En entrevista, el candidato PC del pacto “Unidad para Chile” por la región de Antofagasta al Consejo Constitucional, marcó los puntos relevantes de su candidatura que proviene desde el mundo sindical. Estado social y democrático de derecho, descentralización y consagración del derecho del trabajo decente, negociación ramal y derecho a huelga; serían puntos indispensables en un nuevo borrador constitucional.
Daniela Pizarro Amaya. Periodista. “El Siglo”. 22/3/2023. José Mardones Gallardo es militante del Partido Comunista (PC) y tiene una larga trayectoria como dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). También fue concejal de la Municipalidad de Calama por dos períodos consecutivos y hoy es candidato a consejero constitucional por el pacto “Unidad para Chile” por la región de Antofagasta.
En entrevista con ElSiglo.cl se refirió a los derechos que desde la perspectiva del mundo del trabajo debieran estar en una nueva propuesta constitucional, donde destacó el derecho al trabajo decente y avanzar hacia la negociación colectiva ramal o multinivel, como también hacia un real derecho a huelga, ya que indicó que “afianzar los derechos de las y los trabajadores, en los hechos, aportará a una mejor distribución de la riqueza, una riqueza que además las y los mismos trabajadores producen”.
¿Cómo nace la posibilidad de enfrentar este desafío?
Nace desde el debate y análisis colectivo de trabajadoras y trabajadores, de dirigentes sindicales que nos dimos cuenta de que nuestros temas, como el trabajo decente, no estaban presentes. En un principio por supuesto que nos sentimos excluidos de este nuevo proceso constitucional, pero rápidamente concluimos que la autoexclusión no era una opción. Por otro lado, el Partido Comunista, que es el partido donde milito, y haciendo la misma lectura, incentivó y acogió mi candidatura.
¿Cuáles serán los ejes de su candidatura?
En primer lugar, y como pacto “Unidad para Chile”, buscamos establecer un Estado democrático y social de derechos. Creemos que esa es la principal garantía para que el Estado se oriente efectivamente hacia las urgencias sociales, y por tanto asegure bienestar a todas y todos. Pero también es importante, para las y los trabajadores, consagrar el trabajo decente como un derecho constitucional. Por supuesto que trabajadoras y trabajadores merecemos salarios justos y proporcionales al esfuerzo y/o producción realizado, algo en lo que Chile está muy al debe, pero trabajo decente implica también el respeto a los derechos fundamentales de las y los trabajadores, que son un conjunto de condiciones mínimas para que las personas desarrollen su trabajo de forma digna. En ese sentido, además, la consagración del respeto irrestricto a los derechos colectivos de las y los trabajadores es un asunto prioritario. Y es que la organización en los centros de trabajo, los sindicatos, el derecho a negociación colectiva que también debe poder ser ramal o multinivel, sumado a un real derecho a huelga, no solo nos permite cautelar el derecho a un trabajo decente sino que además son fuente generadora de más y mejores condiciones laborales y sociales. Cabe destacar que todo esto fue aprobado de manera casi unánime por los convencionales del proceso constituyente anterior, es de esperar, entonces, que ese mismo consenso sea igual o superior en este nuevo proceso.
¿Cómo recoges las críticas que se hacen a este nuevo proceso?
Como señalé anteriormente, las y los trabajadores, en un principio, nos sentimos excluidos. Agregaría un par de datos más: no hay dirigentes sindicales en la Comisión Experta, y muy pocos dirigentes sindicales que sean candidatas o candidatos al Consejo Constitucional. Lo planteo desde el punto de vista de las y los trabajadores porque es el mundo de donde yo vengo, un mundo que no es ajeno ni está aislado del tejido social, y es verdad que hay cierta desafección con este nuevo proceso. El 7 de mayo el voto es obligatorio y seguramente va a haber quienes van a concurrir, con esa desafección o desinterés, solo para no pagar la multa. También quienes, en una especie de desilusión generalizada, sea por los resultados del proceso anterior, o porque simplemente no se sienten convocados, van a votar nulo o en blanco. Nuestro llamado, entonces, es a que se informen de las diferentes propuestas, que pongan especial atención a la propuesta del Pacto Unidad para Chile, que voten por sus candidaturas, por las y los candidatos del Partido Comunista, porque votar nulo o en blanco va a llevar agua al molino de quienes están en contra de los cambios, en contra de las transformaciones que el país necesita.
