Así lo advirtió el jurista y ex Comisionado Experto, Flavio Quezada, enfatizando que esas situaciones “nos obligan a discutir reformas profundas para fortalecer la independencia judicial y la confianza que la ciudadanía debe tener en la judicatura”. En esa línea sostuvo que “hay una crisis de confianza y con justa razón la ciudadanía puede ver con cierta distancia lo que se realiza en el Poder Judicial” e indicó que “por ello, el Poder Judicial debe ser repensado”. En ese marco, el abogado opinó que “la gran deuda es de los dirigentes políticos quienes, hasta ahora, no han sabido impulsar reformas constitucionales y legales exitosas”. El también doctor en Derecho, académico e investigador de la Universidad de Tarapacá, señaló en entrevista con El Siglo que “en general, el Estado chileno no es corrupto. Pero de poco sirve si no se hacen los cambios necesarios para que nuestra situación no se agrave”. Sobre el gremio, el profesional declaró: “El Colegio de Abogados y parte importante de los abogados han convivido, en cierta medida, con prácticas cuestionables, que pueden no ser ilegales y ajustarse a ciertos estándares éticos aceptados, pero escuálidos. En esta materia, dicho Colegio no ha tenido, hasta ahora, un rol activo en promover un debate para elevar permanentemente las exigencias éticas de la profesión”.
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 9/2024. En el Congreso existen 16 proyectos en tramitación para reformar el sistema de nombramiento de jueces y otros 11 fueron archivados. Ante esta diversidad de propuestas legislativas, ¿cuál sería el sistema apropiado para la designación de magistrados, que corte de raíz el tráfico de influencias como el que salió a la luz con el Caso Hermosilla?
Debido a las deficiencias de los mecanismos para la designación de jueces, el Poder Judicial está bajo sospecha ante la ciudadanía hace tiempo; por lo mismo se han propuesto distintas reformas. Lo positivo de esta situación es que hay un consenso bastante importante en la necesidad de cambios profundos en el método para nombrar jueces. De hecho, la Corte Suprema viene proponiendo, a lo menos desde el año 2014, la necesidad de separar sus tareas administrativas de la propiamente jurisdiccional. Es decir, encomendar a otros organismos las primeras, con la finalidad que los magistrados puedan centrarse en lo que les corresponde en cuanto tales, esto es, la tarea de resolver conflictos ajustándose al ordenamiento jurídico. En los últimos dos procesos constitucionales este tema fue discutido en profundidad, y en ambos se coincidió en atribuir a un órgano nuevo, distinto de las Cortes, la decisión de nombrar a los jueces. Desde una perspectiva comparada, obviamente ningún modelo es perfecto ni exento de riesgos. Sin embargo, una buena opción por explorar es aquella propuesta por la Corte Suprema y la Convención Constitucional, esto es, la creación de un Consejo de la Magistratura. De hecho, cuando se discutió esta posibilidad en el primer proceso constituyente, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, tuvo un juicio muy positivo de la propuesta y afirmó que fortalecía la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y nuestra democracia.
Respecto del Caso Hermosilla, el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, advirtió que podrían surgir nuevas aristas que involucren a más abogados y que sería muy ingenuo pensar que es el único caso. ¿Es presumible que existan otras redes como la de Hermosilla?
