Así lo afirmó el secretario general del PC, Lautaro Carmona, en relación al episodio del traspaso de millonarios recursos desde una Seremi a una fundación ligada a RD, y añadió que “no puede ser que exista la casualidad de que quien asigna un recurso es de un partido, quien reciba sea del mismo partido, y quien intermedia sea del mismo partido, eso lleva a la conclusión de que hay algo convenido, no para proteger la tarea de Gobierno, pública, social, sino para beneficiar a un sector”. Expresó que ante lo sucedido “hay que tener una posición muy clara, muy contundente” de rechazo. El dirigente comunista advirtió: “Espero no tenga otras repercusiones o repeticiones y se acote al máximo”. Calificó como “un oportunismo, un aprovechamiento, y una inmoralidad” que partir del caso “Democracia Viva” la derecha quiera rechazar la reforma tributaria.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 28/6/2023. Más allá de indagaciones judiciales, ¿cuál es la mirada que tiene el Partido Comunista o usted en particular, respecto al caso de la Fundación Democracia Viva y de personeros del partido Revolución Democrática, con asignaciones millonarias desde la Seremi de Vivienda en Antofagasta?
Más allá de cualquiera sea la investigación sumaria, la situación desde el punto de vista penal, o más allá de investigaciones internas, lo que tenemos como posición frente a un hecho que ha golpeado duramente la actividad política de un sector determinado, es que bajo ninguna condición se puede permitir que el servicio a la gente se transforme en una oportunidad para producir beneficios propios. Aquí está de por medio no sólo la transparencia, la probidad, la transparencia, la honradez, sino también la vocación que una persona que abraza una causa de izquierda, progresista, transformadora, debe tener por norte, es decir, servir a la gente y no servirse de la posibilidad de servir, para distorsionar ese servicio público. Lo que está transcurriendo y que se destapó en Antofagasta, es una situación que espero no tenga otras repercusiones o repeticiones y se acote al máximo. Esto tiene que ver con una actividad política que debe tener compromiso con valores y esos valores deben ser la transparencia, la honradez, a todo evento.
En ese sentido hay críticas de que desde partidos como RD y otros del Frente Amplio se habló de ejercer una nueva forma de hacer política, que se erigieron como representantes de una moral, de que no harían lo que otros hicieron. Ahora que se conocen estos hechos, ¿cree que no había mucha consistencia en esos planteamientos?
No generalizaría un hecho tan criticable, tan repudiable. Lo separaría de la conducta de un conjunto. RD tendrá que llevar un proceso hasta el final.
¿Pero tienen una mirada crítica?
Uno puede medir respecto de uno, pero mira, eso tiene que ver con una historia. Yo porto con orgullo la historia de un partido centenario que a todo evento y en todo tiempo ha demostrado un compromiso de servicio de marca mayor. Entre nosotros no existe la actividad política como una carrera, menos como una carrera individual, menos como de la cual se puedan sacar réditos materiales o económicos. Puede ser un buen deseo empezar a hablar de hacer política de tal o cual manera, el problema es que para tener un capital político hay que tener un acervo, una experiencia, que pueda dar la posibilidad de tener una palabra autorizada.
¿Lo sucedido hace ruido en la relación con Revolución Democrática, genera tensión?
Yo estuve presente en la reunión que tuvo la mesa de partidos el viernes pasado donde Juan Ignacio Latorre (senador y presidente de RD) informó las decisiones que había tomado la noche anterior la mesa directiva de RD, incluyendo la querella contra quienes resulten responsables. Lo que dijo fue acogido con respeto, con una sintonía de que se llegue a investigar y a precisar hasta las últimas consecuencias, separando lo que es el daño que querrá hacer con caja de resonancia la derecha respecto a la forma que hacemos política. Nosotros como partido mantenemos una relación bilateral y multilateral con todos los partidos, siempre en el respeto a la identidad de cada uno y en la transparencia y la franqueza sana de hacer saber diferencias, cuestionamientos, opiniones cuando corresponda. En este caso hemos coincidido con la misma determinación del presidente de RD, en que ante esta situación no se puede tener un relativismo. Hay que tener una posición muy clara, muy contundente, con mucha coherencia política frente a la opinión pública.
