En 15 páginas y anexos, el documento denuncia un preocupante retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos, sociales y ambientales en Chile, así como una profundización del modelo extractivista bajo la justificación de la transición energética. Las organizaciones alertan sobre una política estatal que promueve la impunidad, criminaliza la protesta social y debilita la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contextos territoriales e indígenas.
Santiago. 8/2025. Este 7 de agosto, en el frontis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cinco de las organizaciones que integran el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecocéanos y la Plataforma Chile Mejor sin TLC, presentaron ante la prensa y la opinión pública el informe “De la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su 78º período de sesiones”.
En 15 páginas y anexos, el documento denuncia un preocupante retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos, sociales y ambientales en Chile, así como una profundización del modelo extractivista bajo la justificación de la transición energética. Las organizaciones alertan sobre una política estatal que promueve la impunidad, criminaliza la protesta social y debilita la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contextos territoriales e indígenas.
Así, ad portas de los nueve meses de la desaparición forzada de la defensora mapuche Julia Chuñil Catricura -lideresa de 72 años, madre, y presidenta de su comunidad- el Estado no ha entregado respuestas efectivas. Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y la presión de organizaciones de derechos humanos no han bastado para activar una búsqueda real ni para garantizar justicia. El caso de Julia evidencia la desprotección estructural hacia defensoras ambientales, en especial mujeres indígenas, y revive prácticas represivas propias de épocas pasadas.
El informe también cuestiona la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el gobierno bajo el argumento de una “transición energética”. Según las organizaciones, esta estrategia perpetúa el extractivismo y amenaza con convertir los salares y ecosistemas del norte en nuevas zonas de sacrificio. Se denuncia que más del 70% de los salares ha sido declarado “explotable”, sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, ni una evaluación ambiental con participación real.
Entre los puntos más destacados del informe, se encuentra la denuncia de leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales; la alarmante situación de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví y Calama; la privatización del agua en manos de industrias; y el avance de proyectos mineros y energéticos que violan el consentimiento indígena y ponen en riesgo ecosistemas frágiles como los salares altoandinos.
Finalmente, se advierte sobre las graves consecuencias sociales, laborales y ambientales de la industria de la salmonicultura en el sur del país. El informe denuncia la muerte de al menos 81 trabajadores -principalmente buzos- entre 2013 y 2025, además del uso masivo de antibióticos y la contaminación crítica de ecosistemas marinos. La actividad salmonera, que recibe subsidios estatales, ha sido señalada por expertos internacionales como una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la Patagonia chilena.
Lucía Sepúlveda, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios y Chile Mejor sin TLC, manifestó: “En estas horas queremos pujar para que nazca la Verdad y Justicia, tras 9 meses de la desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental, territorial y de los derechos de su pueblo en Máfil, en su comunidad rural. Lo ocurrido a Julia Chuñil está en el marco de la regresión en materia de derechos humanos y ambientales en Chile, por nuevas leyes como la Naín Retamal que permiten la impunidad de quienes violan los derechos de los pueblos, por ejemplo con el cierre de las causas por la revuelta Popular. Enfatizamos además que el gobierno, que firmó el Acuerdo de Escazú, debe cumplir su deber de defender a los defensores ambientales.”
Para Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, “hay una omisión del estado respecto a las acciones tanto nacionales como extranjeras, que no se hacen cargo del daño que dejan en el medio ambiente y las personas… Esta fractura social termina con la vida de muchas personas, que precarizadas o urgidas tienen que trabajar en condiciones adversas donde muchas veces pierden la vida”.
Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, señaló preocupación por lo que considera “una nueva fase de asalto a los territorios, a los recursos naturales y comunidades locales en un contexto en el que se apunta a eliminar todo tipo de resistencia social”. Agergó que “la elaboración de un proyecto de ley por parte de la bancada que controla la industria salmonera apunta a criminalizar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y defensores de la naturaleza, de derechos humanos y comunidades de pueblos originarios. Y esto se complementa con otro que va a penalizar a los periodistas que cubren toda información molesta para el estado o el gran empresariado. Hacemos un llamado a la sociedad a estar alerta y organizarse”.
Las organizaciones exigieron al Estado chileno implementar medidas urgentes de reparación, no repetición y protección efectiva a las comunidades y territorios afectados, así como cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos y ambientales.