No se puede descartar aquello, pero es importante distinguir dos tipos de discusiones: en primer lugar, las reformas para fortalecer la independencia judicial y la probidad en el ejercicio de la jurisdicción y, en segundo lugar, hechos gravísimos que se han conocido, que involucran a una magistrada y un abogado ligado a la derecha, y que podrían constituir delitos. Sobre lo primero, en la actualidad el nombramiento de jueces tiene dimensiones opacas para el debate público, que han dado espacio a prácticas cuestionables que -afortunadamente- hoy generan rechazo de manera transversal. En algún momento esas prácticas, por lo que se sabe, eran toleradas por la élite política y judicial; pero ahora nos resultan inaceptables, al ser conocidas, dado que se ha avanzado en transparencia como una exigencia propia de un régimen democrático. Entonces, si existen estos espacios opacos u oscuros en el nombramiento de jueces, no es descartable que puedan existir redes similares y espero que se investiguen también. Así las cosas, quienes estamos comprometidos con mejorar nuestra democracia, estos escándalos nos obligan a discutir reformas profundas para fortalecer la independencia judicial y la confianza que la ciudadanía debe tener en la judicatura. Lo anterior, se debe distinguir de otro debate, sobre hechos conocidos últimamente que siempre han sido inaceptables, y que son tan graves que podrían constituir delitos. Así, por ejemplo, se supo que se habría maquinado -entre la ministra Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla- la conformación de salas de la Corte Suprema para beneficiar a este último. Del mismo modo, Codelco fue condenado al pago de una suma millonaria en dólares en un juicio plagado de hechos anormales e irregularidades en su tramitación. Evidentemente, es necesario investigar todo esto a fondo para determinar si efectivamente existen delitos y las demás responsabilidades que dispone la ley. En suma, por un lado está la discusión de reformas para mejorar la estructura del Poder Judicial, fortalecer su transparencia y la independencia judicial, las cuales son de índole constitucional y legal; y, por otro lado, está la discusión sobre hechos gravísimos de los que nos hemos enterado gracias al periodismo de investigación, que siempre han sido inaceptables y que, por lo mismo, pueden dar lugar a responsabilidad penal, respecto de lo cual se debe investigar a fondo y establecer todas y cada una de las responsabilidades que correspondan.
El presidente del Colegio de Abogados señaló también que el consejo completo de su gremio considera que “es de gravedad” lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, con las irregularidades salidas a la luz con el Caso Hermosilla, y que representa “un desprestigio injusto para la profesión”. ¿Usted considera que es así?
En cierta medida tiene razón. Hay muchos profesionales del Derecho que son gente honesta, que ejercen éticamente su profesión. Por ejemplo, los abogados que se dedican a hacer que el Derecho sirva a la justicia, entre ellos, especialmente, quienes trabajan en materias de Derechos Humanos, como quienes defienden a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. De hecho, en muchos casos lo hacen asumiendo un costo monetario. Aquellas personas merecen obviamente todos nuestros respetos y admiración. Pero por otro lado, el Colegio de Abogados y parte importante de los abogados han convivido, en cierta medida, con prácticas cuestionables, que pueden no ser ilegales y ajustarse a ciertos estándares éticos aceptados, pero escuálidos. En esta materia, dicho Colegio no ha tenido, hasta ahora, un rol activo en promover un debate para elevar permanentemente las exigencias éticas de la profesión, para ganarse el respeto de la ciudadanía democrática, con un genuino compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Derecho como un instrumento al servicio de la justicia. Esto no se ha visto en el Colegio de Abogados de Santiago y, por lo mismo, hay ahí una responsabilidad.
Hay quienes dicen que el Colegio de Abogados se enmudeció frente al Caso Hermosilla, pero el gremio se defendió señalando que inició una investigación ética acerca de la conducta. ¿Es correcto este procedimiento?
Sí y es lo mínimo que se puede exigir. Si existen colegiados involucrados en hechos éticamente reprochables se les debe investigar y sancionar éticamente. Pero esto no agota el rol social que, creo, debería cumplir un Colegio de Abogados. En efecto, debería haber sido un protagonista en elevar permanentemente los estándares éticos de la profesión, abrir los debates necesarios para ello e incidir en la discusión pública en ese sentido; en vez de ser un simple gremio -como pareciera haber devenido lamentablemente- que defiende los intereses particulares de sus asociados. Un colegio que cumple su rol social debe ser una organización que vele por el rol social del abogado como colaborador del Estado de Derecho y la justicia, elevando permanentemente sus estándares éticos, que promueva una cultura de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Y eso no lo ha hecho. Entonces, al menos desde mi punto de vista, hay ahí también una responsabilidad de quienes ocupan esos espacios, en no haber alertado antes, y de manera decidida, la necesidad de reducir los espacios opacos del funcionamiento del Poder Judicial. Todo esto hoy explota por un reportaje periodístico y no por el rol social de dicho colegio. En ese contexto, con justa razón la ciudadanía puede estar indignada con quienes integran el Poder Judicial y quienes ejercen la profesión legal.
