Es una estrategia que combina la judicialización de la política, las filtraciones mediáticas y el cálculo electoral para eliminar competidores. El caso de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y candidato a diputado por el Distrito 9, encaja dolorosamente en este libreto.
Mauro Tamayo. Alcalde de Cerro Navia. 18/8/2025. En democracia, la justicia debería ser un pilar de equilibrio, un escudo para la ciudadanía frente a abusos y arbitrariedades. Sin embargo, la historia latinoamericana nos ha enseñado que no siempre es así. Más de una vez, tribunales y fiscales han sido utilizados como armas políticas para sacar de juego a adversarios incómodos. Este fenómeno tiene nombre: lawfare. Y lejos de ser un concepto abstracto, hoy golpea de frente en Chile.
El caso de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y candidato a diputado por el Distrito 9, encaja dolorosamente en este libreto. Desde que se iniciaron las investigaciones por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), el proceso ha estado marcado por episodios que parecen más propios de una estrategia de demolición política que de un juicio imparcial: filtraciones selectivas a la prensa que instalan, antes de cualquier sentencia, la sensación de culpabilidad; medidas cautelares desproporcionadas, como la prisión preventiva, usadas como castigo anticipado; y ahora, la denuncia de Matías Muñoz, excolaborador de Achifarp, quien asegura que la fiscal del caso le ofreció libertad a cambio de incriminar falsamente a Jadue en un hecho inexistente.
El lawfare no se limita a abrir causas judiciales. Es una estrategia que combina la judicialización de la política, las filtraciones mediáticas y el cálculo electoral para eliminar competidores. Louis Althusser advirtió que las instituciones del Estado, incluida la justicia, pueden funcionar como aparatos ideológicos que moldean el sentido común en favor del orden establecido. En este caso, la función se extrema: el tribunal deja de ser árbitro y se convierte en jugador activo.
La candidatura de Jadue no es menor. Representa a comunas como Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca y Cerro Navia, donde sus políticas de farmacias, ópticas y librerías populares le dieron un fuerte respaldo ciudadano y enfrentaron intereses empresariales poderosos. Una acusación en plena campaña podría ser letal: a pesar de que el TC ha desestimado más de una oportunidad que la ley prohíba postular a quienes sean acusados por ciertos delitos. Mas bien parece una operación, tremendamente oportuna, en el momento justo, para destruir su imagen y convencer de sacarlo de la papeleta.
No es un caso aislado. En Brasil, Lula fue condenado en un juicio plagado de irregularidades, lo que le impidió competir en 2018, hasta que años después la Corte Suprema anuló la condena. En Ecuador, Rafael Correa fue sentenciado en ausencia y despojado de sus derechos políticos. El patrón es claro: impedir que líderes con respaldo popular lleguen a las urnas.
No se trata de blindar a nadie frente a la ley. Todo servidor público debe rendir cuentas. El problema es cuando la ley se usa de manera selectiva y calculada, transformando la justicia en herramienta de persecución política. Si se confirma que hubo montaje, estaremos ante una grave distorsión del Estado de Derecho. Pero incluso si no, el daño ya está hecho: la imagen y la candidatura de Jadue han sido golpeadas, y el precedente sería inquietante. Bastaría una acusación a tiempo para torcer la voluntad popular antes de que esta se exprese en las urnas.
La pregunta que queda flotando es simple pero decisiva: ¿queremos un país donde las disputas políticas se resuelvan en tribunales capturados, o en elecciones libres y transparentes? Lo que está en juego no es solo una candidatura. Es la esencia misma de la democracia: que el soberano sea el pueblo, y no un puñado de despachos judiciales puestos al servicio de intereses de turno.
