el Gobierno en octubre del 22, presionando al rey con “la marcha sobre Roma”, utilizó esta terminología como manera de unir dos conceptos: Terrorismo y Estado. El episodio que lo puso de relieve, tuvo lugar 20 meses más tarde. Fue el asesinato del diputado socialista Giacomo Mateotti, en junio 1924.
Este parlamentario, firme adversario del fascismo, pronunció en su Cámara una apasionada requisitoria contra Mussolini. Cuando concluyó su exposición, les dijo a quienes lo felicitaron: “Yo ya hice el discurso. Ahora, toca a ustedes preparar mi funeral”. Estuvo en lo cierto. Díez días después fue secuestrado por un grupo de fascistas al mando de Américo Dumine, y sus restos fueron encontrados dos años después.
Cuando se produjo el hecho, Mussolini negó tercamente el delito, aunque finalmente lo admitió. Para sustentar su postura, e incapaz de explicarla, recurrió a una frase inescrutable: “Razones de Estado”. Nunca dijo lo que ocultaba ella, pero el hecho quedó confirmado. El Estado había consumado una acción terrorista para librarse de una figura popular que le era adversa. “Razones de Estado” impulsaron ese ominoso asesinato.
De ahí para adelante, todos los crímenes del régimen fascista tuvieron esa oscura explicación: “Razones de Estado”. Fue el Estado fascista italiano el que introdujo el concepto y lo ligó a una práctica perversa: Terrorismo de Estado.
En nuestra patria, las cosas no son siempre nítidas ni se dirigen a alguien en particular. Se proyectan a la población. Por eso el Estado, bajo la administración de Dina Boluarte y Alberto Otárola, no sólo recibe agradecido y genuflexo el beneplácito de la Casa Blanca, sino que prepara una acción fascista por todo lo alto. Ella se grafica en algunas ideas básicas.
Como las leyes vigentes no le resultan suficientemente aplicables, busca interpretarlas. En la agenda que entregara al Congreso, distorsiona el sentido de las expresiones. Así configura delitos que existen en los códigos, pero les otorga una connotación destinada a intimidar al pueblo. Es el caso de “la resistencia a la autoridad”, en una circunstancia en la que hacer esa “resistencia” implica enfrentarse a la policía y desacatarla. La “resistencia” se convertirá en delito cuando la población haga frente a la “autoridad”.
Igual sucede con “la perturbación del orden público”, que tiene múltiples motivaciones; pero que, en el caso, apunta al pueblo que “perturba el orden”. Hace marchas callejeras, por ejemplo.
Lo mismo sucede cuando se habla de la “injuria a los símbolos patrios”. Colocar un crespón negro a la bandera, tipifica el delito. También, cambiarle los colores, trocando las bandas rojas por negras en señal de duelo. Eso, es “terrorismo agravado”.
A esto se suma la prensa: exaltar las “victoriosas acciones policiales”. Ellas se procesan en el marco de una sola idea: La Guerra. Estamos en guerra contra la delincuencia, el tráfico de drogas, el contrabando y el terrorismo. En consecuencia, quienes caen dentro de ese universo, culpables o no, serán considerados terroristas o criminales de guerra. Y sufrirán penas no menores de 15 años. Sus adversarios, le responderán en el mismo terreno. “Estamos en guerra, y en guerra actuaremos”
El telón de fondo es el mismo, se busca preparar una banda terrorista ligada al régimen: la Policía del Orden y la Seguridad. Por lo menos, bautizo tuvo. Se pretende incorporar a ella a personas que, apenas con 6 meses de preparación, tendrán la posibilidad de usar armas, participar en acciones o incluso detener personas. En otras palabras, otorgar al lumpen del proletariado prerrogativas referidas a la libertad y a la vida.
El sentido de esta propuesta se complementa con otra: devolverle a la policía el Titularato de la Acción Penal. Esto implica convertir el Parte Policial, en prueba.
Así se gestó la Gestapo en los años de Hitler, y las SS también. Todo indica que los primeros en sumarse a esta “policía de segunda”, han de ser las bandas paramilitares creadas por la derecha a la sombra de “la resistencia”. También, sin duda el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Colina. Todos, que hoy gozan de impunidad, la tendrán definitivamente consagrada para antiguos y nuevos delitos. Por lo pronto, Martha Moyano planteó ya una Ley que declara “acciones terroristas” las protestas contra Dina Boluarte
Y a propósito de delitos, ¿no se considera delito contratar venezolanos pobres para hacerlos desfilar como Ashaninkas en la Parada Militar del 29 de julio, plagiar tesis, hablar de los Ponchos Rojos o engañar aviesamente a quienes estén dispuestos a comulgar con ruedas de molino?
Puestas en acción estas truhanerías, se podrá afirmar lo que es incontrovertible: Estamos frente al Terrorismo de Estado.