Los casos de Ricardo Yáñez y Sergio Muñoz se suman a situaciones de otros generales directores de la policía uniformada, otro director general de la Policía de Investigaciones y comandantes en jefe del Ejército, vinculados a casos de corrupción, irregularidades y violaciones a los derechos humanos. Es una seguidilla, que no para, de ilegalidades cometidas por quienes tienen a su cargos las fuerzas policiales y militares chilenas. Se aparecen como necesarias decisiones de peso y respuestas consistentes.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 15/3/2024. 1.-Es una situación altamente sensible. Los jefes de las policías chilenas están indagados y formalizados por la justicia. Un panorama que nunca había ocurrido en el país. El general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI) están investigados y sometidos a la labor de Fiscalías por casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de filtración de información confidencial. Se suman a procesamientos a otros generales directores, otro jefe de la PDI y comandantes en jefe del Ejército por casos de corrupción, irregularidades y violaciones a los derechos humanos. Algo que, para comenzar, echa por tierra la versión de una policía y una Fuerzas Armadas de Chile sacrosantas, pulcras y austeras.
2.-Se informó del allanamiento a la casa y la oficina de Sergio Muñoz, director general de la PDI, por filtración de información oficial y confidencial al investigado abogado Luis Hermosilla. Agrava todo el hecho de que los informes dados por Muñoz a Hermosilla era para ayudar al exjefe de la PDI, Héctor Espinoza, cuando le comenzó a indagar por delitos de fraude; Hermosilla era su abogado. La situación llevó a que la Fiscalía Oriente solicitara la formalización del jefe policial para el próximo martes. También está formalizado para mayo el actual jefe de Carabineros, Ricardo Yáñez, por responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio de ciudadanas y ciudadanos durante la revuelta social de 2019. Por esa causa también está formalizado otro general director de la policía uniformada: Mario Rozas. En tanto, el anterior director general de la PDI, Héctor Espinoza, fue investigado por fraude al Fisco, uso irregular de gastos reservados y lavado de dinero. Los exgenerales directores de Carabineros Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, fueron formalizados por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Comandantes en jefe del Ejército fueron investigados y procesados por los casos “Milicogate”, “Pasajes y fletes” y “Gastos reservados”. Seis de los siete jefes del Ejército pos dictadura, enfrentaron procesos judiciales; se trata de Augusto Pinochet, Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez, vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.
3.-Todas estas situaciones hablan muy mal de la actuación de jefes policiales y militares y de un continuo que lleva a pensar a analistas y legisladores de que hay formatos de actuación de mandos en las Fuerzas Armadas, en Carabineros y en la PDI que tienden a la corrupción y las malas prácticas, dañando el patrimonio público, desprestigiando a las instituciones del Estado y generando muchas dudas respecto al actuar de las entidades militares y policiales. En el episodio de Sergio Muñoz se revela que tuvo conversaciones con un abogado de la plaza, a quien le traspasó información secreta para ayudar a un alto oficial investigado por delitos financieros. La pregunta legítima de cualquier ciudadano o ciudadana es ¿cuántas veces el director general de la PDI hizo ese tipo de llamadas, sólo se limitó a Hermosilla? ¿Los jefes de las policías chilenas tienen el hábito de hablar confidencialmente con abogados y pasarles información, pedirles datos, tratar sobre casos en investigación? ¿Hasta qué niveles y ámbitos llegarían estas prácticas? ¿Con quiénes llegan a relacionarse irregularmente jefes policiales y jefes militares?
4.-Como se ha repetido en estas horas, las formalizaciones de los jefes de Carabineros y de la PDI se da en el contexto de una complicada situación nacional de seguridad pública, cuando el Gobierno realiza encomiables esfuerzos por obtener la confianza de la ciudadanía y concretar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, cuando las policías piden más recursos y cuando no cesan las demandas de que termine la corrupción desde ámbitos del Estado. Hay formalizaciones, procedimientos judiciales, aristas formales, pero parece obvio que la gente querría ver respuestas más precisas y drásticas. Un cuadro donde parece incomprensible que el general director de Carabineros continúe en su cargo pese a estar formalizado por no cumplir con su deber ante casos de apremios y lesiones a chilenas y chilenos, y después de convertir su oficina en un escenario para recibir a políticos de derecha que lo fueron a respaldar. Al menos se conoció que el jefe de la PDI renunció ante los cargos que se le formulan. Es una hora donde se esperaría la mayor de las certezas, seguridad, austeridad, pulcritud, confianza en los principales mandos policiales. Hay, sin duda, un escenario enrarecido, opaco, de incertidumbre, que golpea la credibilidad de las instituciones policiales, frente a lo cual no bastan palabras formales y de buena crianza de autoridades de Gobierno o legisladores. Menos cuando, como se sabe, ciudadanos son severamente sancionados por delitos menores. Se aparecen como necesarias decisiones de peso y respuestas consistentes.