Hay anuncios en el Congreso de acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, dadas las revelaciones del Caso Hermosilla. En ese sentido, ¿ha perdido credibilidad y confianza la Corte Suprema?
Tal como lo señalé previamente, actualmente existen espacios opacos en el ejercicio de la jurisdicción que generan, con justa razón, esa sensación de desconfianza sobre cómo los jueces realizan su tarea. Esto es un peligro para el Estado de Derecho y el régimen democrático. Por ello, el Poder Judicial debe ser repensado. Este tema ha sido abordado en los últimos procesos constituyentes y existe bastante consenso entre quienes nos dedicamos a la academia jurídica. En efecto, si se leen los trabajos de quienes han investigado más a fondo estos temas, la gran mayoría propone reformas profundas. La Corte Suprema, además de los espacios opacos que se expresan especialmente en los nombramientos, ha devenido en un órgano que ejerce distintas tareas derechamente contradictorias. En tanto modelo, fue pensada como una corte que cumpliera un rol de uniformar la interpretación de la ley, es decir, una corte casacional, de uniformización de la jurisprudencia. Pero en la actualidad, a través de distintas vías a disposición de los litigantes (y los intereses que representan), se llega a la Corte Suprema para que se pronuncie de una heterogeneidad de asuntos ajenos a su rol casacional. Por ejemplo, el denominado “recurso de protección” la convierte en un tribunal de segunda instancia, preocupado de los hechos y no de cuestiones estrictamente jurídicas, algo similar puede afirmarse respecto al denominado “recurso de queja” altera completamente la lógica de ciertos procedimientos. Así, la Corte Suprema termina resolviendo asuntos que deberían conocerse en otra sede. En suma, muchas de las tareas que se le asignan a la Corte Suprema son contradictorias y, desde ese punto de vista, antes que criticar a quienes la integran por sus decisiones, lo realmente criticable es que tengan que verse en la posición institucional de tener que adoptarlas. En otros términos, es un problema de configuración institucional. Sume a lo anterior que, además, también cumple funciones administrativas y participa en la elaboración de las leyes. Entonces, ante ese recargo de funciones y tareas, tanto la academia universitaria, como la propia Corte Suprema y la Asociación de Magistrados, han formulado diversas críticas y propuestas de reformas. Como puede verse, existe un importante consenso: la Corte Suprema, los magistrados, los procesos constituyentes, la academia universitaria y los expertos sugieren cambios mayores. Así, la gran deuda es de los dirigentes políticos, en especial, los órganos colegisladores como el Gobierno -los anteriores y el actual- y el Congreso Nacional, quienes, hasta ahora, no han sabido encauzar ese consenso e impulsar reformas constitucionales y legales exitosas. Ese debe ser el camino para que la Corte Suprema y el Poder Judicial, en general, puedan cumplir mejor su rol ante los desafíos que imponen las exigencias de la ciudadanía democrática actual. Es la senda también de fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.
¿Podemos decir que en Chile hay una crisis de ética y responsabilidad del Poder Judicial?
Sin duda hay una crisis de confianza y con justa razón la ciudadanía puede ver con cierta distancia lo que se realiza en el Poder Judicial. Con lo que se ha sabido, esa desconfianza seguramente recae más especialmente en la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Pero no debe olvidarse que, en el contexto regional, Chile no tiene los niveles de corrupción de otros estados, que la tienen tan enquistada que se vuelve sistémica. En general, el Estado chileno no es corrupto. Seguramente la mayoría de los jueces son personas probas que intentan hacer su mejor trabajo. Pero de poco sirve si no se hacen los cambios necesarios para que nuestra situación no se agrave y podamos mejorar. Además, una democracia también requiere contar con la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. No solo es necesario que el Poder Judicial funcione bien, sino que también se requiere que la ciudadanía confíe que funcionará bien. Para conseguir aquello, se requieren elevar permanentemente los estándares éticos de la profesión legal, tarea que recae en los colegios profesionales y las facultades de Derecho, y, paralelamente, impulsar aquellas reformas profundas que la dirigencia política le debe a nuestra sociedad.
