En lo concreto, el debate/aproximación se concentró con mucho en las tesis del “gatillo fácil” dando privilegios/atribuciones mayores a las policías, en contrapunto de la preocupación/defensa de los derechos humanos y derechos cívicos de la ciudadanía.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 31/3/2023. 1.-Es indesmentible que el asesinato de la Sargento de Carabineros, Rita Olivares, colocó a la seguridad pública en un nivel de alta intensidad en la agenda político/comunicacional, remeciendo las prioridades del Gobierno y el Congreso, a impactando en la ciudadanía. En lo concreto, el debate/aproximación se concentró con mucho en las tesis del “gatillo fácil” dando privilegios/atribuciones mayores a las policías, en contrapunto de la preocupación/defensa de los derechos humanos y derechos cívicos de la ciudadanía.
2.-Llamó la atención que la concentración del debate, las polémicas, las tesis levantadas, giraron durante la semana prioritariamente en el sentido represivo/reactivo ante la delincuencia en todas su variantes, pero casi nadie puso el acento en el origen del problema que, aunque sea un camino más largo y difícil, podría tener mejor efecto en el mediano y el largo plazo, como las condiciones sociales, económicos y culturales que abren espacio a la delincuencia y el narcotráfico.
3.-En todo esto pesó mucho -y se vio durante la semana- el impacto/aprovechamiento político del tema de la delincuencia (con la consabida lluvia mediática que tiene a la gente más preocupada de los “portonazos” que de la pobreza o los bajos salarios), graficada en una continua/agresiva batalla de la oposición contra el Gobierno llegando algunos a responsabilizar al oficialismo de los ataques a carabineros, en el despliegue mediático de los dos alcaldes presidenciables de la derecha, en una especie de operación de diputados opositores para hacer un punto de prensa con viudas de carabineros y en aprovechamiento de tonos fuertes/mesiánicos en matinales, puntos de prensa y vocerías. Quedó claro que el tema de seguridad pública es caldo provechoso para la derecha. El Gobierno reaccionó con un repetido/explícito respaldo a Carabineros, con respaldar la tramitación “vía rápida” de las leyes en esta materia, con vocerías como las del Presidente de que acompañaría a los policías en procedimientos y de la Ministra del Interior de que si un delincuente huye, el policía puede disparar, pero no a matar. Se constató que La Moneda asumió la alta intensidad del combate a la delincuencia en la agenda nacional. En el campo oficialista hubo un acuerdo/consenso general en cuanto a respaldar el despacho de leyes (sicariato, porte de arma, aumento de penas por secuestro, aumento de control policial en migración ilegal, entre otras), pero varias/varios legisladores se opusieron, sobre todo, a votar a favor de manera rápida y sin indicaciones aquello de “legítima defensa privilegiada” que aumenta la posibilidad del uso de su arma de fuego por parte de un policía ante un episodio delictivo o de violencia. En definitiva, las vocería del oficialismo, sobre todo desde Apruebo Dignidad, apuntaron a cautelar derechos humanos y derechos civiles, a no abrir una llave de “gatillo fácil” para las policías y a actuar con efectividad, pero también con ponderación, frente a las medidas contra el crimen organizado, el narco y la delincuencia.