“Golpea al Gobierno”
¿Esto es un Caval 2, un Mopgate 2, golpea al Gobierno, golpea al oficialismo?
No cabe ninguna duda que golpea al Gobierno, golpea a los partidos políticos de Gobierno, sobre todo por la utilización política que hará la derecha de esto. Por ejemplo, dicen que por qué van a consentir nuevos tributos que permitan que se cuente con más recursos del Estado para políticas sociales cuando se mal gastan en este tipo de situaciones. Eso es un oportunismo, un aprovechamiento, y una inmoralidad de la derecha, porque pone de rehén la necesidad del pueblo, pone de rehén esta posibilidad de nuevos recursos, lo aprovechan para no respaldar una medida, como la reforma tributaria o ajuste tributario, que va en beneficio de millones de personas. Justificar el no tributar más por parte de los más ricos en base a lo ocurrido en Antofagasta, es un oportunismo, abuso y falta de humanidad. Conozco a la derecha y presumo que va a usar todo esto y va a desgastar un debate que pudo ir por otro camino. Entiendo que cuando se habla de Caval 2, o de Penta, se habla de si esto va a tener la fuerza de cuestionar e imprimir costos a la gestión política del Gobierno. Ante eso es importante actuar con diligencia y con prontitud. Y sacar las enseñanzas institucionales para que hechos como estos no se repitan.
¿Cómo ve las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y de la vocera Camila Vallejo sobre el caso y las gestiones que inició el ministro de Vivienda Carlos Montes?
Me parece correcto el camino que ha señalado el Presidente Boric, la ministra Camila Vallejo y las gestiones de distintas autoridades de Gobierno. Aquí lo que hay que señalar es que, a esta altura de la vida, no pueden existir transferencias directas que implican altísimos grados de discrecionalidad, no puede existir de parte de quienes manejan esa discrecionalidad una falta de rigor respecto a personas vinculantes en una situación determinada, menos desde el punto de vista partidario. No se puede instalar el hacer una tarea de Gobierno en beneficio de un grupo político cercano a quien toma las decisiones. No puede ser que exista la casualidad de que quien asigna un recurso es de un partido, quien reciba sea del mismo partido, y quien intermedia sea del mismo partido, eso lleva a la conclusión de que hay algo convenido, no para proteger la tarea de Gobierno, pública, social, sino para beneficiar a un sector. Hay que ver bien en qué casos se pueden hacer gastos discrecionales, como en desastres como los que estamos viviendo con los temporales. Pero además, que después se dé cuenta pública en detalle hasta del último peso. Cuando las cosas se hacen bien, no hay temor a ser fiscalizado, no hay temor a que se pregunte todo lo que se deba preguntar. Creo que debe haber más control y elevar los niveles de fiscalización, algo que comenzó a realizar el Gobierno, sobre todo en gastos de cuestiones sociales.
Esto podría afectar el apoyo del Estado a fundaciones, Ong, entidades de la sociedad civil que tienen años de buena y reconocida gestión. Además salta la inquietud de si esta situación no pone sobre la mesa el tema de que el Estado sea capaz de ejercer política pública y social sin recurrir a entidades privadas, fundaciones u Ong.
Las dos cosas son necesarias de abordar. Sobre todo ver por qué, funciones que son de tarea del sector público, no puede realizarlas el aparato público. Hay que ver todo lo prescindible de tercerizar. Esto de usar la función pública con externalidades de distintas áreas, en tareas algo curiosas, dificulta los procesos, no hay control ciudadano directo, entre medio hay grupos tercerizados y se crean estos nichos de fabricar empleos. Esto no significa discriminar o hacer una campaña prejuiciosa respecto a los servicios que sectores privados, fundaciones, Ong, llevan adelante, siempre y cuando cumplan con valores y eficiencia del servicio. Hay muchas fundaciones y Ong que cumplen con sus tareas, no tendrían por qué ser cuestionadas, siempre y cuando no se metan en funciones que puede cumplir el sector público o los municipios, donde también debe existir control.