En el borrador anterior de nueva Constitución se hacía mucho hincapié respecto a entregar más poder a las regiones, ¿Cómo crees que se debe abordar ese tema en esta nueva oportunidad?
A las regiones, como es el caso de la región de Antofagasta, nos agobia el centralismo y no vamos a tener una real democracia sin una verdadera regionalización y descentralización. Ya es insostenible, por ejemplo, que el combate a la delincuencia organizada o el narcotráfico, y la destinación de recursos, equipamiento y personal para enfrentar esos flagelos, se intente resolver sólo desde Santiago. Lo mismo ocurre con poner un nuevo retén, un nuevo consultorio, o más ambulancias en alguna de las poblaciones de cualquier comuna de la región. Todo, finalmente, en realidad, depende de Santiago. Y es que, en el caso de la región de Antofagasta, somos la región que más aporta al Producto Interno Bruto del país, pero también somos la que proporcionalmente menos recursos recibimos. Entonces partiría por ahí, por la constatación de los hechos. Chile, los últimos años, ha dado un salto importante en cuanto a que ya es posible elegir más autoridades de carácter local o regional, y eso necesariamente debe traducirse en lo que es: en la posibilidad de una real toma de decisiones desde lo local y regional, acompañada, por cierto, con la disposición de recursos adecuada. No es posible, por ejemplo, que en zonas mineras la diferencia entre recursos extraídos versus aquellos que quedan sea tan abismante. Las regiones no se democratizan solamente con la elección de sus propias autoridades, sino que también con la disposición y acceso a mayores recursos.
¿Dónde situarías las claves que debiera contener un articulado respecto al mundo del trabajo? ¿Cómo se logra consagrar el trabajo decente/digno cuando habrá al frente eventualmente personajes como Juan Sutil u otros que históricamente se han negado a estos avances?
Respecto al mundo del trabajo, como contraparte vamos a tener a representantes de la clase patronal, igual que en una mesa de negociación colectiva. Por lo que, en primer lugar, la consagración y el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las y los trabajadores, como también de sus derechos fundamentales, es el piso y desde allí se parte. Esto es un consenso mundialmente aceptado, reconocido por ellos mismos incluso en el proceso constitucional anterior. Sabemos que va a haber ideas que se disfracen de innovadoras o modernas, pero que sin embargo sólo buscarán seguir avanzando en su ya desmedida posición de poder en desmedro de las y los trabajadores. Entonces, y frente a eso, lo que buscaremos es equilibrar la balanza. Ni más ni menos. Necesitamos avanzar, por ejemplo, hacia la negociación colectiva ramal o multinivel, como también hacia un real derecho a huelga. Y es que afianzar los derechos de las y los trabajadores, en los hechos, aportará a una mejor distribución de la riqueza, una riqueza que además las y los mismos trabajadores producen.
¿Qué es lo que no debe faltar en la nueva propuesta?
Insistiré en lo ya mencionado: dejar atrás el inviable Estado subsidiario, que ha sido fuente de tanta desigualdad y carencias, para establecer un Estado democrático y social de derechos. Necesitamos un Estado que se oriente hacia las urgencias sociales, que se manifiestan en asuntos como la salud, vivienda, trabajo, educación, previsión social, en la necesidad y derecho de vivir en un medioambiente protegido y un entorno seguro, y por tanto que asegure bienestar a todas y todos. Necesitamos consagrar el trabajo decente como un derecho constitucional, consagrar el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las y los trabajadores, así como sus derechos fundamentales. Finalmente, necesitamos también que las regiones tengan más poder para decidir sobre sus asuntos, asuntos que necesariamente se abordan o resuelven con la disposición de mayores recursos.