La primera semana de este año 2024 empezó con una arremetida política y comunicacional en defensa del mandamás de Carabineros, utilizando todas las estrategias posibles: filtraciones, amenazas solapadas, advertencias parlamentarias, por mencionar solo algunas que se desarrollarán en este análisis
Jean Flores Quintana. Cientista Político .Santiago. 9/1/2024. El año 2023 dejó un par de reflexiones muy interesantes respecto de los mínimos civilizatorios desde los que se constituye nuestro país. Uno de los puntos centrales es que a 50 años de la cobarde traición, los responsables, civiles y militares, no solo niegan sus acciones, sino que además culpan a las víctimas de ser los detonantes de las violaciones a los derechos humanos. Algunos voceros de la derecha cruzaron todos los límites de la decencia y culparon a Salvador Allende de ser quien promovió el quiebre institucional.
En suma, a cinco décadas de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, aún no existe un consenso básico que permita el avance en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Los criminales de Estado niegan sus actos, reescriben la historia, y culpan a los perseguidos y masacrados.
Dado que no existe este consenso básico, es que, en otro episodio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las instituciones contra los pueblos de Chile, ocurridas durante la revuelta popular en octubre de 2019, es que hoy enfrentamos una situación que marcará la agenda política en los próximos meses: la salida del general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su responsabilidad, en tanto, máxima autoridad de la institución durante el estallido social, o no.
Así, los principales medios de comunicación de nuestro país, El Mercurio, La Tercera y Radio Biobío, han sido aliados estratégicos en la defensa del general director y, por cierto, en el ataque constante a los alcances políticos, sociales y culturales de la revuelta. De esta manera, la palabra octubrismo lleva más de cuatro años siendo llenada de categorías despectivas que aluden a caos, intransigencia, terrorismo y violencia.
La primera semana de este año 2024 empezó con una arremetida política y comunicacional en defensa del mandamás de Carabineros, utilizando todas las estrategias posibles: filtraciones, amenazas solapadas, advertencias parlamentarias, por mencionar solo algunas que se desarrollarán en este análisis.
El día martes 2 de enero, el fiscal Xavier Armendáriz, interpuso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una solicitud de formalización contra el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y de los generales en retiro Mario Rozas y Diego Olate, por delitos de apremios ilegítimos, esto último es definido por el poder judicial en los siguientes términos, “el apremio ilegítimo ocurre cuando un funcionario policial, abusando de sus atribuciones y sin cumplir las formalidades indicadas por la ley, priva a un tercero su libertad personal o incluso realiza vejámenes o tormentos en medio de la situación”.
En la prensa del domingo inmediato a estos hechos, la respuesta de los poderosos no se hizo esperar, y advirtieron bloqueo parlamentario de la agenda legislativa de seguridad, y cobrar con la misma moneda en los casos que involucran al ministro Carlos Montes y al jefe del segundo piso, Miguel Crispi. Así lo expresan:
El criterio que se imponga con Yáñez debe ser pensado con cuidado, ya que, más adelante, podría devolverse como un boomerang. La vara que se aplique con el máximo líder de Carabineros podría tener que replicarse con funcionarios del círculo cercano del mandatario. Su jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi (RD), luego de una querella en su contra está en calidad de imputado en el lío de platas del caso Democracia Viva que investiga el Ministerio Público. A medida que avancen las diligencias, la Fiscalía podría solicitar su formalización. Algo similar podría ocurrir con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien tiene calidad de testigo en esa indagatoria, pero su situación procesal podría cambiar si la Fiscalía adquiere nuevos antecedentes.
Sobre la táctica de presión legislativa mediante la derecha parlamentaria, advierten:
La presión de la izquierda choca con la férrea defensa de la derecha. La derecha cerró fila con Yáñez y rechazó la idea de removerlo. Por lo mismo, un movimiento en esa dirección complica al gobierno, que está enfrascado en tramitar una ambiciosa agenda legislativa en seguridad, que lleva, entre otras cosas, la intención de aprobar el tan ansiado ministerio de Seguridad.
La defensa del general Yáñez, al solicitar la salida de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong del caso, saca a la luz otra cosa. Devela el meta-relato que las derechas han impuesto mediante todos sus dispositivos desde el mismo 18 de octubre, y que Piñera sintetizó en 2023 como, “intento de golpe de Estado”, por lo tanto, desde ese criterio pretenden justificar las violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados contra el pueblo de Chile, como, “acciones en defensa de la Patria y la soberanía nacional”. Y todo lo que vaya a contrapelo de esto es ideologismo, terrorismo, octubrismo.
En esta misma línea, La Tercera, precisa:
“En la Fiscalía Nacional resuena algo (que sostuvo Armendáriz) el 4 de diciembre de 2019, (…) en el marco de un consejo general del Ministerio Público para discutir sobre lo ocurrido respecto de la persecución penal de los delitos del 18-O. Ahí, al tomar la palabra, dijo, ‘no podemos aceptar que una institución tenga un espíritu corporativo para encubrir delincuentes (…) acá hay una responsabilidad de mando, ha habido una forma de enfrentar los problemas de orden público que es francamente inaceptable’”.
Divide y vencerás. Frase tan antigua, pero tan vigente. El caso del general Yáñez, por supuesto, ha sido otra oportunidad para la derecha mediática de profundizar las grietas en torno a las interpretaciones del estallido social y los vejámenes cometidos contra la población.
Los medios de la patronal sitúan, por un lado, a los defensores de la República, y por otro, a los que “avalan” el octubrismo.
Tensionando a la coalición de Gobierno no se busca otra cosa que su debilitamiento político, tal que, no prospere su agenda de reformas y anote otra derrota ante las fuerzas reaccionarias en las elecciones municipales.